Jeff Sessions reitera a Chicago amenaza de retiro de fondos

Washington, 7 ago (PL) El fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, advirtió hoy que el Departamento de Justicia le retirará fondos a Chicago a menos que la ciudad termine su ''cultura de ilegalidad'' y cumpla con los mandatos federales de inmigración.

Tales declaraciones fueron una respuesta a la decisión del alcalde Rahm Emanuel, quien este lunes presentó una demanda legal contra la agencia federal por sus amenazas de retener dinero destinado a la seguridad pública de la urbe.

Según el líder local, Chicago no se dejará 'sobornar' por el Departamento de Justicia ni por Sessions, quien indicó que les negaría los fondos del Programas de Becas de Asistencia Judicial Edward Byrne a las llamadas ciudades santuario, las cuales limitan su cooperación con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Tras la demanda de la principal urbe del estado de Illinois, el fiscal general reiteró que la administración de Donald Trump no dará dinero a autoridades que violan orgullosamente la ley y protegen a criminales extranjeros a expensas de la seguridad pública.

'Así que es simple: o cumplen con la ley o renuncian a los dólares de los contribuyentes', manifestó en un comunicado.

Según Sessions, los gobiernos de las ciudades santuario han demostrado una hostilidad abierta a la aplicación de reglas diseñadas para proteger a las fuerzas del orden público, federales, estatales y locales, y reducir el crimen.

En su lugar, sostuvo, han adoptado una política oficial de protección de criminales extranjeros que hacen de sus residentes sus presas.

Las jurisdicciones estatales y locales a las que alude el secretario de Justicia se niegan a colaborar con los agentes de inmigración para detener a indocumentados.

Sessions quiere que esos territorios den aviso previo cuando personas sin papeles estén a punto de ser puestas en libertad bajo custodia y que permiten a los agentes de inmigración la entrada a las cárceles.

Chicago es considerada santuario, entre otras razones, porque su legislación prohíbe a la policía proporcionar a los funcionarios del ICE acceso a quienes están bajo custodia, a menos que se les solicite una orden penal o que tengan condenas criminales graves.

Las políticas de Trump en materia migratoria han provocado rechazo y protestas en muchos lugares del país, en medio de críticas que condenan su intento de criminalizar a los inmigrantes.

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