Nacional - Seguridad y Justicia

Once años más tarde, la violencia sigue rampante

2017-12-18

Tras enviar unos 5,000 elementos al estado sureño de Michoacán, donde nació,...

Por Marcos Romero

(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 17 DIC - A 11 años del lanzamiento de la guerra contra el crimen lanzada por el gobierno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, resultó a juicio de los expertos un fracaso absoluto, pues la violencia sigue rampante y el país está sumido en una vorágine de sangre y muerte sin salida a la vista.
    
El 11 de diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), del conservador Partido Acción Nacional (PAN), lanzó una sorpresiva ofensiva sin precedentes contra el crimen organizado, cuyas líneas había apenas insinuado en su mensaje de asunción al poder 10 días antes.
   
Tras enviar unos 5,000 elementos al estado sureño de Michoacán, donde nació, Calderón señaló en un mensaje "churchilliano" que "los padres de familia pueden estar seguros de que haremos lo necesario para que sus hijos no sean víctimas del narcotráfico y de su acción criminal".
    
"Esta no será una tarea fácil ni rápida, tomará mucho tiempo, implicará enormes recursos e incluso la pérdida lamentable de vidas humanas", advirtió.
    
El discurso pareció profético pues 11 años después se contabilizan más de 200,000 muertos, unos 300,000 desplazados y al menos 30,000 desaparecidos, de acuerdo con cifras oficiales. Aunque pocos recordaron la efeméride, el tema gravita todos los días en los medios y apenas octubre pasado fue proclamado como el más violento en 20 años, con más de 2,000 asesinatos intencionales.
    
El escritor Jorge Volpi estima que el resultado de la estrategia anticrimen ha sido una especie de "guerra civil legal" con "cientos de miles de desaparecidos y desplazados además de un sinfín de violaciones a los derechos humanos perpetrados por los distintos cuerpos de seguridad involucrados en la lucha".
    
Volpi, exponente notable de la llamada "Generación del Crack" y autor de "En busca de Klingsor" y "La paz de los sepulcros", recuerda que las Fuerzas Armadas de México "gozaban de un prestigio inédito en América Latina debido a su involucramiento en catástrofes naturales".
    
Pero desde que Calderón decidió incorporarlas a la guerra contra el crimen, "esta percepción se desplomó en cuanto se hicieron evidentes sus abusos y la corrupción que se incrusta en todos los cuerpos que combaten al narcotráfico".
    
El aniversario número 11 del lanzamiento de esta "guerra contra el crimen" coincide con la aprobación de una Ley de Seguridad Interior por la Cámara de Diputados, cuestionada seriamente por organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional y Human Right Watch, y por relatores y funcionarios de Naciones Unidas.
    
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, lanzó fuertes críticas contra la legislación, que pretende regular y acotar el papel de las Fuerzas Armadas en la batalla contra las drogas.
    
El pasado día 4, Hussein pidió al Estado mexicano no aprobar la ley por considerar que es ambigua y "podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes encargados de hacer cumplir la ley".
    
El gobierno le respondió por medio del vicecanciller Miguel Ruiz y el viceministro para los Derechos Humanos del ministerio de Gobernación, Roberto Campa, con el argumento de que no supone "una militarización de la seguridad pública". Las ONGs y los críticos creen que consideran que la normativa busca "blindar" al Ejército y la Marina de eventuales juicios en tribunales nacionales e internacionales por graves abusos a los derechos humanos.
    
Se trata de un instrumento "no destinado tanto a regular su actuación, como a protegerlas (a las Fuerzas Armadas) frente a un cúmulo de denuncias por violaciones a derechos humanos", dijo Volpi.
    
"El ordenamiento vuelve permanente y legal el estado de excepción" instaurado por el ex presidente Felipe Calderón, señaló. 



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