Panorama Norteamericano
Donald Trump: el emperador y su colonia
La Habana (PL) El 3 de octubre, según fuentes oficiales, el presidente estadounidense Donald Trump viaja a Puerto Rico, la isla caribeña que quedó arrasada por el ciclón María.
Por su condición de Estado Libre Asociado (ELA) de la gran potencia debió recibir rápida ayuda federal ante la tragedia. Pero no es así.
Cinco días después de que el huracán categoría cinco asolara la llamada Isla del Encanto fue que el mandatario se dignó a escribir un tuit en las redes sociales para decir que la situación en la ínsula de 3,4 millones de habitantes era 'un desastre, con miles de millones que le deben a Wall Street y a los bancos, con lo que tristemente hay que lidiar, y pagar'.
El multimillonario presidente, acumulador de los adjetivos más grotescos por su actitud política caricaturesca, no tuvo una palabra de aliento para los residentes de Puerto Rico, considerada tierra arrasada, y colonia disfrazada como ELA, pero que carece de los derechos de los estados de la Unión y de autonomía en materia financiera.
Para el mandatario, los 16 muertos que dejó María a su paso por Borinquen, el colapso de la red de energía -que demorará seis meses en recuperarse-, la falta de agua, gas y comida, de médicos, de la destrucción de miles de viviendas, quedaron fuera de su radar que solo captó qué hará Puerto Rico con la deuda total de 120 mil millones de dólares a sus acreedores.
Deuda que además no puede pagar, y ni siquiera solicitar la ayuda del gobierno federal porque no es considerado, para ello, un estado más, sino una posesión de ultramar.
La consultora estadounidense Air Worldwide calculó de manera preliminar que las pérdidas dejadas por María oscilan entre 34 mil millones y 72 mil millones de dólares, cuando no hay disponibilidad de dinero para enfrentar la catástrofe.
Aunque los residentes en Puerto Rico poseen ciudadanía estadounidense, tienen limitaciones de diverso tipo, si se les compara con un norteamericano común. Ni siquiera disfrutan de derecho a votar por el presidente del gobierno federal, aunque sí son juzgados por sus leyes.
Es una indignidad para los puertorriqueños la actitud de Trump, que ha recibido numerosas críticas de legisladores ante su indiferencia por el desastre, al contrario de su solidaridad con Texas y La Florida, recientemente golpeados por el huracán Irma.
Analistas recuerdan que para la actual administración los boricuas son ciudadanos de tercera categoría, aunque parte importante de la economía nacional.
Más de cinco millones de esos isleños, 10 por ciento de la diáspora hispana, viven en Norteamérica, adonde viajan en busca de empleo y de dinero para enviar a sus parientes en El Caribe.
La situación en la pequeña ínsula es insostenible, según reconoció el propio gobernador local, Ricardo Roselló, quien advirtió a Trump que debía declarar zona de desastre el territorio y enviar ayuda rápida.
Se estima que hay tres millones 411 mil 307 personas en la isla, de las que más de un millón tenían viviendas vulnerables, con techos de zinc y paredes de madera.
Con un tono que reflejaba su decepción, Roselló, del anexionista Partido Nuevo Progresista, recordó al jefe de la Casa Blanca que 'somos ciudadanos estadounidenses y cuando nuestros compatriotas estadounidenses pasaron por tragedias similares esta temporada, Puerto Rico orgullosamente envió equipos de rescate a Texas, albergó una unidad del Pentágono de respuesta rápida y alojó a más de cuatro mil evacuados de las Islas Vírgenes'.
El llamado del gobernador es considerado un acto extremo que reclama del desinterés de la Casa Blanca por su colonia, pues tal petición nunca la hicieron su homólogo de Texas, Greg Abbot, ni el de Florida, Ricky Scott, después de que el huracán Harvey destrozara parte de esos Estados.
Diez días después del desastre, y a regañadientes, el 28 de septiembre el presidente cedió ante la presión de los congresistas demócratas y derogó solo por una semana y tres días la Ley Jones de 1920, que impide a barcos con bandera extranjera anclar en puertos boricuas, lo que hacía imposible el arribo de ayuda internacional por esa vía.
El cuadro es muy difícil para Puerto Rico, atado de pies y manos por su condición colonial, que la hace dependiente de Washington para decidir su sistema financiero, las relaciones exteriores, la migración y el comercio.
Aunque la ayuda federal está aun por verse, y la recuperación de la isla corre a cargo de sus pobladores que tratan de rescatar los despojos dejados por el potente huracán, sí aparecieron por San Juan, la capital, algunos políticos republicanos, como el gobernador de Florida, Scott, y el senador por ese estado, Marco Rubio, quien viajó con la Guardia Costera para evaluar el daño.
También lo hizo el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, acompañado por la congresista Nydia M. Velázquez, que representa partes de Brooklyn.
Para los boricuas la esperanza ahora tiene forma de barco. El 4 de octubre, un día después de la anunciada visita presidencial y a dos semanas del paso del meteoro, debe atracar en la parte sur de la isla el hospital flotante USNN Comfort, que según el gobierno, lleva a bordo más de 500 doctores, enfermeras, personal auxiliar de salud y unidades de la Marina norteamericana.
La realidad indica que la ayuda federal ha sido lenta, desenfocada y tendiente a militarizar la isla, que cada año recibe en el Comité de Descolonización de la ONU el respaldo mundial a su liberación del país norteño bajo cuya tutela está desde 1898.
Puerto Rico tiene sus redes eléctricas en el suelo, las comunicaciones están interrumpidas y ni siquiera hay camiones para los cargamentos de suministros que ya existían almacenados en el puerto. La gasolina está racionada y solo funcionan 34 de los 69 hospitales de la ínsula.
La recuperación de la Isla del Encanto tardará quién sabe cuántos años, y habrá que esperar para saber qué piensa hacer Trump: si obliga a Roselló a pagar una deuda bancaria multimillonaria o destina fondos federales para levantar su arrasada colonia.
regina
