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El año en que la corrupción dejó de ser impune en Latinoamérica

2016-12-22

La corrupción política ha dejado de ser impune en Latinoamérica a tenor de los procesos judiciales...

Alejandro Varela

Bogotá, 22 dic (EFE).- La corrupción política ha dejado de ser impune en Latinoamérica a tenor de los procesos judiciales emprendidos durante 2016 que en algunos casos han llegado a derribar gobiernos y abrir las cárceles a varios exgobernantes.

El presidente de Transparencia Internacional, el abogado peruano José Ugaz, opina en declaraciones a Efe que efectivamente "la situación de la denominada Gran Corrupción -la cometida por personas que detentan poder económico o político- está experimentando cambios interesantes en América Latina, donde hasta hace muy poco, la regla era que ese tipo de delitos permanecían impunes".

Fue Ugaz precisamente quien sentó las bases de los procesos abiertos durante los últimos años en Latinoamérica por corrupción política tras ser nombrado en 2001 procurador ad hoc por el entonces presidente del Perú, Albeto Fujimori, contra el que abrió una investigación que lo llevó ser condenado a 25 años de cárcel.

El de Fujimori -comenta Ugaz- "fue el inicio de una serie de casos en los que los perpetradores de Gran Corrupción empiezan a enfrentar las consecuencias legales de sus actos".

El caso más destacado en 2016, por la atención mundial suscitada, ha sido el de Brasil, donde Dilma Rousseff fue derrocada como presidenta del país.

Rousseff no estaba acusada judicialmente, pero su destitución ejecutada en el parlamento es inseparable de la investigación judicial "Lava Jato", abierta en 2014, por la que han sido encarcelados con duras penas los propietarios y ejecutivos de las principales empresas constructoras de Brasil, acusados por corrupción en la obtención de licitaciones de la estatal Petrobrás.

El llamado "impeachment" contra Rousseff, por una supuesta gestión dolosa de las finanzas públicas, se gestó también en medio de una interminable y variopinta persecución judicial a su padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor en el cargo cuando se perpetraron los enjuagues de Petrobras en una dinámica corrupta de financiación política y obtención de licitaciones.

Lula se enfrenta a dos juicios por corrupción, en ambos casos acusado de recibir pagos y favores de sendas constructoras, y en un tercero por supuestamente haber tratado de callar a un testigo que lo señala como uno de los cabecillas de la red que saqueó la petrolera Petrobras.

Lo sucedido en El Salvador y Guatemala, aunque de menor repercusión internacional, ha resultado más espectacular por la inédita contundencia con que han actuado sus autoridades judiciales, que han enviado a la cárcel a varios exgobernantes y a muchos de sus colaboradores.

El expresidente salvadoreño (2004-2009) Elías Antonio Saca, más conocido como Tony Saca, fue encarcelado, a espera de juicio sin derecho a fianza, y todos sus bienes fueron embargados bajo la acusación de peculado, agrupación ilícita y lavado de dinero para desviar 246 millones de dólares del presupuesto público a cuentas privadas.

Mauricio Funes, que sucedió a Saca y llevó al poder por primera vez al exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), obtuvo del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, asilo político después de que la Justicia salvadoreña lo acusara de enriquecimiento ilícito durante su mandato (2009-2014).

En Guatemala se encuentran en la cárcel el expresidente (2012-2015) Otto Pérez Molina y la que fuera su vicepresidenta Roxana Baldetti contra quienes se ha iniciado este año un juicio bajo la sospecha de saqueo del Estado mediante una trama de fraude aduanero denominada "La Línea".

Ambos están acusados más concretamente de asociación ilícita, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo en un caso denominado "Cooptación del Estado" por el que están imputadas más de 50 personas, la mayoría de ellas exaltos funcionarios del Estado.

La expresidenta argentina (2007-2015) Cristina Fernández fue procesada este año por supuesto perjuicio al Estado, en una causa que investiga presuntas irregularidades en operaciones del Banco Central durante su mandato, basadas en el instrumento financiero denominado dólar futuro.

Fernández es además accionista de varias empresas que son investigadas por la Justicia argentina, que ha empezado a tasar las propiedades de la expresidenta.

Panamá, uno de los países latinoamericanos donde existen mayores sospechas de corrupción, que se barrunta en todas sus esquinas y despachos, es el que más ha defraudado este año en su combate.

El presidente Juan Carlos Varela nombró al inicio de su mandato a Kenia Porcell como Procuradora General y aparentemente le dio plenos poderes para actuar contra la corrupción, sin que se haya apuntado hasta ahora tanto alguno.

Porcell realizó inicialmente una serie de espectaculares arrestos con métodos muy discutidos de exfuncionarios y empresarios allegados al antecesor de Varela, Ricardo Martinelli, sin que hayan concluido en siquiera proceso alguno sólidamente abierto.

El gobierno panameño ha solicitado, sin muchos esfuerzos ni éxito, la extradición de Martinelli a EU, donde el millonario exgobernante reside mientras en su país es investigado sin mucho éxito hasta ahora por varios casos de supuesta corrupción.



JMRS