Derechos Humanos
Estados Unidos acusa a Birmania de limpieza étnica ante la ONU
MÓNICA G. PRIETO / El Mundo
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró hoy un debate sobre la catástrofe humanitaria que padece la minoría rohingya, víctima de una campaña de limpieza étnica por parte de Birmania, donde se vertieron tantas críticas como escasa voluntad de parar una situación que podría derivar en genocidio, según muchos observadores.
Por primera vez desde el inicio de la crisis, Estados Unidos -por boca de su embajadora ante la ONU, Nikki Haley- endureció el tono. "No podemos tener miedo de denominar las acciones de las autoridades birmanas como lo que parecen ser: una brutal, sostenida campaña de limpiar el país de una minoría étnica", afirmó Haley en referencia a los rohingya, comunidad musulmana despojada de la nacionalidad birmana desde 1982. "Debería avergonzar a los experimentados líderes birmanos que se han sacrificado tanto por una Birmania abierta y democrática", añadió la embajadora en una obvia referencia a la premio Nobel de la Paz y dirigente civil del país, Aung San Suu Kyi, quien canceló su visita a Naciones Unidas hace algunas semanas para evitar ser sometida a críticas por su gestión, caracterizada por la justificación de la campaña militar.
"El momento del lenguaje diplomático ha pasado. Ahora debemos considerar acciones contra las fuerzas de Seguridad implicadas en abusos que alimentan el odio entre sus ciudadanos", puntualizó Haley, quien pidió a los países el cese del suministro de armas a Birmania. "Los militares birmanos deben respetar los derechos humanos y libertades fundamentales (...) y cualquier país que esté suministrando actualmente armas a Birmania debe suspender esas actividades hasta que se impongan suficientes medidas para depurar responsabilidades", aseguró.
Israel, uno de los principales socios de Estados Unidos, es precisamente uno de los mayores socios armamentísticos de Birmania. El miércoles, el Tribunal Supremo de Israel anunció que mantendrá en secreto el veredicto del caso presentado por activistas de Derechos Humanos que denunciaron al Estado por comerciar con armas con el país surasiático, cuyo Ejército comete abusos sistemáticos en sus combates contra todos los grupos étnicos que mantienen abiertos conflictos en la convulsa Birmania.
El abogado de los demandantes, Itay Mack, sostuvo en su alegato que Israel se ha convertido en el único país occidental en seguir vendiendo armas a un país acusado de estar promoviendo un genocidio, tras la decisión de la Unión Europea y de Estados Unidos de prohibir dicho comercio con Naypyidaw. Sin embargo, el Gobierno de Tel Aviv exigió al Tribunal que declarase secreto su fallo al considerar que no debe interferir en sus negocios, calificados por el Ministerio de Defensa como "pura diplomacia". Como recuerda el diario israelí Haaretz, Tel Aviv tiene un largo historial de venta de armas a fuerzas que han perpetrado masacres, como las dictaduras militares de Chile y Argentina, la Contra nicaragüense, el Apartheid sudafricano, el Genocidio de Ruanda o Sudán del Sur, entre otros.
La situación en el estado de Rakhine, hogar de la mayoría de los rohingya, sigue siendo muy grave: lo demuestra el incesante flujo de refugiados, estimados ya en más de 500,000, lo que implica que la mitad de la comunidad ya ha huido a Bangladesh. Con los tres municipios afectados por la ofensiva militar prácticamente cerrados al acceso de ayuda humanitaria (sólo la Cruz Roja birmana está autorizada para proveer asistencia), resulta lógico esperar que el número de civiles obligados a huir de la violencia, la quema de aldeas y del hambre siga incrementándose.
Naciones Unidas estima que, a finales de año, la cifra podría alcanzar el millón de refugiados, lo que implicaría a la práctica totalidad de los rohingya. Unos 120,000 viven hacinados en campos de desplazados de Sittwe (Rakhine), desde la violencia étnica de 2012 que derivó en un centenar de muertes.
"Pesadilla de Derechos Humanos"
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha tachado la crisis de pesadilla: "La situación se ha convertido en la emergencia de refugiados más rápida del mundo, una pesadilla humanitaria y una pesadilla para los derechos humanos", dijo Guterres en su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que calificó la represión de "inaceptable". Guterres llamó a las fuerzas birmanas a poner fin a su ofensiva "inmediatamente", permitiendo un "acceso sin restricciones" de ayuda humanitaria y permitiendo un "regreso seguro, digno y sostenible de los refugiados a sus zonas de origen".
Sin embargo, no se espera que el Consejo de Seguridad imponga un embargo de armas contra el Ejército birmano ni sanciones puntuales contra individuos implicados en esta orquestada campaña de limpieza étnica, como piden las ONG. Ni Rusia ni China, socios de Birmania con intereses económicos en la zona, están dispuestos a votar a favor de una resolución en ese sentido. Ambos países defendieron hoy la gestión de Naypyidaw: China pidió "paciencia" y "apoyo" para Birmania, mientras que el embajador ruso, Vasili Nebenzia, culpó a los ataques armados rohingya de la actual crisis. "Sabemos los esfuerzos que el Gobierno de Birmania está haciendo" afirmó Nebenzia.
Ayer se supo que Australia lleva días rebajando el tono del texto que se está consensuando en Ginebra para denunciar la decisión birmana de impedir el acceso de la misión internacional de Naciones Unidas -encargada de investigar los presuntos crímenes contra la Humanidad cometidos contra los rohingya- a su territorio. En las reuniones a puerta cerrada para acordar un comunicado conjunto, el Gobierno de Malcolm Turnbull ha insistido en eliminar cualquier referencia a "violaciones y abusos" para sustituirlos por un lacónico "violencia", alegando que no deben "prejuzgar" la situación antes de que los investigadores puedan presentar sus conclusiones.
Aprobada el pasado marzo, el Gobierno de Naypyidaw ha rechazado conceder visados a los integrantes de la misión, por lo cual no han podido comenzar siquiera su labor en Birmania "Consideramos muy importante establecer líneas de comunicación apropiadas con Birmania sobre cuestiones de seguridad, derechos humanos y asuntos humanitarios en el estado de Rakhine", afirmó un portavoz del ministerio australiano de Exteriores citado por The Sidney Morning Herald.
Acusaciones contra la ONU
Una investigación de la BBC ha desvelado la presunta connivencia de altos oficiales de la institución internacional en Birmana con las autoridades de Naypyidaw en lo referido a mantener silencio sobre la flagrantes violaciones de derechos humanos contra los rohingya. Oficiales consultados por el canal británico han denunciado que quien fuera responsable del Equipo Nacional de la ONU en Birmania durante los últimos cuatro años, la canadiense Renata Lok-Dessallien, trató de impedir a sus empleados los viajes a las zonas rohingya, intentó acallar las críticas sobre la discriminación del colectivo y aisló a los funcionarios que advirtieron de una posible campaña de limpieza étnica en Rakhine.
Según la BBC, el objetivo era no incomodar a las autoridades birmanas y promover el desarrollo de Rakhine, confiando en que una eventual prosperidad económica redujese la tensión entre los rohingya y los budistas. Eso implicó que "para el personal de la ONU, hablar públicamente sobre los rohingya se convirtió en algo casi tabú" y que incluso se esquivase el tema en las reuniones internas. Muchos informes de prensa evitaban incluso la palabra rohingya -siguiendo la línea oficial de las autoridades birmanas, para quien no existen los rohingya sino los "inmigrantes bengalíes"- igual que se evitaba mencionar el potencial de la persecución a los miembros de esta minoría en las reuniones internas de los oficiales de la ONU, para evitar represalias del liderazgo.
Aquellos que se negaban a seguir esa línea, como le ocurrió al responsable de ACNUR en Birmania, eran excluidos de las discusiones, hasta el punto de que se convocaban las reuniones en su ausencia. Renata Lok-Dessallien fue reemplazada a principios de junio.
yoselin
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