Internacional - Política
Helicóptero ataca al Tribunal Supremo de Venezuela; Maduro denuncia un golpe de Estado
Ernesto Londoño y Nicholas Casey, The New York Times
Miembros de los cuerpos de seguridad venezolanos atacaron el martes la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, lanzando granadas desde un helicóptero, según denunciaron los voceros del gobierno.
Un video tomado desde una ventana y publicado en Twitter muestra un helicóptero que vuela sobre el edificio del TSJ mientras se escuchan explosiones.
También circularon varios videos publicados en las redes sociales de un oficial uniformado que se identifica como Óscar Pérez, flanqueado por personas encapuchadas y fuertemente armadas que lucían uniformes negros, que asume la responsabilidad de la operación. El hombre dijo que representaba a una coalición de militares, policías y civiles que se oponían a lo que calificó como un gobierno “transitorio y criminal”.
“Somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas”, dijo Pérez. “Este combate no es con el resto de las fuerzas de seguridad de Estado que permanecen en desacuerdo, es con la impunidad impuesta, sino en contra del gobierno nefasto. Contra la tiranía y la muerte de inocentes que luchan por sus derechos”.
En imágenes que circularon del ataque con el helicóptero, un hombre que se parece a Pérez es visto pilotando la aeronave, acompañado por otra persona que tenía el rostro cubierto con un pasamontañas y sostenía un cartel que decía: “Art. 350, Libertad”.
Se trata de una referencia al artículo 350 de la Constitución venezolana, que alienta a los ciudadanos a desconocer “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
No queda claro dónde estaban los atacantes el martes por la noche o cuánto apoyo tenían. En otra parte de Caracas, miembros de la oposición dijeron que estaban siendo asediados por partidarios armados del gobierno en la sede de la Asamblea Nacional.
Ernesto Villegas, el ministro de Comunicación e Información, dijo en la televisión nacional que el presidente Nicolás Maduro había sido informado sobre “un acto de violencia” perpetrado desde un helicóptero perteneciente a una agencia policial.
Calificó el evento como un “levantamiento contra la república y la Constitución”. Maduro condenó el ataque en un discurso televisado, y lo calificó como parte de un “intento de golpe de Estado”.
El mandatario explicó que los asaltantes lanzaron varias granadas, incluyendo una que no explotó, mientras se estaba realizando una “actividad social” en la sede del tribunal. Dijo que los atacantes le dispararon a las oficinas del TSJ y también sobrevolaron el edificio del Ministerio del Interior y Justicia.
“Pudieron haber ocasionado varias decenas de muertos o heridos”, aseveró el mandatario. También afirmó que había activado a toda las fuerzas armadas nacionales “para defender el derecho a la tranquilidad” y aseguró que “más temprano que tarde vamos a capturar el helicóptero y a los que han hecho este ataque terrorista armado”.
Diversos medios venezolanos han revelado que Óscar Pérez, el atacante del TSJ, es inspector de la Brigada de Acciones Especiales de la policía y en 2015 participó en una película venezolana llamada Muerte suspendida en la que interpretó a un oficial de policía y era uno de los productores.
El tráiler cuenta la historia de un secuestro en el que una banda armada con rifles automáticos y lanzacohetes captura a un hombre rico en una gasolinera. La familia pide la ayuda de la policía que monta un ambicioso rescate. Pérez aparece al final del avance como parte del equipo de rescate, saliendo del agua con un equipo de buceo.
El país se ha visto afectado por múltiples protestas contra el gobierno, algunas de las cuales se han tornado violentas. El gobierno ha recurrido a tácticas cada vez más duras, incluyendo la tortura, para reprimir las manifestaciones, según informes de los manifestantes detenidos y activistas de derechos humanos. Más de setenta personas han fallecido.
El martes, parecía que el tribunal le estaba restando facultades al ministerio público al transferir muchas de sus tareas de investigación a Tarek William Saab, el defensor del pueblo que es un miembro histórico del partido gobernante. Esa decisión fue vista como una estrategia para disminuir la autoridad de Luisa Ortega, la fiscala general, quien ha cobrado una gran notoriedad durante las protestas por oponerse abiertamente al presidente.
Las actuales protestas fueron desencadenadas por un fallo del TSJ que en marzo intentó anular la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y transfirió el poder legislativo a los magistrados. Maduro tuvo que ordenarle al tribunal que revirtiera gran parte de su decisión después de un intenso ciclo de manifestaciones, tanto nacionales como en el extranjero, además de una fuerte crítica pública que le hizo Ortega.
En las últimas décadas, los intentos de golpe de Estado han sacudido a la política venezolana. Hugo Chávez —quien luego se convirtió en el presidente del país— dirigió una conspiración armada para tomar el poder en 1992 cuando era un teniente coronel del ejército. El levantamiento fue sofocado por los militares y Chávez terminó encarcelado.
En 2002, pocos años después de que Chávez fuera elegido presidente, un grupo de altos oficiales militares que se opusieron a sus políticas socialistas trataron de derrocarlo. Pero pocos en Venezuela creyeron que el ataque de este martes tenía alguna posibilidad de lograr sus objetivos.
Sin embargo, son tiempos difíciles para el país. Durante más de dos años, los venezolanos han experimentado la peor crisis económica en generaciones. Los altos precios del petróleo, que durante mucho tiempo impulsaron la economía y los programas sociales, se han desplomado. La inflación está en niveles récord y los estantes de los supermercados permanecen vacíos.
yoselin
