Derechos Humanos

Verdad y justicia, una "mera aspiración" para muchos mexicanos: Comisión Nacional de Derechos Humanos

2017-03-31

González Pérez fue hasta el corazón del Ejecutivo, la residencia de Los Pinos,...

Martí Quintana

México, 31 mar (EFE).- Con un aumento de la violencia, la corrupción y la impunidad, 2016 "no fue un buen año" en materia de derechos humanos para México, donde para miles de personas el acceso a la verdad y a la justicia es una "mera aspiración", denunció el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

"El acceso a la verdad y a la justicia siguen siendo una mera aspiración para muchas personas", afirmó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al entregar al presidente Enrique Peña Nieto el informe del organismo relativo a 2016.

González Pérez fue hasta el corazón del Ejecutivo, la residencia de Los Pinos, para exponer al mandatario y a algunos de sus hombres de confianza, como el canciller Luis Videgaray, que 2016 "no fue buen año para los derechos humanos" en el país.

Con 22.935 muertos, 2016 terminó con el peor nivel de homicidios en la administración actual y destacó también por las altas cotas de "corrupción, impunidad y falta de un efectiva rendición de cuentas".

Todo ello, dijo el titular de la CNDH, redundó en la "falta de ética" de autoridades e instituciones que se aprovecharon de su posición de poder para cometer delitos y abusos en un entorno donde abunda la "simulación, la indiferencia y el encubrimiento".

Prueba de esta "falta de capacitación" o "desidia" se refleja en las 72 recomendaciones que la CNDH emitió a 55 autoridades, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Defensa o la Fiscalía.

Del conjunto de recomendaciones emitidas el año pasado, solo 2 han sido cumplidas en su totalidad, 54 tienen pruebas de cumplimiento parcial, y 14 han sido aceptadas sin que se tenga pruebas de cumplimiento, advirtió el ombudsman.

En su discurso, muy aplaudido por buena parte de la audiencia, González Pérez recordó el horror de los más de 28,000 desaparecidos que arrastra el país y calificó las fosas clandestinas dispersas por el territorio como "una geografía del dolor y la indiferencia".

Asimismo, reiteró su rechazo a la Ley de Seguridad Interior, que busca definir el actuar de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública diez años después de la salida de los militares a las calles en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

"La participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas no es lo más deseable, como tampoco lo es la emisión de la ley que se ha planteado", indicó.

En este punto, Peña Nieto lo contradijo, pues en su discurso consideró "relevante" emitir una legislación que dé "certidumbre a ciudadanos e instituciones armadas" en aras de proteger los derechos humanos.

Ambas autoridades coincidieron en denunciar la frágil seguridad que enfrentan los defensores de derechos humanos y los periodistas en México, luego de que marzo se saldara con el asesinato de tres comunicadores y 2016 con el homicidio de 13 comunicadores, de acuerdo con cifras de la CNDH.

Así, Peña Nieto consideró "inaceptable" las agresiones padecidas por ambos colectivos, y reconoció que es necesario fortalecer instrumentos y acciones de protección.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su nueva política en materia migratoria también apareció en los mensajes de González Pérez y de Peña Nieto.

"Desde la perspectiva de los derechos humanos es un factor de preocupación y alerta, el que las políticas de la nación vecina del norte se estén sustentado en un discurso de odio, que se ensaña con los grupos en mayor situación de vulnerabilidad de nuestro tiempo: los migrantes y los refugiados", advirtió el ombudsman.

Por ello, Peña Nieto señaló que se han impulsado varios programas para promover el contacto con los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y apoyarlos en el caso de ser repatriados.

Como en anteriores ocasiones, reiteró que el país tiene retos pero "avanza" en materia de derechos humanos, pues el Gobierno tiene un compromiso "firme e indeclinable" al respecto.

Sin embargo, el auge de la violencia en el país siembra una vez más dudas sobre si estas declaraciones oficiales quedarán en papel mojado. 



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