Del Dicho al Hecho

La homofobia como estrategia política

2017-06-30

Pocos habrían predicho los rápidos avances de los derechos de las personas lesbianas,...

GRAEME REID, Política Experior

La represión contra las personas LGBT es una coartada de los regímenes autoritarios para limitar el papel del conjunto de la sociedad civil. Además de los avances en Irlanda, México o EE UU, hay que observar los retrocesos en Rusia, Egipto, Malasia y muchos países africanos.

No hay duda de que los avances en la causa del matrimomio igualitario son signos de un giro significativo y profundamente arraigado. Irlanda se convirtió en el primer país del mundo en dar su apoyo al matrimonio igualitario a través del voto popular cuando el referéndum celebrado el 23 de mayo pasado respondió con un sonoro sí (62%). Un mes después, el Tribunal Supremo de México estableció el derecho al matrimonio para todo el país. A esto le siguió otro hito: la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la igualdad en el matrimonio. Estos acontecimientos indican el impulso irrefrenable que nos aleja de la discriminación y nos acerca a la igualdad. Como declaraba el ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, en respuesta a la decisión del tribunal estadounidense: “La igualdad es imparable, y llegará a Colombia”.

Pocos habrían predicho los rápidos avances de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) en Latinoamérica, el radical cambio de opinión sobre los matrimonios del mismo sexo en EE UU, o que la Irlanda católica romana se mostrase aplastantemente favorable al matrimonio igualitario. Pero estos desarrollos positivos coexisten con la intensificación del uso político de la homofobia. Los avances podrían incluso estar alimentando las conductas homófobas. El mundo está dividido en un debate retórico cada vez más intrincado sobre los derechos de las personas LGBT. Medard Bitekyerezo, un político ugandés que defiende el endurecimiento de las leyes contra los homosexuales, ha manifestado: “La declaración del Tribunal Supremo de EE UU muestra que Occidente ha perdido totalmente el rumbo y ha descendido a una sociedad de Sodoma y Gomorra”. Una reacción predecible, y, de ningún modo, única.

El uso político de la homofobia se ha convertido en un componente omnipresente del paisaje contemporáneo, en el que las élites dirigentes, desde Gambia hasta Malasia, pasando por Egipto y Rusia, utilizan la mano dura contra las personas LGBT para obtener rédito político a corto plazo.

En los últimos tiempos ha habido una avalancha de leyes vagas y de amplio espectro que están resultando particularmente populares como armas políticas. La legislación que prohíbe la “propaganda”, la “promoción” o incluso las expresiones de apoyo a los grupos LGBT, proscribe en la práctica las ideas, la militancia y las actividades sociales, así como las expresiones públicas de identidad y afecto. Y estas leyes otorgan amplios poderes a los gobiernos que quieren frenar a sus adversarios acusándolos de simpatía o respaldo a las causas homosexuales.

Leyes homófobas al servicio de Estados represivos

Acusar de homosexualidad con fines políticos flagrantes no es nuevo. Ya en 1307, el rey Felipe IV de Francia lanzó acusaciones de sodomía contra la orden de los templarios como pretexto para disolverla. El monarca, que por entonces tenía grandes deudas con los caballeros, encontró una rápida solución a sus problemas con los acreedores. Dos siglos más tarde, en la otra orilla del canal, el rey Enrique VIII utilizó su Ley de Sodomía para acusar a los monjes católicos de prácticas homosexuales como excusa para confiscar las tierras de sus monasterios, disfrazando la apropiación de cruzada moral. Esa misma ley sirvió como un eficaz mecanismo para deshacerse de su molesto rival, lord Hungerford, que fue ejecutado en 1540. Las leyes de sodomía, tenaces sucesoras de la original, se exportaron a todo el Imperio Británico, y en muchos países siguen existiendo como una herencia del dominio colonial.

Es fácil observar cómo las leyes homófobas sirven a los intereses de los Estados represivos. Por el procedimiento de señalar a un grupo social calificándolo de marginal y amenazador, la legislación crea una dicotomía entre “integrados” y “marginales”, establece los parámetros de la “comunidad” e identifica a las personas LGBT como una amenaza externa para los valores esenciales de esa comunidad. Por ejemplo, cuando la ley rusa de “propaganda” ilegaliza las “relaciones sexuales no tradicionales”, se basa en la premisa de la defensa de los “valores tradicionales”. Este concepto vago y relativo se define en negativo mediante la identificación de los que no lo son.

La homofobia es una realidad y una estratagema. Una realidad por cuanto la homofobia generalizada se da en muchas sociedades del mundo, y una estratagema en la medida en que los que ocupan el poder la manipulan para apuntalar su legitimidad, aumentar su popularidad y desviar la atención de los problemas sociales acuciantes. Al hacer de una minoría impopular y, en gran medida, invisible, el chivo expiatorio, los Estados logran crear un “pánico moral”, una supuesta amenaza al orden social, que puede aumentar fácilmente de intensidad para convertirse en una caza de brujas.

Los pánicos morales son un medio muy práctico de distraer la atención para los dirigentes políticos que tienen que vérselas con un desempleo desenfrenado, con la represión política y con una espiral descendente en la economía. Una advertencia muy útil con este fin es la idea de que la homosexualidad es una importación de Occidente. De este modo, las personas LGBT se pueden utilizar como un poderoso símbolo: una amenaza interna al tejido social y una influencia negativa del exterior.

Las leyes homófobas, la retórica que las acompaña y las actitudes sociales que generan contribuyen a crear un clima en el que aparece la violencia homofóbica. En Rusia tras la aprobación de la ley de “propaganda”, en Uganda después de la introducción de la Ley contra la Homosexualidad, y en Nigeria a raíz de la adopción de la Ley (de Prohibición) del Matrimonio Homosexual, la consecuencia inmediata fue una violencia igual o mayor contra la comunidad LGBT.

Y no son solo los grupos LGBT los que están en peligro. La normativa dirigida a declarar ilegal la expresión pública de la identidad va acompañada casi siempre de ataques más amplios a grupos no gubernamentales, activistas y disidentes políticos. Esa es realmente la cuestión: la represión contra las personas LGBT proporciona la coartada para restringir el papel que desempeña la sociedad civil en su conjunto.

África subsahariana: Nigeria, Uganda y Gambia

En enero de 2014, el entonces presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, se unió a un grupo de líderes africanos que intentaban apuntalar sus maltrechas suertes políticas apelando al prejuicio popular. Enfrentado a la grave amenaza para la seguridad de Boko Haram, a los escándalos de corrupción y a un partido dividido acerca de sus aspiraciones a un segundo mandato, Jonathan promulgó la Ley (de Prohibición) del Matrimonio Homosexual. La ley criminaliza las demostraciones públicas de afecto entre parejas del mismo sexo y castiga la labor de las organizaciones que defienden los derechos de las personas LGBT. La utilidad política de la ley reside en su capacidad para desviar la atención de los apremiantes problemas políticos y sociales. Su redacción imprecisa supone que prácticamente cualquier individuo u organización puede ser acusado de “promover la homosexualidad” o “hacer demostraciones de afecto”, y ser obligado a rendir cuentas, lo cual constituye un mecanismo idóneo para sofocar la oposición.

Tan solo dos semanas antes de las presidenciales de marzo, el portavoz de Jonathan, Femi Fani-Kayode, acusó a Muhammadu Buhari, rival en la contienda y hoy presidente, de haber sellado un pacto con el diablo con cuatro países occidentales no especificados para introducir el matrimonio homosexual en Nigeria a cambio de apoyo a su candidatura. Para mérito propio, Buhari no mordió el anzuelo y ganó las elecciones. Queda por ver si se enfrentará sin rodeos a los problemas de Nigeria o buscará distracciones ficticias, al igual que su predecesor. Una buena señal sería que anulase esta peligrosa ley.

Cuando, el 24 de febrero de 2014, Yoweri Museveni, presidente de Uganda desde 1986, dio su visto bueno a la Ley contra la Homosexualidad, parecía que se había metido en un callejón sin salida. La propuesta de ley se había debatido en el Parlamento y discutido en los medios de comunicación durante casi cinco años. A lo largo de todo ese tiempo, sirvió como una distracción muy útil para impedir que la atención nacional se dirigiese a las protestas contra la inflación, la ineficacia de los servicios de salud y educación y el gobierno cada vez más autoritario de Museveni. Además, mientras no se aprobase, el presidente podía decir a sus donantes internacionales que el proyecto de ley no era realmente una prioridad nacional.

Sin embargo, parece que a Museveni le cogió por sorpresa cuando, a finales de 2013, los miembros del Parlamento se apresuraron a aprobar la propuesta, sin quórum ni previo aviso. Al final, después de un ridículo flirteo con la ciencia de la sexualidad humana, firmó la propuesta convirtiéndola en ley con gran pompa y circunstancia. Invitó a los medios de comunicación a su residencia oficial en Entebbe para que fuesen testigos de la firma y oyesen cómo negaba toda necesidad de ayuda económica occidental. A continuación, dio una fiesta para unos 30,000 invitados en el recinto donde se declaró la independencia en un intento por elevar la aprobación de esta perniciosa ley a la categoría de acto de afirmación nacional.

Una clara repercusión de la ley en vigor se hizo evidente cuando el 3 de abril la policía llevó a cabo una redada en el Proyecto Walter Reed de la Universidad de Makerere, una clínica y un centro de investigación médica financiados por EE UU, bajo la acusación de llevar a cabo “investigaciones contrarias a la ética” y de “contratar a homosexuales”. Posteriormente, el 9 de julio, el Tribunal Supremo de Uganda ratificó la clausura forzosa por parte del gobierno de una reunión de trabajo a favor de los derechos LGBT de 2012, según parece aplicando retroactivamente la nueva ley y dictando que los participantes en la reunión estaban “promocionando” actos homosexuales o “incitando” a ellos.

Mientras tanto continuaron la violencia, los abusos y la extorsión policial, los desahucios y la pérdida del puesto de trabajo, al tiempo que la ley autorizaba a actuar con impunidad. Tras una vista en el Tribunal Constitucional –que se celebró por la vía rápida–, el 1 de agosto la ley fue declarada nula por un defecto de forma: no había habido quórum parlamentario.

Ahora que Museveni se prepara para presentarse a otro mandato de cinco años en 2016, cabe esperar que esta útil, aunque incómoda, herramienta política no desaparezca. Museveni ha dejado claro que no quiere volver a ver la ley en un futuro próximo, pero cuanto más tiempo permanece en el cargo (ya lleva 29 años), mayor es la probabilidad de que los miembros del Parlamento intenten demostrar su independencia desafiando su voluntad en relación con este asunto.

Yahya Jammeh, el acosado presidente de Gambia –que afirma que puede curar el sida–, se vio sometido a la presión de la Unión Europea debido a su pésimo historial en materia de derechos humanos, que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas y la ejecución aleatoria de nueve presos en 2012. Su reacción fue hacer uso político de sus incendiarios ataques verbales contra las personas LGBT a lo largo de los años, que incluyen la referencia a ellas como “plaga” o “mosquitos” y las amenazas con aniquilarlas. Acusó falsamente a la UE de intentar imponer el matrimonio gay en Gambia, y en octubre aprobó una ley que proscribía la “promoción de la homosexualidad”, y que era literalmente un “corta y pega” de una sección de la extinta ley ugandesa. Su policía secreta empezó a acosar a las personas LGBT basándose en informaciones obtenidas mediante sus habituales tácticas brutales.

En mayo, EE UU lanzó duras críticas contra Jammeh por sus “inadmisibles” declaraciones después de que amenazase con degollar a los hombres homosexuales de su país. Profirió sus amenazas con el telón de fondo de la inseguridad política que siguió a un intento de golpe de Estado en diciembre de 2014, a una economía en declive y en respuesta a las medidas de EE UU y la UE contra la violación de los derechos humanos en Gambia. Tras la intentona golpista, las fuerzas de seguridad del Estado detuvieron a sospechosos, así como a sus amigos y familiares, los mantuvieron incomunicados y no se responsabilizaron de su paradero, lo cual equivale a su desaparición forzosa. En marzo, el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura informó que se había detenido al menos a 52 personas. La elección del momento para atacar a los gais no es casual: cuando Jammeh sintió la presión internacional y tomó conciencia de su precaria posición en Gambia, recurrió a la homofobia.

Es muy posible que la estrategia se haya vuelto contra él. La renovada atención que ha atraído hacia el trato que reciben las personas LGBT ha sacado a la luz de forma más visible que nunca los abusos cotidianos cometidos contra los gambianos. Hasta ahora, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, con sede en Gambia, ha tolerado en silencio esta contradicción.

Oriente Próximo y norte de África: Egipto

El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi –que encabezó un golpe de Estado en 2013, ilegalizó y reprimió a los Hermanos Musulmanes y ganó las elecciones al año siguiente–, ha permitido que la policía y otros cuerpos del Estado organicen una cruzada moral contra los ateos y las personas acusadas de infringir las leyes sobre el libertinaje. Las autoridades egipcias usan sistemáticamente cuestiones relacionadas con las personas LGBT para desviar la atención de las detenciones arbitrarias generalizadas, las torturas y el desprecio flagrante por los derechos civiles y políticos que distinguen al gobierno de Al Sisi. Dalia Abd al Hamid, de Iniciativa Egipcia por los Derechos de las Personas, ha observado que el régimen supuestamente laico del presidente es más “islámico que los islamistas”.

Entre julio de 2013 y diciembre de 2014, las autoridades detuvieron a más de 95 personas por conducta homosexual o expresión de género. En un incidente ampliamente difundido, ocurrido el 7 de diciembre de 2014, la policía llevó a cabo una redada en unos baños de El Cairo y detuvo a 26 hombres que posteriormente se enfrentaron a un juicio por “practicar el libertinaje”. Una corresponsal de la televisión, que al parecer colaboraba con la policía, estuvo presente durante la redada y la filmó, mientras que el programa progubernamental para el que trabajaba emitía las imágenes de los hombres semidesnudos empujados al interior de los furgones de la policía que estaban esperando.

El presentador del programa afirmó que él había dado el aviso a la policía e incluyó parte de la filmación en una emisión especial el día después de las detenciones. La humillación pública y deliberada de estos hombres, llevada a cabo conjuntamente con los medios de comunicación, es característica de la intensificación de la represión gubernamental contra la comunidad LGBT en Egipto.

Esta cínica estrategia política cuesta muy cara a la comunidad LGBT, ya que se detiene a la gente utilizando leyes imprecisas que criminalizan la “desviación sexual”, el “libertinaje” y la “ofensa a la moral pública”, que implican condenas de entre tres y 12 años. En abril de 2015, el Tribunal Administrativo de Egipto fue más lejos al anunciar que los gais “extranjeros” serían deportados o se les prohibiría la entrada para “proteger el interés público y los valores religiosos y sociales”. La resolución supone un paso más en la intrusión en la privacidad garantizada por la Constitución egipcia, y sirve para equiparar la denominada “inmoralidad” con los “extranjeros”.

Asia: Malasia

Durante años, las reiteradas acusaciones de sodomía contra Anwar Ibrahim, exviceprimer ministro y jefe de la oposición parlamentaria, han servido a una estrategia deliberada de mantenerlo al margen de la política y de silenciar a la oposición. En febrero, el Tribunal Federal de Malasia –la Corte Suprema– ratificó la sentencia de un tribunal de rango inferior y lo sentenció a cinco años de cárcel por violar la ley malasia contra la sodomía. La decisión expulsó a Anwar de su escaño en el Parlamento. Y, dado que la ley electoral malasia dispone que a cualquiera que haya estado en la cárcel un año o más le está prohibido participar en política durante cinco años, la condena acaba en la práctica con la carrera de Anwar (67 años).

Según investigaciones de la Iniciativa por la Candidatura de las Mujeres, desde 1938 solo se ha invocado siete veces la sección 377 del Código Penal. La voluntad de los sucesivos gobiernos malasios de utilizar reiteradamente la ley contra oponentes políticos con una alta proyección pública pone de relieve su utilidad como herramienta política y el peligro que supone mientras siga formando parte del cuerpo legal.

Europa y Asia Central: Rusia y Ucrania

En una espectacular puesta en escena del uso de la homofobia en el tira y afloja por el futuro de Ucrania, un prorruso vestido con el traje tradicional cosaco y empuñando una espada atravesó un globo gigantesco con el eslogan “euro=homo” en una plaza de Kiev. La acción se organizó para celebrar la decisión del expresidente Víktor Yanukóvich de no firmar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea en noviembre de 2013, y fue promovido por Elección Ucrania, un grupo fundado por Víktor Medvedchuk, íntimo amigo de Vladimir Putin. El grupo fue el patrocinador de las vallas publicitarias repartidas por todo Ucrania en las que se mostraba a una pareja del mismo sexo con las manos entrelazadas y la advertencia “Unión Europea=matrimonio homosexual”.

Putin se envuelve en valores “tradicionales” y “familiares” como blindaje político que le sirve en su país y también internacionalmente, dado que se presenta en público con la etiqueta de antioccidental. En el plano nacional, esto se traduce en leyes de “propaganda homosexual” y, en el internacional, en la ofensiva rusa contra los derechos de las personas LGBT, en la ONU disfrazada de defensa de los “valores tradicionales”.

En marzo de 2014, el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, en una intervención sobre la crisis de Ucrania en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ridiculizó los recientes progresos en materia de derechos humanos de las personas marginadas como producto de “los que apoyan las posturas ultraliberales, son partidarios de la permisividad sin límites y del hedonismo, y piden que se revisen los valores morales”.

De manera similar, en un intento por limitar el lenguaje relativo a “la familia” y haciendo hincapié en los derechos de la familia como entidad, más que en los de los individuos que la componen, el gobierno ruso y sus aliados están presionando a la ONU para que redefina los derechos humanos y anteponga los “derechos de los grupos” a los individuales. Oponer “tradición” a derechos humanos crea una falsa dicotomía. Los derechos de las personas LGBT son el punto de fricción, pero lo que está en juego son los principios básicos de la legislación internacional sobre derechos humanos: son derechos universales, inalienables e indivisibles.

En Armenia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituana, Moldavia y Ucrania se han producido intentos de aprobar medidas legislativas para combatir la “propaganda gay” a imitación de las rusas. A la vista del conflicto en Ucrania, sorprende que el fantasma de los derechos de los homosexuales haya servido como aglutinante a los esfuerzos del Kremlin por extender a la UE la influencia de Rusia dentro de la Unión Aduanera.

El impacto del conflicto en el Este sobre las personas LGBT ha hecho que muchas de ellas hayan buscado refugio en la zona oeste de Ucrania, sumándose al aproximadamente millón de desplazados internos –según la ONU– a causa de los enfrentamientos.

Derechos humanos y tradición: falsa dicotomía

Utilizar la homofobia con fines políticos es tan viejo como la ley misma. Hay ejemplos de todo el mundo del uso de la homofobia por parte de las autoridades como una cortina de humo para centrar la atención en problemas ficticios y desviarla de los reales.

Paradójicamente, el rápido avance hacia el matrimonio igualitario en algunas partes del mundo significa también que el fantasma del “matrimonio homosexual” se utilizará para alimentar la indignación moral y como pretexto para restringir los derechos de las personas LGBT. La valla que advertía en Ucrania “Unión Europea=Matrimonio homosexual”, la analogía con Sodoma y Gomorra hecha por un político ugandés en respuesta a la resolución del Tribunal Supremo de EE UU, y la aprobación de la Ley (de Prohibición) del Matrimonio Homosexual en Nigeria son el estribillo de una misma canción.

No obstante, el uso político de la homofobia es una estrategia que va mucho más allá de la reivindicación de derechos de las minorías vulnerables. El conocido dicho de que la forma en que una sociedad trata a sus minorías, incluidas las personas LGBT, es una buena medida de su democracia parece especialmente acertado. Lo que diferencia a esta época específica de nuestra historia es la manera en que los derechos de las personas LGBT se han convertido en un pararrayos que atrae a dos visiones del mundo enfrentadas: una en la que los derechos humanos se consideran un valor que hay que conservar y defender, y otra en la que son vistos como una profunda amenaza para quienes están en el poder.



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