Derechos Humanos

CNDH de México advierte que Ley de Seguridad amenaza derechos humanos

2017-12-05

La CNDH emitió un posicionamiento en que sostiene que "la relevancia de las tareas que...


México, 4 dic (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México sostuvo hoy que la propuesta de Ley de Seguridad Interior que el Senado se dispone a debatir esta semana conlleva, en los términos en que está planteada, "la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicos" de los mexicanos.

La CNDH emitió un posicionamiento en que sostiene que "la relevancia de las tareas que las Fuerzas Armadas llevan a cabo desde hace más de diez años como consecuencia de la crítica situación de violencia e inseguridad que ha enfrentado el país, derivada de las actividades ilícitas vinculadas a organizaciones criminales", ha propiciado que se plantee la emisión de una ley en la materia.

Si bien la emisión de dicho instrumento podría explicarse en el contexto del abatimiento de la violencia, "lo cierto es que la propuesta de ley cuya aprobación se plantea trasciende, por mucho, el ámbito estrictamente vinculado a la seguridad de las personas", expuso.

De acuerdo con el organismo autónomo, ello genera "el riesgo potencial de que (la ley) pueda aplicarse discrecionalmente a cualquier tipo de actividad humana, en tanto la misma sea calificada de riesgo a la Seguridad Interior, sin que existan parámetros objetivos para ello".

"En este sentido, la aprobación de la propuesta de ley en los términos en que se presenta genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicos reconocidos en favor de las y los mexicanos", sostuvo.

Asimismo, añadió, la aprobación del ordenamiento afectaría el equilibrio entre órganos y poderes del Estado "al conceder al Ejecutivo federal facultades extraordinarias para ordenar, de manera discrecional, la movilización de las Fuerzas Armadas y aplicar condiciones de excepción a la convivencia democrática".

De acuerdo con la Comisión, la emisión de la ley contribuiría a mantener el estado actual de cosas al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas, "dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas desde los distintos niveles y órdenes de gobierno para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles".

A estas corporaciones, enfatizó, corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de seguridad pública en términos del artículo 21 constitucional.

"Más que atender las causas de la violencia y de la inseguridad en un contexto de prevención, se estaría privilegiando un enfoque reactivo sustentado en el uso de la fuerza como la vía para recuperar la convivencia social pacífica en nuestra sociedad", expuso.

Para la CNDH, los contenidos de la ley "deben ser respetuosos de la dignidad humana, del marco jurídico vigente en el país y encuadrarse dentro de una política integral que incida positivamente en los problemas de seguridad y justicia que enfrentamos".

Por su parte, la Universidad Iberoamericana y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) hicieron un llamado a que los senadores no aprueben el documento, avalado ya el 30 de noviembre la Cámara de Diputados.

Si los senadores aprueban la Ley de Seguridad Interior, "estaremos ante un acontecimiento que podría acarrear consecuencias aún peores en materia de inseguridad, violencia, violaciones a los derechos humanos y criminalización de la protesta social", indicaron en un comunicado conjunto.

Añadieron que la iniciativa oficialista "podría producir un efecto de militarización irreversible y de consecuencias irreparables".

La propuesta incluye una definición ambigua de seguridad interior, "lo que en la práctica derivaría en la identificación discrecional de riesgos y amenazas que justificarían la intervención militar", sostuvieron.

"La ley permitiría a las Fuerzas Armadas actuar por sí, sin coordinarse y menos aún subordinarse al poder civil, lo cual es una seria amenaza a la continuidad de las instituciones democráticas", puntualizaron.

Las Fuerzas Armadas han asumido tareas de seguridad pública durante la última década desde que salieron a las calles en el marco de la guerra contra las drogas emprendida por el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).

La nueva ley destaca que la aplicación de la ley le corresponderá a las fuerzas estatales y federales, y solo "cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Fuerzas Armadas". 



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