Nacional - Economía
El auge del contrabando de combustible en México se convierte en una crisis
Kirk Semple, The New York Times
SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, México — Los primeros clientes del mercado llegan al amanecer, pero no buscan frutas ni verduras: quieren comprar la gasolina barata ordeñada por los contrabandistas.
Se instalan docenas de vendedores y apilan garrafas de cinco galones llenas de combustible robado y mangueras de goma para poder verterlo.
“¿Cuánto, primo?”, preguntan los vendedores mientras atienden a cientos de choferes que circulan diariamente por las inmediaciones del mercado. El precio es menos de la mitad de lo que pagarían en las gasolineras cercanas.
La proliferación de la venta ilegal de gasolina es una de las manifestaciones más evidentes de la epidemia nacional de robo de combustible en México. Ahora los ladrones extraen la gasolina y el diésel a velocidades récord —a menudo perforan las tuberías— para venderlos en el mercado negro de México e incluso en Estados Unidos y Centroamérica.
La práctica delictiva de la ordeña ha empeorado –conlleva pérdidas de más de mil millones de dólares anuales para el gobierno federal– y pone en peligro los esfuerzos de México por atraer inversión extranjera hacia su industria energética, la cual se encuentra en un periodo de transición tras las reformas que pusieron fin al monopolio estatal que duró más de siete décadas.
Y el gobierno parece ser incapaz de detener estos robos.
“El problema se reduce al hecho de que el Estado de derecho es débil en México”, dijo Dwight Dyer, analista del sector energético mexicano. “Esta es una parte del mercado donde deben fortalecerse las leyes para que el sector privado diga: Realmente quiero invertir”.
El incesante aumento de los robos ha sido impulsado por la participación de las organizaciones criminales más grandes y mejor organizadas del país, que utilizan el soborno y la violencia para cooptar a funcionarios gubernamentales de todos los niveles, incluidos los trabajadores de Pemex, la empresa energética estatal.
Todos los días son robados más de 5,5 millones de litros de combustible de todo el sistema, desde las refinerías hasta las gasolineras, según funcionarios federales.
Los grupos criminales de la ordeña, cuyos integrantes son conocidos como huachicoleros, también han trabajado para obtener el apoyo de los habitantes locales. Algunos de estos han encontrado un empleo lucrativo con las pandillas y muchos otros prefieren pagar los bajos precios del combustible en el mercado negro. En algunas localidades —y particularmente aquí, en el estado de Puebla, que se ha convertido en el epicentro de la crisis—, los ladrones son vistos como símiles de Robin Hood que han mejorado la suerte de sus pueblos al inyectar a la economía local los ingresos del comercio de la ordeña.
Todos los días son robados más de 5,5 millones de litros de combustible de todo el sistema, desde las refinerías hasta las gasolineras, según funcionarios federales. De vez en cuando, incluso son secuestrados los camiones cisterna de Pemex. Si bien el monto ordeñado equivale a entre el uno y dos por ciento del volumen que se transporta diariamente, tiene un impacto desmesurado sobre la capacidad del gobierno mexicano para atraer a los inversionistas privados.
“No quiero sonar optimista porque el problema es muy difícil. No quiero minimizarlo”, dijo Carlos Murrieta Cummings, director para Transformación Industrial de Pemex.
“Tenemos que cuidar desde los campos de producción hasta las refinerías, centros de distribución, terminales, tuberías, todo”, añadió. “Este problema se presenta en muchos lugares distintos, no en un solo sitio”.
El robo de gasolina comenzó a empeorar a fines de la década del 2000 cuando el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado. Su estrategia para desmantelar las organizaciones transnacionales de narcotráfico resultó en el establecimiento de grupos delictivos más pequeños que diversificaron sus actividades criminales, incorporando, por ejemplo, el robo de gasolina.
Los funcionarios explican que el robo se volvió un delito muy lucrativo con el aumento de los precios internacionales del combustible, además de que es menos riesgoso que el tráfico de drogas.
Sin embargo, es un negocio que entraña grandes peligros porque las perforaciones ilegales pueden ocasionar explosiones. En diciembre de 2010 murieron treinta personas, muchas resultaron heridas y fueron destruidas numerosas casas cuando un oleoducto explotó en San Martín Texmelucan de Labastida, una ciudad poblana.
A pesar de los intentos del expresidente Calderón por acabar con las mafias del combustible, las organizaciones continuaron creciendo.
“La verdad es que Pemex no le dio mucha importancia”, dijo Eduardo Guerrero, consultor en seguridad en Ciudad de México. “Eran vistas como pérdidas marginales”.
En 2009, las autoridades descubrieron 462 tomas ilegales en los oleoductos de la nación y estimaron que se estaban perdiendo menos de 477,000 litros diarios. El año pasado descubrieron 6873 tomas, un aumento de casi 1400 por ciento.
Tan solo en Puebla, las autoridades descubrieron el año pasado más de 1500 grifos ilegales en oleoductos, casi el doble de los que detectaron en 2015 y casi una cuarta parte del total nacional, dijeron los funcionarios de Pemex.
Las pandillas suelen atacar los 9000 kilómetros de tuberías que serpentean por todo México y que a menudo pasan por regiones rurales poco pobladas para después transportar la gasolina desde las refinerías a los centros de distribución.
Aunque la mayoría de las tuberías están enterradas, se trata de una profundidad superficial, por lo que se puede excavar fácilmente con una pala hasta acceder a ellas. Los ladrones las perforan con taladros de alta potencia e instalan grifos para extraer el combustible. Incluso han excavado túneles alrededor de las tuberías para desviar el combustible con mangueras de goma hasta los camiones cisterna robados que estacionan lejos de la operación.
El botín se vende en mercados como el de San Salvador Huixcolotla, así como en las orillas de las carreteras, de puerta a puerta o a los propietarios de gasolineras, que luego lo revenden.
Funcionarios y analistas aseguran que han descubierto una parte del combustible robado en Estados Unidos y en el sur de Centroamérica.
El delito de ordeña se concentra principalmente en Puebla, en una región del estado conocida como el Triángulo Rojo y conformada por varios municipios rurales por donde pasa un importante oleoducto que transporta gasolina y diésel a Ciudad de México desde una refinería y un puerto ubicados en el estado de Veracruz.
El auge de este delito y las ganancias provenientes de él han resultado en un aumento considerable de los ingresos de muchos hogares en esta región de escasos recursos económicos. Los salarios de las actividades agrícolas, la principal ocupación en esta región, no pueden competir. Los residentes dijeron que un jornalero puede ganar entre 7 y 11 dólares al día, mientras que actuar como centinela para los ladrones de combustible conlleva pagos de 54 dólares diarios.
En ocasiones especiales como el Día de la Madre, las pandillas van a las aldeas con camiones cargados de regalos para la gente del pueblo, incluyendo televisores, licuadoras y otros electrodomésticos. Los delincuentes también han comenzado a pagar por servicios médicos y otros servicios comunitarios.
Un alto funcionario de la policía municipal del Triángulo Rojo, que pidió mantener su anonimato por temor a que lo mataran por hablar del tema, dijo que la lealtad hacia los pandilleros es tal que los habitantes de ciertos vecindarios no dejan ingresar a la policía ni a los soldados aunque estos vayan para atender cuestiones que no tienen nada que ver con la ordeña. “Todo el mundo es cómplice”, dijo.
El robo de combustible se ha convertido en una parte tan importante de la vida en esta región de Puebla que celebran a los huachicoleros con canciones, tal como las hazañas de los narcotraficantes son inmortalizadas por medio de narcocorridos.
Pero el arma principal de los grupos delictivos es la corrupción. Desde los trabajadores de Pemex que le informan a los delincuentes sobre cuál es el momento más oportuno para perforar hasta la policía local que acepta dinero para hacerse de la vista gorda, los ladrones han construido sus operaciones con sobornos generalizados respaldados por la violencia.
Los criminales ofrecen la siguiente opción: dinero o una bala, dijo un exfuncionario de la policía municipal del Triángulo Rojo que pidió mantener el anonimato por temor a que su vida esté en peligro.
En marzo, el alcalde de la ciudad de Atzitzintla fue detenido junto con otras 86 personas en relación con el secuestro y asesinato de tres investigadores gubernamentales por parte de un grupo criminal involucrado con el robo de gasolina. La prensa de Puebla ha informado que otros alcaldes están siendo investigados por posibles vínculos con el robo de combustible.
En las últimas semanas, el gobierno federal reconoció que la policía local estaba demasiado comprometida y abrumada para poder luchar eficazmente contra esa práctica delictiva y desplegó a cerca de 500 efectivos en el Triángulo Rojo. Desde entonces, se han producido decenas de arrestos pero no han disminuido los robos.
Guerrero, el consultor en seguridad, predijo que una mayor presión en el Triángulo Rojo podría desencadenar un levantamiento social, incluyendo huelgas y paros.
“Con cada día que pasa, más familias, más gente depende de este mercado”, dijo. “Olvídalo. Va a ser una pesadilla cuando el gobierno intente controlarlo”.
yoselin
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