Editorial

Terremoto desnuda corrupción y anarquía

2017-10-16

"Aún es temprano para aventurar conclusiones definitivas sobre estos hechos, pero es...


(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 15 OCT - El terremoto de 7,1 grados en la escala de Richter que mató al menos 369 personas y derrumbó 38 edificios, el 19 de septiembre, descorrió un velo de corrupción y negligencia en la Ciudad de México y puso en evidencia también la falta de organización durante la emergencia.
    
A esta conclusión llegó un informe de la oficina del Ombudsman, en el cual se hace notar que "falta mucho para lograr una mejor y más efectiva protección civil en México".
    
"Aún es temprano para aventurar conclusiones definitivas sobre estos hechos, pero es claro que la omisión, la negligencia, la corrupción y la falta de aplicación de la ley" quedaron al desnudo tras este fenómeno natural, señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
    
El titular de este organismo autónomo, Luis Raúl González, señaló que estas circunstancias "afectaron la seguridad y el patrimonio de las personas" y además costaron numerosas vidas.
    
El sismo de hace casi un mes ocurrió en coincidencia con el 32 aniversario de otro terremoto que asoló la urbe y arrojó entre 10,000 y 15,000 muertos y derrumbó al menos 400 edificios.
    
González admite que "no es posible evitar" un desastre natural pero afirma que "algunas de las consecuencias más dolorosas de los recientes sismos" lleva a preguntarse "cuántos fueron realmente inevitables" y si hubieran podido ahorrarse si "se hubiera actuado con responsabilidad y conciencia".
    
El estudio "Protección Civil y Derechos Humanos" analiza a fondo el terremoto que se registró el 19 de septiembre y su vínculo con las garantías individuales.
    
Para la CNDH las reacciones de la sociedad civil y del gobierno a favor de los damnificados son loables pero "no deben ser solamente reactivas" sino contribuir a crear nuevas normativas, "instituciones fuertes y, sobre todo, una cultura general de prevención de desastres".
    
También plantea la urgencia de "revisar y actualizar" las regulaciones en obras y construcciones tanto en la capital como en una decena de estados afectados por terremoto y el del día 7 de septiembre, de 8 grados Richter, que arrojó un centenar de muertos sobre todo en los estados sureños de Oaxaca y Chiapas.
    
"Las construcciones en nuestro país deben tener como premisa básica la protección y garantía de la integridad de vida de las personas. No hay interés económico o particular que pueda ser más valioso que la vida humana", afirmó.
    
En relación a las acciones en ayuda de las personas afectadas por los derrumbes, el Ombudsman cuestionó la "falta de autoridad que coordinara las labores y brindara información a los familiares de las víctimas".
    
Isabel Miranda, activista por los derechos humanos, que encabeza la organización Alto al Secuestro, criticó la desorganización en las labores de rescate sobre todo en el fatídico colegio privado Enrique Rébsamen, sureste de la capital, donde murieron 26 personas, 19 de ellas niños.
    
"El problema es que no quieren escuchar (.) pero no escuchan, son muy cerrados. Quizá piensan que sólo ellos tienen la razón", afirmó a ANSA, en referencia a los coordinadores del salvamento de la Marina.
    
Ismael Eslava, primer visitador general de la CNDH, señaló que hubo quejas por la falta de "comunicación" y dijo que "no hubo un solo mando que proporcionara información". "En algunos casos lo daba la Marina, en otros un vocero de la capital y en otros la policía federal", indicó. Las quejas por falta de información o por desorganización abundaron en las zonas donde actuaban los equipos de salvamento, aunque sin cuestionar la heroica labor desempeñada por los llamados "topos", algunos provenientes de brigadas internacionales que ayudaron a salvar muchas vidas.
    
En el edificio de la calle Alvaro Obregón, en el tradicional barrio Roma, donde murieron al menos 60 personas y las labores de salvamento se alargaron más tiempo que en otras zonas de edificios colapsados, hubo inclusive una rebelión de familias ante la falta de noticias de sus seres queridos.
    
Tuvo que llegar al sitio el viceministro de Derechos Humanos, Roberto Campa, para ofrecerles garantías de que serían informadas puntualmente de los hallazgos de cuerpos atrapados.



JMRS