Internacional - Política

Los rivales políticos brasileños tienen un enemigo en común: el poder judicial 

2017-07-14

La reciente condena contra Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los políticos de...

Ernesto Londoño y Shannon Sims, The New York Times


RÍO DE JANEIRO – Las investigaciones por corrupción han dejado en descrédito a prácticamente todas las fuerzas políticas de Brasil, justo antes de las elecciones presidenciales del próximo año.

Eso ha llevado a rivales políticos de todos los colores a adoptar una estrategia de supervivencia similar: atacar la legitimidad de los procuradores y jueces que se han dado a la tarea de desmantelar la cultura de corrupción que los gobernantes de diversos niveles en Brasil institucionalizaron a lo largo de décadas.

La reciente condena contra Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los políticos de izquierda más influyentes e idolatrados de Latinoamérica, es la principal sentencia en la batalla entre la élite política y los jueces y procuradores –muchos de ellos tienen entre 20 y 40 años– que han socavado la impunidad que muchas figuras disfrutaron durante años.

Por un lado están los veteranos como Lula y el actual presidente Michel Temer, quien también enfrenta acusaciones de corrupción y la posibilidad de un juicio. Ambos hombres, con edades que rondan los 70, pertenecen a fuerzas rivales que han enmarcado a lo largo de las décadas el sistema partidista fracturado, donde las alianzas débiles normalmente se pactan a puerta cerrada y con promesas secretas.

Del otro lado están los procuradores y jueces que afirman que quieren apuntalar una visión de un gobierno más atento. Hablan de transparencia, son activos en redes sociales e invitan a todos los brasileños a que se unan contra los sobornos.

“La fe en la clase política se ha debilitado y esto ha resultado en que el poder judicial se siente más confiado”, dijo Alan Mansur, director de la Asociación Nacional de Procuradores de Brasil.

Decenas de legisladores han sido imputados o investigados durante los últimos años por crímenes que van desde aceptar fondos ilícitos de campaña hasta solicitar sobornos y lavado de dinero.

Las encuestas de opinión pública han mostrado que una mayoría abrumadora de brasileños apoya la investigación que ha sacudido a la clase política. Un sondeo de Ipsos publicado en enero encontró que el 96 por ciento de los encuestados respalda las pesquisas “hasta el final, sin importar el resultado”.

Sergio Moro, el juez de 44 años que sentenció a Lula, se ha vuelto la figura más destacada en la cruzada contra la corrupción. Tras decir que no deriva satisfacción alguna de condenar a un expresidente a casi diez años de prisión, Moro citó en su fallo al historiador británico del siglo XVII Thomas Fuller para recalcar: “Nunca estés tan arriba que creas que estás por encima de la ley”, escribió.

Moro se ha vuelto una suerte de héroe popular para muchos en el país conforme los casos que supervisa acorralan a cada vez más brasileños poderosos.

Pero Lula, quien ayudó a millones a salir de la pobreza cuando fue presidente de 2003 a 2010 y todavía es muy popular, argumenta que los jueces y procuradores lo persiguen en las cortes porque no tienen el respaldo suficiente para ganarle en las urnas.

El jueves, una conferencia de prensa en las oficinas de su Partido de los Trabajadores en São Paulo parecía ser a momentos más un mitin de campaña en el que Lula se presentó como la víctima de un poder judicial con motivaciones políticas que fracasaría en sus esfuerzos de descarrilar su candidatura para la presidencia.

En algún momento bromeó sobre cómo ni se había molestado en leer la sentencia de 218 páginas que lo condenó a 9 años y 6 meses de prisión, porque estaba muy ocupado viendo un partido de su equipo de fútbol favorito. Después cuestionó la integridad del sistema jurídico.

Son críticas a las que le han hecho eco políticos de otros partidos.

El abogado del presidente Temer, Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, dijo después de la sentencia a Lula que los dos políticos están siendo blanco de procuradores que acusan a “gente inocente” y “destruyen reputaciones” con “denuncias apresuradas”.

Los integrantes del poder judicial rechazan tales reclamos, al señalar que son solo defensores sin sesgo de la ley.

“Los defensores están siendo perseguidos por prácticamente todos los partidos políticos”, dijo Mansur, el director de la asociación de procuradores. “Esto demuestra que no se trata de que haya una preferencia por un partido o de una persecución contra algún partido”.

Lula fue acusado de lavado y corrupción por presuntamente aceptar renovaciones costosas a un apartamento que le habría dado una constructora, a cambio de otorgarle contratos con la petrolera estatal Petrobras.

Temer fue acusado en junio por procuradores federales que lo señalan de avalar sobornos a un político encarcelado para obstruir una investigación de corrupción. Ambos casos surgen de una investigación abarcadora por corrupción en el seno de Petrobras.

Transparencia Internacional celebró la condena a Lula. Bruno Brandão, el director de la oficina para Brasil, dijo que la sentencia es un momento transformador para el país.

“La impunidad de las élites que llevan siglos en Brasil está siendo desmantelada”, dijo.

La suerte de Lula ahora está en manos de un pánel de tres jueces de un tribunal de apelaciones en Porto Alegre. El encargado de la corte dijo que espera que el caso sea decidido antes del 15 de agosto de 2018, la fecha límite para registrarse como candidato presidencial.

Si el tribunal mantiene la sentencia, Lula podría pasar casi una década en prisión; si la condena es anulada, entonces el fundador del Partido de los Trabajadores podría regresar al poder y liderar de nuevo a Brasil.

Brandão dijo que el tribunal de apelaciones de Porto Alegre es respetado en los círculos jurídicos del país y que ha mantenido las decisiones del juez Moro con mayor frecuencia que las ha anulado.

“En general es una corte muy bien preparada”, dijo. “Los jueces son muy discretos. No aparecen en los medios y casi nadie los conoce por nombre. Mientras más anónimos son, es mejor para la justicia”.

Aunque algunos políticos celebran la sacudida jurídica; en parte porque pueden beneficiarse por ella.

Marina Silva, exintegrante del gabinete de Lula que rompió con el PT en 2009, dijo que los escándalos que plagan a las élites de Brasil podrían ser el catalizador del cambio que necesita el país.

“La crisis actual en Brasil requiere la reinvención de la política”, dijo Silva, quien fue candidata a la presidencia en 2014 y se espera que lo sea de nuevo el próximo año. “Este debate no está limitado a Brasil, sino que es extendido por todo el mundo”.



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