El expresidente catalán Mas no reúne la fianza por la consulta ilegal de 2014 

Madrid, 16 nov (EFE).- El expresidente de la región de Cataluña Artur Mas no consiguió reunir a tiempo los 5,2 millones de euros (más de 6 millones de dólares) que le reclama el Tribunal de Cuentas de España por emplear dinero público en la consulta independentista ilegal del 9 de noviembre de 2014, cuyo plazo de entrega acaba hoy.

Sin embargo, según dijeron a Efe fuentes judiciales, Mas pidió una nueva prórroga de siete días para hacer frente al pago de la fianza junto a tres antiguos miembros de su gobierno que también fueron condenados por la Justicia por la celebración de la consulta.

Otro expresidente catalán, Carles Puigdemont, y sus antiguos consejeros también están denunciados ante el Tribunal de Cuentas por el Gobierno español por el referéndum ilegal de "autodeterminación" del pasado 1 de octubre.

El Ministerio de Hacienda pide que se les reclamen, en su caso, las "indemnizaciones procedentes", mientras la Justicia los investiga por malversación de fondos públicos, entre otros supuestos delitos.

Mas depositó hoy mismo otros 400,000 euros de la fianza, después de que a mediados de octubre aportara 2,2 millones y se le concediera una prórroga para que reuniera el resto, informaron fuentes del Tribunal de Cuentas. Desde entonces, había entregado otros 200,000 euros.

Este órgano, encargado de fiscalizar el sector público español, iniciaría los trámites para el embargo de bienes personales en caso de que no se completara el abono de la fianza.

Mas, presidente catalán de 2010 a 2016, convocó en noviembre de 2014 un referéndum sobre la independentista de Cataluña, que se celebró como una consulta no vinculante y sin valor legal tras ser suspendido por el Tribunal Constitucional español.

El expresidente fue condenado a dos años de inhabilitación y el Tribunal de Cuentas lo investigó por supuesto desvío de dinero para dicha consulta.

Puigdemont, por su parte, y cuatro de sus exconsejeros permanecen en Bélgica a la espera de que la Justicia de este país se pronuncie sobre la orden europea de detención y entrega que dictó la jueza española Carmen Lamela por no comparecer en la Audiencia Nacional el 2 de noviembre, cuando estaban citados. 

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