Internacional - Economía
Puerto Rico no desea acogerse a la ley de bancarrota
Mary Anastasia O"Grady, The Wall Street Journal
Cuando el Departamento del Tesoro del gobierno de Barack Obama celebró una cesación de pagos sobre US$72,000 millones en deuda de Puerto Rico el año pasado, ¿tenía los intereses del territorio libre asociado en mente? ¿O estaba buscando fijar un precedente legal que los estados altamente endeudados como Illinois y California podrían seguir?
¿Acaso los congresistas republicanos también tenían motivos políticos impuros al ceder a los argumentos a favor de la solicitud de protección de la bancarrota porque enfrentaban una elección nacional en la que los puertorriqueños que residen en Florida desempeñarían un papel clave?
Nunca sabremos a ciencia cierta cuáles fueron los motivos del gobierno y el Congreso el año pasado para abrir la puerta a que Puerto Rico se acoja a la bancarrota a través de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, algunas pistas serán ofrecidas en el siguiente capítulo de esta historia.
Puerto Rico aún podría eludir acogerse a la ley de bancarrota y las probabilidades aumentan bajo el mando del gobernador Ricardo Rosselló, quien asumió el cargo el 2 de enero. Roselló prometió en su campaña pagar las deudas, reducir el tamaño del gobierno y restaurar el crecimiento económico al estimular el emprendimiento. ¿La clase política de Washington lo ayudará a tener éxito o tratará de llevar a la isla a solicitar protección de la bancarrota como parte de su propia agenda?
Cuando entrevisté a Rosselló en Nueva York el 4 de enero, él manifestó su compromiso de pagarles a los acreedores de Puerto Rico. A estas alturas, hacerlo probablemente requerirá una reestructuración de la deuda, indicó. No obstante, enfatizó su promesa de negociar en buena fe y su meta de complementar esas conversaciones con profundas reformas al gobierno.
El día de su toma de posesión puso la cuota inicial de su promesa al declarar un estado de emergencia fiscal y emitir una serie de órdenes dirigidas a recortar los gastos del gobierno. Me dijo que espera obtener ahorros de entre US$75 millones y US$100 millones con tales medidas.
Rosselló caracterizó la declaración de emergencia como el primer esfuerzo de su gobierno para “romper el molde y cambiar lo que está ocurriendo en Puerto Rico”. Cambiar las cosas “comienza con nuestro gobierno”, aseveró. “Paralelo a eso necesitamos hacer que Puerto Rico se abra de nuevo a los negocios”.
El problema más inmediato para Roselló es la crisis de liquidez generada por las iniciativas del ex gobernador Alejandro García Padilla, que se remontan al menos a 2014, en busca de acogerse a la protección de la ley de bancarrota. El pago de deuda de Puerto Rico representaba apenas 16% del presupuesto consolidado de 2016, pero ante la falta de liquidez, García Padilla no estaba dispuesto a recortar costos. En cambio, decidió no pagar la deuda y la isla perdió acceso a los mercados de crédito.
El ex gobernador firmó en abril una ley de moratoria de la deuda y la puso en práctica en junio después de que Washington le dio al gobierno un refugio bajo la ley PROMESA. La legislación le otorga al territorio libre asociado una suspensión de las demandas en su contra, la cual puede ser extendida al 1 de mayo. También dictamina que Puerto Rico debe presentar un plan fiscal certificado a la junta de supervisión y administración financiera, una entidad independiente, antes del 31 de enero. Ese plan será usado como base para las negociaciones con los acreedores. Si fallan, las partes se presentarán ante un juez.
García Padilla hizo el primer intento por esbozar un plan en noviembre, pero la junta de supervisión y administración financiera lo rechazó. En una carta del 20 de diciembre dirigida al gobernador y al gobernador electo, la junta pidió “ciertas modificaciones”. Entre sus objeciones citó una brecha presupuestaria de US$67,500 millones a lo largo de los próximos 10 años. Traducción: pónganse serios.
Bajo el cronograma original, Rosselló tiene cuatro semanas para presentar un nuevo plan. En la entrevista conmigo en Nueva York, argumentó que necesita más tiempo y en una carta a José Carrión, el presidente de la junta, con fecha del 4 de enero, su representante en la entidad solicitó que la fecha límite se extienda por 45 días más.
Algunos en EU podrían interpretar el pedido como una forma de ganar tiempo. Pero puede ser una señal de que el nuevo gobernador está yendo más allá de la retórica para proteger a los bonistas. La probabilidad de encontrar una alternativa sostenible para los acreedores aumenta si su equipo tiene el tiempo para hacer un análisis extenso y riguroso de las cifras.
Al menos algunos acreedores están de acuerdo. En una carta del 6 de enero a la junta supervisora, Andrew Rosenberg, un abogado que representa a General Obligation Bondholders of Puerto Rico, un grupo ad hoc, defendió una extensión del plazo: “Un plan fiscal creíble basado en información financiera transparente y confiable debe ser la piedra angular de cualquier solución a los retos fiscales de Puerto Rico”, señaló. La misiva agregó: “Exhortamos a la junta a que le otorgue al gobierno de Rosselló la flexibilidad necesaria para completar esta importante tarea con éxito”.
Una evaluación superficial, realizada para cumplir con el plazo límite, hace que sea más probable que todo el proceso se incline hacia la corte de quiebras. Eso no sería bueno para los acreedores o para Puerto Rico, aunque serían buenas noticias para algunos políticos partidarios de una gran injerencia del gobierno en la economía, a los cuales les gustaría que algunos estados muy endeudados siguieran el ejemplo.
Rosselló no tiene interés en ver que los políticos de Washington usen a Puerto Rico. El problema, me dijo, no es causado por un pago de deuda demasiado alto, sino por un exceso de gastos. El nuevo gobernador cree que puede solucionarlo.
JMRS
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