Migración
La Casa Blanca maniobra para regularizar a los dreamers' a cambio de fondos para el muro con México
Jan Martínez Ahrens, El País
El futuro de los dreamers vuelve a estar escrito en pasado. Durante un decenio su situación legal fue objeto de negociación parlamentaria, pero nunca salió adelante. Tanto en la época de George W. Bush como la de Barack Obama, los diferentes intentos naufragaron. Uno de los últimos fue la llamada Dream Act, que solidificaba su cobertura legal. Superó el listón de la Cámara de Representantes, pero en 2010 cayó por cinco votos en el Senado.
Siete años después, el destino de estos jóvenes inmigrantes ha regresado al Congreso justo cuando mayor es la fractura. En la era Trump, la distancia entre demócratas y republicanos resulta abismal, y las propias filas conservadoras se han vuelto un campo minado. Ni siquiera en sus mayores banderas, como la reforma sanitaria, han sido capaces de lograr el consenso.
Cerrar un pacto en este ecosistema supone una tarea compleja. Trump ha dado un plazo de seis meses antes de cancelar el programa que da cobertura legal a los dreamers y las propuestas bipartidistas no han definido aún su objetivo. Resucitar el Dream Act, establecer un acuerdo puente que otorgue tres años más de vida al programa o incluso una amplia reforma migratoria figuran en el horizonte. La masa crítica para conseguirlo, como reconocen algunos expertos, existe. El propio presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, y figuras tan carismáticas como el senador John McCain se han mostrado partidarios de salvar a los dreamers.
Pero el conglomerado radical puede desestabilizar cualquier avance. En el Gobierno viene representado, entre otros, por el fiscal general, Jeff Sessions. Con un turbulento historial racista, fue el encargado de anunciar el fin del programa creado por Barack Obama. “No podemos admitir a cualquiera que quiera venir aquí, es así de sencillo”, clamó visiblemente satisfecho.
Extremista y xenófobo, este antiguo senador por Alabama asegura una oposición permanente dentro de la Administración a cualquier pacto. Un rechazo que tiene continuidad en un grupo rocoso de parlamentarios que consideran que todo intento de regularización masiva supone una “amnistía y un suicidio político”.
En este mar encrespado, ha emergido una vía que la Casa Blanca apoya. Se trataría de sumar la regularización de los dreamers a un endurecimiento de las medidas migratorias, entre ellas más recursos para la persecución de los indocumentados y, sobre todo, fondos para la construcción del muro con México. “No se puede hacer sólo una cosa, se debe intentar una reforma general”, ha señalado la portavoz del Gobierno, Sarah Huckabee Sanders.
Esta solución es vista con agrado por muchos conservadores dentro y fuera del Congreso. Y daría a Trump el dinero que necesita para su muro, uno de los grandes y más terribles símbolos de su campaña. Pero choca con un rechazo radical de los demócratas. Para ellos, supondría convertir a los jóvenes inmigrantes en rehenes de una negociación radiactiva. “Los dreamers no son moneda de cambio para un muro fronterizo ni una inhumana fuerza de deportación. Punto”, ha declarado el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer.
Aunque en minoría en ambas Cámaras, un rechazo frontal de los demócratas, dada la dispersión de voto republicana y la exigua diferencia en el Senado (cuatro votos), frenaría seguramente la propuesta. Un bloqueo que volvería a dejar a los dreamers en el punto de partida: desamparados y sin papeles.
En este escenario, una de las principales incógnitas radica en qué hará Trump. Todavía no ha asumido aún ninguna iniciativa, pese a que su impulso puede resultar definitivo. Así lo han recordado senadores tan influyentes como el republicano Lindsey O. Graham, uno de los primeros en defender un acuerdo bipartidista. “Presidente, tiene la oportunidad de mostrar ahora al país dónde está su corazón”, ha dicho Graham.
Pero la respuesta del mandatario sigue sin descodificarse. En las últimas 24 horas, igual ha entonado cantos nacionalistas –“que nadie se equivoque, vamos a poner por delante los intereses de los ciudadanos estadounidenses”– que ha proclamado su pasión por los mismos inmigrantes que él ha arrojado al infierno de la incertidumbre. “Tengo amor por esta gente y espero que el Congreso sea capaz de ayudarles de forma correcta. Realmente, no tenemos otra posibilidad”, ha afirmado.
En este balanceo, Trump incluso ha lanzado la idea de que si no se logra un acuerdo parlamentario, se encargará de “revisar el tema”. Una declaración que, dados los antecedentes de mandatario, difícilmente puede ser entendida como una esperanza para los dreamers. Para ellos, la cuenta atrás ha empezado.
16 Estados salen a favor de los dreamers
No están solos. Las fiscalías generales de 16 Estados han salido en defensa de los dreamers y han presentado una demanda conjunta contra la decisión del presidente Donald Trump de poner fin al programa que impide la deportación de los inmigrantes que llegaron de niños a EU. La iniciativa sostiene que se ha retirado a estos inmigrantes de un derecho del que gozaban sin darles posibilidad de recurrir. También apunta a que la medida está basada en prejuicios y puede ser discriminatoria en tanto que el 78% de los afectados son mexicanos. Liderada por las fiscalías de Nueva York y Washington, bajo control demócrata, la demanda considera que con la liquidación del programa DACA, aprobado en 2012 por Barack Obama, se ha dañado a la economía estadounidense y, por lo tanto, a los Estados.
yoselin
Notas Relacionadas
- Departamento de Justicia y un grupo de derechos civiles apelarán sentencia contra el DACA
- Juez en Estados Unidos vuelve a declarar que el programa DACA es ilegal
- Debaten el DACA ante juez de Estados Unidos que inicialmente falló en contra
- Juez federal de Estados Unidos permite continuación temporal del DACA
- Programa DACA nuevamente en manos del juez que lo ilegalizó
