Internacional - Seguridad y Justicia
Algunas víctimas de violencia sexual en Estados Unidos ahora temen tanto a sus abusadores como al gobierno
Jennifer Medina, The New York Times
LOS ÁNGELES — El marido de Cristina la golpeó y amenazó durante años, pero no fue sino hasta 2016 que también comenzó a temer por la seguridad de sus hijos pequeños. Con renuencia, reportó a su pareja y presentó una denuncia ante la policía.
Cristina, quien llegó a Estados Unidos proveniente de México en su adolescencia, durante los ochenta, comenzó los trámites para solicitar una visa especial para víctimas de abuso que la colocaría en el camino a la ciudadanía. Sin embargo, le dijo a su abogado en marzo que ya no quería seguir adelante con la solicitud. Tenía demasiado miedo, dijo, pero esta vez no solo de su marido, sino del gobierno estadounidense.
“Me da miedo que me encuentren”, dijo en una entrevista Cristina, quien vive en un suburbio de Los Ángeles y pidió que no se usara su apellido.
La violencia doméstica siempre ha sido un delito particularmente difícil de procesar. A las víctimas usualmente les lleva años buscar ayuda y se les tiene que convencer de testificar en contra de sus agresores. Para muchas víctimas indocumentadas, dar ese paso se ha vuelto todavía más difícil debido a que temen que el gobierno las detendrá y deportará si denuncian.
Ello, a pesar de que pueden volverse acreedoras a la llamada visa U, con la cual víctimas de ciertos delitos reciben autorización para quedarse en Estados Unidos si auxilian a la policía en el caso. La promesa de esa visa a menudo ayuda a convencer a las víctimas de abuso y violencia doméstica a solicitar ayuda.
Desde la elección de Donald Trump, las denuncias de abuso sexual y violencia doméstica entre la comunidad latina han disminuido drásticamente en todo el país y muchos expertos atribuyen ese declive al temor a la deportación. Los funcionarios de procuración de justicia en varias ciudades importantes, entre ellas Los Ángeles, Houston y Denver, dicen que el efecto colateral más peligroso de los cambios de políticas y de las declaraciones a favor de la mano dura contra los inmigrantes es que cada vez están menos dispuestos a acudir a la policía.
“Siempre le hemos dicho a las personas a las que prestamos asistencia que, incluso si son indocumentadas, no hay de qué preocuparse, los funcionarios las van a proteger. Eso ya no es aplicable”.
El número de personas de la comunidad latina de Houston que han reportado violaciones ha caído más del 40 por ciento en comparación al mismo periodo del año pasado, anunció Art Acevedo, jefe del departamento de policía de Houston. “Parece indicar que la gente ha comenzado a no denunciar delitos”, señaló.
En lo que va de este año en Los Ángeles, las denuncias de violencia doméstica entre latinos han disminuido en 10 por ciento y las de abuso sexual en 25 por ciento desde hace un año; Charlie Beck, jefe del departamento de policía, opina que este descenso puede deberse al miedo que tiene la comunidad hispana al gobierno federal. Proveedores de servicios para víctimas y abogados entrevistados ratifican que las mujeres indocumentadas han decidido no denunciar el abuso ni presentar cargos.
“Siempre le hemos dicho a las personas a las que prestamos asistencia que, incluso si son indocumentadas, no hay de qué preocuparse, los funcionarios las van a proteger”, dijo Kate Marr, directora ejecutiva de la Legal Aid Society del condado de Orange, en California. Sin embargo, añadió que el nivel de miedo que prevalece en la actualidad no se compara con nada que haya visto en sus casi dos décadas de trabajo con los sobrevivientes de violencia doméstica.
“Eso que les decíamos a las personas que acuden a nosotros ya no es aplicable”, comentó. “Es tan desmoralizante y aterrador imaginar qué ocurrirá si esto continúa”.
El miedo entre los inmigrantes se exacerbó tras un caso registrado en febrero en El Paso, donde los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por su sigla en inglés) arrestaron a una mujer después de que recibió una orden de protección contra el hombre al que ella había denunciado por abuso. A finales de abril, la Comisión de Derechos Humanos de Estados Unidos, un organismo bipartidista independiente, exhortó a los funcionarios federales a reconsiderar sus tácticas de arresto en los tribunales. El organismo señaló que el caso de Texas y otros arrestos en las cortes estaban teniendo un efecto aterrador en los migrantes de todo el país y en su disposición a reportar delitos.
El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios al respecto.
“Si la percepción es que hay un mayor riesgo si se acude a la policía, es mucho menos probable que las víctimas lo hagan y más probable que se queden en una relación abusiva hasta que necesiten los servicios de un hospital”, dijo Wanda Lucibello, exfiscal de distrito en Brooklyn.
“Es realmente lo opuesto de lo que cualquiera querría. Todo esto fortalece al abusador”.
Muchas mujeres sienten la misma angustia que April, de 23 años (usamos un seudónimo), quien esperó años antes de presentar una denuncia contra el padre de sus hijos.
“Solía llamar a la policía y usar otro nombre o decía que era una vecina”, dijo April, quien cruzó la frontera de México a sus ocho años y actualmente reside en California. “Cuando él me atacaba, decía que me enviarían a México y que nunca volvería a ver a mis hijos. Le creí durante mucho tiempo”.
El capitán James Humphries supervisa la dirección de investigaciones de víctimas especiales en el condado de Montgomery, Maryland. Dijo que fue testigo de cómo la disposición a denunciar disminuyó de manera importante en Estados Unidos: su unidad ha recibido la mitad de las llamadas por abuso sexual y violencia doméstica este año en comparación con el mismo periodo del año pasado.
“Nuestro reto continuo es asegurarle a la comunidad que no ha cambiado nuestra forma de trabajar y que la Casa Blanca no puede decirnos cómo hacer nuestro trabajo”, dijo el capitán Humphries. “Afecta todos los delitos imaginables, pero si las víctimas de violencia no acuden a nosotros, eso quiere decir que no confían en la policía”.
Sin embargo, el alguacil Chuck Jenkins del condado Frederick, también en Maryland, dijo que no ha visto pruebas de que haya disminuido la denuncia de delitos entre los inmigrantes de esa localidad.
“No quieren que los victimice nadie más”, dijo el alguacil Jenkins. “Nada de lo que hacemos en las calles tiene que ver con su estatus migratorio y no hay que subestimar a la comunidad de inmigrantes puesto que, legales e ilegales, ellos lo saben”.
No obstante, quienes trabajan con las víctimas dicen que el impacto del miedo es difícil de exagerar.
La línea telefónica para orientar a víctimas de delitos a cargo de la Oficina de Migración de la Fiscalía del condado de Nassau, en Long Island, Nueva York, solía recibir hasta diez llamadas a la semana. No ha recibido ninguna desde diciembre.
En End Domestic Abuse Wisconsin, que ayuda a unas 700 mujeres al año a obtener órdenes de restricción contra sus parejas, las solicitudes de este año disminuyeron casi a cero, según comentó su abogado principal.
El Consejo de Violencia Doméstica del condado de Los Ángeles comúnmente recibe cerca de media docena de llamadas a la semana; por lo menos la mitad de ellas son de hispanohablantes. Sin embargo, desde enero, ha recibido solo dos llamadas, comentó Olivia Rodriguez, su directora ejecutiva.
“Esto no es normal”, dijo Rodriguez. “Asumen que si llaman a una entidad gubernamental, todo está conectado y van a ser reportados al ICE para que los deporten. Así que, en lugar de llamar, soportan el abuso”.
Yanet, de 56 años y quien ha solicitado que no se dé a conocer su apellido por temor a ser deportada, dijo haber tolerado abusos de su marido durante más de una década en El Salvador, donde las víctimas de agresiones tienen pocos recursos a su disposición, antes de decidir huir a Estados Unidos hace varios años. Ha trabajando principalmente como cocinera en restaurantes de Los Ángeles y en 2005 trató de obtener una visa que se otorga a mujeres que escapan de la violencia.
Sin embargo, dijo que el abogado al que acudió trató de obligarla a que le practicara sexo oral a cambio de su ayuda. En un principio, a Yanet le preocupó denunciarlo a la policía, pero decidió hacerlo porque no quería ser una víctima de nuevo. Ahora está renuente a seguir adelante con la acusación y con su solicitud de visa.
“Todos los días me da miedo que pase algo y hasta me da miedo salir de mi casa”, dijo. “Hacer algo que llame la atención del gobierno es peor. No sé a quién creer ni qué es seguro para protegerme”.
arturo
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