Expertos de la ONU ponen en entredicho acuerdo entre Birmania y Bangladesh 

Ginebra, 5 dic (EFE).- Los expertos de Derechos Humanos de la ONU pusieron hoy en entredicho el acuerdo alcanzado entre Bangladesh y Birmania para repatriar desde el primer país al millón de rohinyás que han huido en los últimos años huyendo de la represión.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró hoy una sesión especial sobre las libertades fundamentales de la minoría musulmana rohinyá, discriminada durante décadas en Birmania, donde no se les reconoce como ciudadanos.

A mediados de agosto pasado, el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) atacó puestos de las fuerzas de seguridad birmanas y estos atentados desataron una devastadora represión del Ejército y la Policía que obligó a huir 626,000 personas del estado de Rakáin hacia el vecino Bangladesh.

Estas personas se sumaron a más de 300,000 refugiados que ya estaban en Bangladesh y que habían huido en años anteriores huyendo de previas olas de violencia.

El pasado 23 de noviembre, Bangladesh y Birmania alcanzaron un acuerdo bilateral para repatriar a suelo birmano a aquellos refugiados que cuenten con la documentación necesaria.

El acuerdo especifica que la decisión final sobre los repatriados dependerá del Gobierno birmano, y también detalla que éste gobierno no "perseguirá o penalizará" a los retornados por haber salido ilegalmente del país "a menos que haya casos específicos de participación en actividades terroristas o criminales".

Catalina Devandas Aguilar, coordinadora de los 56 relatores especiales de derechos humanos de la ONU, denunció durante la sesión especial que el principal criterio para aceptar el retorno de los refugiados es su habilidad para demostrar que tienen documentos válidos.

"Más allá del hecho de que cuando eres atacado y te obligan a huir de tu hogar, seguramente estás más centrado en salvar tu vida y la de tus familiares, es ampliamente conocido que la mayoría no tienen documentos de identidad, porque éstos han sido revocados, retirados o invalidados a lo largo de los años", dijo.

Devandas recordó que durante décadas, los sucesivos gobiernos de Myanmar han discriminado a la comunidad rohinyá entre otros aspectos, denegándoles la nacionalidad.

Es por ello que la experta dudó de los efectos del acuerdo bilateral dado que si no hay documentos no se puede acreditar la identidad.

Asimismo, denunció que el documento no sólo no se refiere a los rohinyás como tales, por su nombre, si no que tampoco se refiere a ellos como refugiados.

La sola mención que se hace en el documento a los "refugiados" es para decir que la acreditación como tales por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) no se tendrá en cuenta, especificó Devandas.

"En otras palabras, ninguno de los dos gobiernos reconoce que la población rohinyá ha huido como consecuencia de persecución", denunció.

Asimismo, la relatora denunció que los refugiados que quieran retornar no tendrán libertad de movimientos y serán confinados.

Según explicaron las autoridades de ambos países, los retornados serán enviados a un refugio temporal por un periodo limitado de tiempo" y luego "destinados a sus antiguas residencias o zonas cercanas a su elección".

Devandas recordó que los 120,000 rohinyás desplazados de sus hogares por la violencia de 2012 todavía están confinados en campos en el estado de Rakáin.

El embajador de Birmania ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Htin Lynn, respondió a Devandas afirmando que no habrá campamentos y que el confinamiento será temporal hasta que los pueblos -arrasados por la represión- sean reconstruidos. 

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