Tras Bambalinas

El caso contra Ollanta Humala 

2017-07-14

Al momento en que el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia ingresaban a...

David Hidalgo, The New York Times

Al momento en que el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia ingresaban a la carceleta del Palacio de Justicia, tras la orden de prisión preventiva dictada por un juez, se producía un nuevo sobresalto en la agitada historia reciente del Perú: es el segundo encarcelamiento de un exgobernante en menos de una década, el primero de la era democrática, y es casi seguro que no será el último.

La decisión del juez Richard Concepción Carhuancho se produce en medio de una crisis sin precedentes: por estos mismos días hay un tercer expresidente del Perú con orden de captura, Alejandro Toledo, y un cuarto expresidente con una investigación abierta, Alan García. Todos presuntamente involucrados en la marejada de corrupción destapada en los últimos años, vinculada con el lavado de dinero y el financiamiento de obras públicas y campañas electorales. Son los tres gobernantes que debían reconstruir el país tras la dictadura de Alberto Fujimori, preso por delitos contra los derechos humanos y por corrupción.

En un giro que no se había previsto hasta hace poco, Humala sería recluido hoy en la misma prisión que Fujimori.

La decisión del juez que lleva el caso de Ollanta Humala y su esposa —el mismo que ha ordenado la captura internacional de Toledo— no es todavía una condena, pero ha sonado con ese tono. La medida es en realidad una orden para que ambos afronten en prisión el juicio que se les sigue por lavado de activos. Están acusados de haber obtenido financiamiento ilícito para las dos campañas electorales, de 2006 y 2011, que permitieron la llegada al poder del antiguo capitán del Ejército Peruano.

Humala y Heredia, fundadora y en ese momento secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Nacionalista, “habrían recibido dinero extraído ilegalmente del tesoro público de la República Bolivariana de Venezuela”, señala una parte de la solicitud de prisión preventiva del fiscal, de más de noventa páginas. Según este punto, el dinero habría sido enviado por el entonces presidente Hugo Chávez, quien se declaraba su aliado estratégico, mediante transferencias realizadas por dos empresas de ese país y también a manos de personas de confianza, “como agregados militares y diplomáticos”.

El Ministerio Público señala que Humala y Heredia fueron los encargados directos de manejar esos fondos, que eran administrados por un hermano de la ex primera dama. Entre las decenas de documentos y otras pruebas del caso, el fiscal incluye declaraciones de allegados a la campaña sobre la dinámica interna del partido y el testimonio de un testigo protegido que asegura haber acompañado a la pareja, en enero del 2006, a la embajada de Venezuela, donde supuestamente recogieron un par de maletas cargadas de billetes de cien dólares.

La acusación señala que la pareja aplicó diversos mecanismos para ocultar el origen del dinero. “Nadine Heredia para dar legalidad al dinero de origen ilícito que percibía, simulaba contratos laborales por presuntos servicios que prestaba”, indica el documento fiscal en referencia a supuestas consultorías realizadas por Heredia, en su momento investigadas por la prensa local.

Otra parte de los ingresos fueron justificados como aportes de campaña de ciudadanos comunes. La fiscalía ha reunido los testimonios de 65 ciudadanos que niegan haber realizado los aportes que les habían atribuido, por un monto de medio millón de dólares.

De Chávez al Lava Jato

El financiamiento venezolano fue siempre un cadáver en el clóset del partido de Humala, pero la evidencia que terminó de complicar su situación llegó con el mayor escándalo de corrupción de América Latina: el Caso Lava Jato.

El primer indicio apareció en febrero del 2016, cuando se reveló que la Policía Federal brasileña había encontrado referencias al expresidente en las agendas del magnate Marcelo Odebrecht, a quien investigaba por pagos ilícitos a políticos de su país. Según reveló el medio de investigación peruano IDL-Reporteros, en la documentación incautada al empresario se encontró la anotación ‘Proyecto OH’, que estaba relacionada al pago de 3 millones de dólares, sin precisar en ese momento el propósito del pago.

La referencia se confirmó en abril del 2017, cuando el magnate confesó haber entregado ese dinero a Humala como parte de un aporte a su segunda campaña presidencial. La contribución había sido una solicitud directa de un exministro de Finanzas del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el otro aliado ideológico de Humala en la región y quien acaba de ser condenado a nueve años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero, precisamente un día antes de que Humala recibiera la orden de prisión preventiva.

El fiscal del caso, Germán Juárez Atoche, incluye en su denuncia el testimonio que una comisión del Ministerio Público peruano obtuvo en mayo del propio Marcelo Odebrecht, como parte de un acuerdo de cooperación internacional con la fiscalía de Brasil. El empresario se ratificó en los hechos y agregó que la pareja lo visitó en su casa, cuando Humala ya era presidente electo, para agradecerle el apoyo. Según Jorge Barata, el jefe de la empresa constructora en el Perú, fue Nadine Heredia quien recibió el dinero, repartido en cuatro entregas.

El encarcelamiento de Ollanta Humala y Nadine Heredia abre una válvula de escape al escándalo de corrupción que afecta a los principales partidos políticos. Pero incluso algunos de sus enemigos acérrimos han reclamado el mismo rigor para investigar al expresidente Alan García y a la lideresa de la oposición Keiko Fujimori, quienes han sido mencionados de manera explícita en el mismo testimonio que ha llevado a Humala a prisión.



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