El Gobierno mexicano fracasa en su intento de proteger a periodistas y activistas

Zorayda Gallegos, El País

El mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas creado a mediados de 2012 con el fin de proteger a quienes por el desempeño de su labor estuviesen en riesgo, no ha logrado frenar las agresiones y sigue presentando fallas en su implementación, según las acusaciones periodistas y activistas acogidos a los distintos métodos de seguridad. Las fallas técnicas en algunos de los equipos como teléfonos y botones de pánico y la burocracia para acceder a alguna de las medidas proporcionadas por el Gobierno mexicano son las quejas principales que continúan prevaleciendo a cinco años de su implementación.

Un ejemplo de las fallas presentadas es el caso de Gabriel (nombre ficticio por cuestiones de seguridad), un reportero del norte del país que fue sacado de su Estado ante las amenazas de un grupo del crimen organizado. Después de tres meses de exilio se realizó una nueva valoración de su caso y se decidió que podía regresar a su lugar de origen. Se le brindó un teléfono para que se comunicara a un número en caso de emergencia. “Un día hombres armados comenzaron a darle vueltas a mi casa, estaban mis hijos y mi esposa ahí, y llamé al número que me dieron, pero me tuvieron esperando en la línea, que no sabían de qué mecanismo les hablaba, que marcara otra extensión… en fin, la policía llegó una hora después cuando estos sujetos ya se habían ido, fue una hora de terror para mi mujer y mis niños”, según cuenta a este diario.

El 25 de junio de 2012 se creó la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que obligaba al Gobierno mexicano a crear un mecanismo que contemplara medidas urgentes con el fin de resguardar la integridad de las personas adscritas al programa. También preveía acciones preventivas para evitar la consumación de las agresiones. Actualmente hay alrededor de 500 personas acogidas a algunas de las medidas que consisten en escoltas, teléfonos, botones de pánico, atención psicológica, curso de autoprotección, rondines, resguardo de inmuebles, reubicación temporal y apoyo para alimentación, entre otras.

Pilar Tavera Gómez, integrante del consejo consultivo del mecanismo, dice que entre los problemas que refieren los beneficiarios son los relativos a las fallas técnicas de los aparatos. “Las cámaras de video vigilancia y el botón de emergencia no funcionan bien. También hay mucha desconfianza: mucha gente que dice yo no quiero entrar al mecanismo porque no confío”, cuenta. Hay otros problemas de fondo, donde la protección no es suficiente porque los recursos del agresor superan la protección que puede dar el mecanismo, sobre todo en casos relacionados al crimen organizado, abunda. “Hay otros temas estructurales donde el problema no se resuelve desde una oficina de Gobierno, porque debe pasar por el acceso a la justicia y que no haya impunidad, agrega.

El mecanismo plantea desarrollar políticas públicas en coordinación con los Gobiernos de los Estados con el objetivo de reducir los factores de riesgo que llevan a las agresiones y aplicar medidas para combatir las causas que las producen y generar garantías de no repetición. El problema es que la ley mandata que la Secretaría de Gobernación coordinará a las demás autoridades, pero éstas no se dejan coordinar, explica Tavera Gómez. “Es una situación donde la federación poco puede hacer para obligar a los Estados que pongan de su parte para proteger a un periodista”, expone.

José Díaz Navarro, líder del colectivo Siempre Vivos, una asociación civil que busca a personas desaparecidas en Guerrero, está acogido al mecanismo desde hace un año. En un principio, cuenta, no confiaba en la protección ofrecida, pero ante las amenazas de muerte decidió recibir el apoyo y salirse de la localidad donde vivía. El mecanismo le ha brindado alojamiento, pero no cuenta con escolta. “Yo tengo un refugio, con todos los servicios, despensa y un coche con gasolina en el que me muevo”, refiere.

Díaz Navarro durante 25 años fue profesor de una secundaria en Chilapa, un municipio ubicado en las montañas de Guerrero azotado por la violencia provocada por diversos grupos criminales. Desde que sus hermanos desaparecieron en el 2014, se ha dedicado a investigar y denunciar a los criminales que mataron a su familia. Fundó el colectivo para apoyar a otros pobladores con familiares desaparecidos y desde entonces las agresiones y amenazas en su contra no han cesado.

Antes de salirse de Chilapa contaba con el botón de pánico que le brindó el mecanismo, pero no le sirvió porque las autoridades tardaban en contestar y como estaba conectado a la Policía Federal era difícil que pudieran atender una emergencia. “El destacamento más cercano de los policías federales está en Chilpancingo, a una hora de Chilapa, y no podía conectarlo a la policía estatal o municipal porque no confío en ellos, por la colusión que existe”, explica.

En un principio cuando se acogió al mecanismo y se mudó de localidad, las autoridades no querían que regresara a Chilapa porque representaba un alto riesgo a su seguridad. “Empecé a tener discusiones porque no querían que fuera, y les dije que no era justo que yo estuviera aquí protegido, mientras mis compañeros del colectivo seguían allá”, comenta. José consiguió que le autorizaran escoltas para que lo acompañaran cada vez que visitara su poblado en Guerrero. “El problema es que el trámite es muy burocrático, se tiene que pedir la seguridad con 72 horas de anticipación y si hay alguna emergencia, no me resuelve nada”, afirma.

Un estudio presentado en 2015 por diversas organizaciones sociales alertaba que el mecanismo no atendía los casos de naturaleza colectiva —relativos a organizaciones o comunidades indígenas defensoras de la tierra—, sólo proporcionaba medidas individuales para algunas personas. “Esta situación deja desprotegidas a otras que pueden encontrase en riesgo”, señalaba. Otro patrón observado era la falta de compromiso y respaldo político en los Estados y municipios. “A pesar de que todas las entidades federativas han firmado convenios de colaboración con éste, la efectividad de los mismos es muy limitada”, se evidencia en el documento.

Otros de los errores detectados es que falta personal capacitado, la mayor parte de las medidas -como la gestión de los botones de pánico o la contratación de escoltas- están en manos de una empresa privada, y se ha dejado fuera del mecanismo a personas defensoras y periodistas que deberían acceder a las medidas.

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