El PAN considera que el caso de espionaje revela "una penetración y vulnerabilidad infame" 

Javier Lafuente, Luis Pablo Beauregard, El País

La confirmación por parte de Citizen Lab de que los teléfonos de varios políticos opositores fueron objetivos del ‘malware’ ha irritado en las filas del Partido Acción Nacional (PAN). Su presidente, Ricardo Anaya, que denunció hace una semana las sospechas que tenía, ha insistido en que se trata de un caso “verdaderamente grave”. “Existen sobradas evidencias, lo que queremos no es solo que se identifique a los funcionarios responsables, también queremos saber quiénes son los responsables del más alto nivel”, aseguró a este diario.

“Los políticos siempre nos hemos sentido espiados”, afirmó Roberto Gil, que recibió en su teléfono tres mensajes para ser contagiado por el Pegasus. Este senador ha visto publicadas en varios medios electrónicos conversaciones telefónicas que ha tenido en privado. Sucedió cuando buscó convertirse en presidente del PAN y cuando coordinó la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota. Pero considera que este escándalo es diferente. “Es una escalada. El nivel de penetración y vulnerabilidad es infame. Una cosa es que como político cuide lo que digo y otra es que puedan prender mi cámara para ver a mi familia en mi casa”, incide Gil en conversación con este periódico.

Después de que The New York Times desvelara que el Gobierno habría espiado a periodistas y activistas, el presidente del PAN pidió un rastreo de entre los altos dirigentes del partido para ver si habían recibido mensajes similares a los que se denunciaban. En su caso, entregó tres mensajes. Este jueves, Citizen Lab confirmó que uno, recibido el 15 de junio de 2016, reunía las características de ser una posible infección de ‘malware’’. “El mero hecho de intervenir un teléfono sin orden judicial ya es un delito”, insiste Anaya.

Roberto Gil era presidente del Senado cuando recibió en su teléfono tres mensajes. Los tres textos han sido vinculados por Citizen Lab a un servidor que infectaba con Pegasus. El legislador reconoce qué pinchó el enlace de uno de ellos. El mensaje provenía de un número que no reconocía. La remitente aseguraba estar “destrozada” por la muerte de su esposo. “Intuyo que pinché. Pensé que era alguna persona cercana y di clic para saber quién había muerto”, señala Gil. Después del contagio, el senador no notó nada raro en su teléfono. En aquellos días, el Senado discutía tres reformas de mucha importancia: el Sistema Nacional Anticorrupción, el Mando Mixto Policial y la regulación de la marihuana. Las diferencias entre los partidos abrían el camino a un periodo extraordinario.

Ricardo Anaya insiste en que el Gobierno debe esclarecer qué organismos compraron las licencias de Pegasus. El informativo nocturno de Televisa aseguró anoche, al hacer público un contrato, que la PGR compró 500 infecciones por 32 millones de dólares. “Queremos saber qué agencias y departamentos, además de la PGR, adquirieron este ‘malware’”. Citizen Lab y The New York Times han asegurado que el programa Pegasus también está en manos de otras dos dependencias del Gobierno mexicano: la Secretaría de la Defensa y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), que depende de la Secretaría de Gobernación (Interior). El presidente Peña Nieto ha confirmado que su Gobierno tiene este tipo de herramientas.

Gil, no obstante, dice ser “muy cauto” con las acusaciones. El senador del PAN y exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón no quiere acusar directamente al Gobierno para responsabilizarlo del escándalo de espionaje. “Pueden ser fuerzas privadas y poderes fácticos que quieren debilitar y arrodillar al Estado”, aventura. El legislador asegura que es necesaria una reflexión profunda. “Hay particulares en posesión de este tipo de instrumentos de espionaje. No hay controles eficientes a la compraventa ni a las importaciones o restricciones al mercado de segunda mano de este tipo de programas”, dice.

El senador también ha anunciado que en septiembre presentará una iniciativa legislativa para regular y vigilar el uso de herramientas para intervenir comunicaciones. Esta propuesta estará enfocada en castigar a quienes a quienes hagan uso ilegal de los programas. “No tenemos un inventario sobre quien tiene y usa equipos de espionaje. Incluso creo que este asunto puede revelar la debilidad del Estado para controlar el espionaje privado. Sería ingenuo pensar que los competidores privados no se espían unos a otros”.

El presidente del PAN explica que su partido, “ante la incapacidad del Gobierno de investigarse a sí mismo”, pedirá la participación en las pesquisas de un grupo avalado por la ONU, así como la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el procurador, Raúl Cervantes y el director del CISEN, Eugenio Imaz. El senador Gil también ha exigido a la Comisión bicameral de Seguridad Nacional, una de las pocas instancias legislativas que puede solicitar información clasificada a las fuerzas armadas, informar sobre “la adquisición y uso del sistema”.
 

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