Los líderes catalanes enfrentarán cargos de sedición por declarar la independencia

Raphael Minder y Patrick Kingsley, The New York Times

BARCELONA — El fiscal general del Estado español dijo el lunes que Carles Puigdemont, el exlíder catalán, y otros altos funcionarios regionales enfrentarán cargos de sedición después de declarar ilegalmente la independencia de Cataluña.

El fiscal general, José Manuel Maza Martín estuvo a punto de ordenar el arresto inmediato de Puigdemont y otros líderes independentistas pero optó por decir que desea enjuiciar con “carácter urgente” a veinte políticos de la región y les ordenará que se presenten ante una corte de Madrid en los próximos días.

Los jueces decidirán cuándo llamar a Puigdemont y los otros funcionarios, y si acusarlos por los cargos de rebelión, sedición, malversación de fondos y conexos, por organizar y realizar un referéndum independentista el 1 de octubre que fue declarado ilegal por el gobierno y las cortes españolas.

En una gran escalada del conflicto territorial de España, el gobierno central ha asumido el control de la administración regional después de que el presidente Mariano Rajoy invocara poderes de emergencia para sofocar el movimiento independentista en Cataluña.

Jaume Alonso-Cuevillas, uno de los abogados de Puigdemont, dijo al canal de televisión Antena 3 que la acusación del fiscal general era una “verdadera sinrazón”.

No hubo comentarios de parte de Puidemont, y una vocera de su partido, Marta Pascal, dijo que no podía revelar dónde se encontraba el exlíder catalán ni tampoco confirmar si se presentaría ante la corte para enfrentar los cargos.

“Lo que puedo decir es que este fin de semana, he estado en contacto con él, he hablado con él y se encuentra bien”, dijo ella en una conferencia de prensa.

Los legisladores catalanes declararon la independencia el viernes, lo que llevó a Rajoy a despedir a Puigdemont y su gabinete horas después, y disolver el Parlament. Los dos principales partidos de oposición —incluido el de Puigdemont, el Partido Demócrata Europeo Catalán— dijeron el lunes que contenderían en las elecciones regionales programadas para el 21 de diciembre, aunque tal vez ya no como integrantes de la coalición que ganó el mayor número de lugares parlamentarios en 2015.

La posibilidad de que los líderes independentistas enfrenten el cargo de rebelión ha iniciado un gran debate entre los abogados españoles. Diego López Garrido, quien redactó los cambios al código penal relacionados con la rebelión, dijo a Antena 3 que “a mi juicio, no se cometió el delito de rebelión porque no se ha producido violencia”.

Al menos un miembro del gabinete de Puigdemont se presentó a trabajar el lunes por la mañana, después de que el presidente de la región envió un mensaje durante el fin de semana en el que pedía a los catalanes que se opusieran pacíficamente a la toma del poder por parte de Madrid y a la remoción de un gobierno regional electo democráticamente.

Afuera del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de Cataluña, los funcionarios esperaron para ver si el ministro regional, Josep Rull, quien estaba entre los despedidos, trataría de ejercer sus funciones como lo había prometido durante el fin de semana.

Al ser cuestionado sobre quién pensaba que era ahora el ministro regional, Jaume Santaeugenia, de 39 años, un ingeniero civil del ministerio, dijo: “Es Josep Rull, no cabe duda al respecto”. Pero Santaeugenia agregó que él aceptaría órdenes de Rull o su remplazo designado por Madrid, con la condición de que fueran legales.

Si son encontrados culpables de rebelión, Puigdemont, Rull y otros podrían enfrentar hasta 30 años en prisión.

El gobierno de Puigdemont incumplió la Constitución española desde principios de septiembre, cuando los legisladores aprobaron realizar un referéndum vinculante como un paso clave hacia convertirse en un Estado independiente.

El referéndum se realizó, pero fue afectado por los enfrentamientos entre la policía nacional y los ciudadanos catalanes. Los votantes aprobaron abrumadoramente la independencia, pero la consulta se realizó sin garantías legales y la mayoría de las personas en Cataluña que se oponen a la independencia no se acercaron a los lugares de votación para protestar por la convocatoria.

Maza Martín, el fiscal general, había advertido que Puigdemont posiblemente sería arrestado inmediatamente si Cataluña declaraba la independencia de manera unilateral pero sus recientes declaraciones indican que las autoridades de Madrid se mueven cautelosamente y quieren evitar enviar policías españoles a detener políticos catalanes en su territorio.

Un juez de Madrid podría dictar prisión sin fianza para Puigdemont y otros, como ocurrió este mes con otros dos líderes independentistas, Jordi Cuixart and Jordi Sanchez. Se espera que Puigdemont y su gabinete se presenten ante las Cortes Generales. Está previsto que un grupo de legisladores catalanes —incluida Carme Forcadell, presidenta del Parlament— sean llamados por el Tribunal Constitucional porque tienen inmunidad parlamentaria.

Con las medidas de emergencia tomadas durante el fin de semana, Rajoy optó por no designar a un líder provisional de Cataluña. En vez de eso, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría asumió la administración del gobierno catalán desde Madrid y envió a funcionarios sénior del gobierno central a Barcelona.

Juan Ignacio Zoido, el ministro del Interior, dijo el lunes que la toma del control de la policía catalana, conocida como Mossos d’Esquadra, se ha desarrollado con tranquilidad. Zoido Álvarez removió al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, durante el fin de semana y designó como su remplazo a Ferran López, quien se desempeñaba como comisario superior de Coordinación Territorial de los Mossos.

“Queríamos enviar un mensaje de confianza a los Mossos”, dijo Zoido a Antena 3. “Es importante que los Mossos recuperen parte de su credibilidad perdida”.

Bajo las medidas de emergencia permitidas por el artículo 155 de la Constitución española, la provisión invocada por Rajoy para asumir el control de Cataluña, el gobierno de España podría remplazar a los 17,000 agentes de los Mossos con policías españoles. Pero Zoido dijo que “en ningún momento consideramos eliminar a los Mossos d’Esquadra”.

Zoido llamó a los líderes independentistas a sacar las pertenencias personales de sus oficinas el lunes y abandonarlas, para enfocarse solamente en prepararse para las elecciones de diciembre, como candidatos.

El lunes por la mañana, David Oliver, de 43 años, un abogado en el ministerio de Rull i Andreu, fue cauteloso sobre las implicaciones de la decisión de Madrid. “Es un asunto de interpretación”, dijo. “Algunos dirán que alguien en Madrid es el ministro, y otros dirán que es la persona de Cataluña”.

“Hay una diferencia entre lo que quieres y cuál es la situación legal”, agregó. “Aunque el gobierno hizo una declaración de independencia, no hay un documento oficial que diga que la república ha sido fundada”.

Rull i Andreu se infiltró a través de una entrada trasera del ministerio.

“En mi oficina, ejerciendo las responsabilidades que me han sido encomendadas por el pueblo de Cataluña”, escribió en Twitter y agregó una fotografía que lo muestra en su escritorio, donde reposa la edición del lunes de un periódico.

Alrededor de una hora después, se dirigió a una reunión del partido.

Quienes apoyan la independencia lo felicitaron con una ronda de aplausos y explicaron que habían acudido a “proteger a los funcionarios que habían elegido” y “a proteger la nueva república”, dijo Xavier Montagut, un miembro del comité para proteger el referéndum.

Antes de subir a un auto que lo esperaba, pero sin escolta policiaca, Rull dijo a los reporteros que no había retirado sus pertenencias de su oficina.

“Hoy vine a mi oficina a realizar el trabajo que la gente de Cataluña nos confió”, dijo. “Y ahora continuaré, normalmente, con mi agenda”.

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