Internacional - Política

Batalla campal en Buenos Aires para frenar la reforma de las pensiones 

2017-12-18

Argentina demostró una vez más que es el país de Latinoamérica donde es...

Carlos E. Cué, Federico Rivas Molina, El País


Argentina demostró una vez más que es el país de Latinoamérica donde es más difícil sacar adelante reformas impopulares. Una masiva movilización a las puertas del Congreso, con fuertes disturbios que hicieron retroceder a la policía varias veces, trató de frenar el segundo intento de Mauricio Macri de aprobar la polémica reforma de las pensiones. Pero esta vez no lo estaban logrando. La semana pasada, el escándalo de los disturbios y la tensión dentro del Congreso forzaron a levantar la sesión.

Esta vez el Gobierno aprendió la lección y cambió en dos frentes. Primero, buscó más apoyos de los parlamentarios, con un pacto con algunos gobernadores peronistas y un compromiso de dar a los pensionistas una paga extra que suavizara la pérdida de poder adquisitivo. Y después, dio órdenes a la policía para que resistiera sin forzar una represión brutal. Aún así, los disturbios crecían y los manifestantes ganaban a base de pedradas metro a metro camino del Congreso.

Los disturbios se podían seguir en directo en televisión con una cobertura con decenas de cámaras que por momentos parecía una película de acción, con avances y retrocesos de una enorme masa de manifestantes dispuesta a todo para intentar frenar la sesión del Congreso. Las órdenes de la policía de no responder eran absolutamente evidentes y en ocasiones quedaron acorralados a pocos metros de los manifestantes. Los piedrazos, en ocasiones respondidos por la policía con otros, provocaron heridos en ambos bandos.

La ley es el resultado de una minuciosa estrategia política, desplegada en varios frentes a la vez. El fracaso de la sesión del jueves, en la que el Gobierno no consiguió quorum para iniciar la sesión y la gendarmería reprimió con gases y balas de goma a los manifestantes fuera del Congreso, obligó a Macri a pactar con el peronismo los votos y a cambiar el esquema de seguridad. El Congreso fue blindado como aquel día, pero en lugar de la Gendarmería, una fuerza militarizada a cargo del control de las fronteras, la seguridad estuvo a cargo de la policía de la ciudad. La decisión supuso el desplazamiento de una fuerza nacional por una comunal. Y fue un mensaje para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticada hasta por aliados de Macri por lo que consideraron el jueves una exhibición innecesaria de fuerza.

Esta vez, el cambio de estrategia fue evidente. Decenas de manifestantes arrojaron piedras y bombas de estruendo contra policías que resistieron durante más de una hora tras sus escudos de acrílico antes de responder con bombas de gas y bolas de goma. La orden ha sido aguantar todo lo posible para evitar las postales del jueves. Mientras la cabecera de la protesta se resolvía con violencia, los partidos de izquierda y movimiento sociales más combativos cortaron los principales accesos a la ciudad, sobre todo los puentes que cruzan el río hacia el sur y las autopistas que llegan desde el norte y el oeste, y realizaron piquetes en las principales avenidas. A la movilización en la calle se le sumó una huelga general de la Confederación General del Trabajo (CGT), la central peronista más poderosa del país, una decisión que puso fin a la tregua que mantuvieron hasta ahora con el Gobierno. La huelga arrancó al mediodía del lunes y no alcanzó en el arranque al transporte, una estrategia para facilitar la movilización.

Mientras la CGT iba a la huelga y los grupos piqueteros salían a la calle, el Gobierno desplegaba todos los recursos políticos a su alcance para garantizar los votos a la reforma. Antes de la sesión, Macri consiguió que la mayor parte de los gobernadores peronistas, donde reside el poder territorial fuera de Buenos Aires, dieran su apoyo explícito a la reforma con una foto que los reunió en el Congreso. No fue un apoyo gratuito, para ninguna de las dos partes. La reforma de las jubilaciones formó parte del pacto fiscal que el Presidente firmó con las provincias en noviembre pasado. El texto comprometió a los gobernadores a reducir el déficit de sus administraciones y a dar apoyo a las reformas estructurales que impulsa la Casa Rosada tanto en jubilaciones como en el sistema tributario. A cambio, los gobernadores consiguieron los fondos necesarios del gobierno central.

La reforma jubilatoria es un gran desafío para Macri, por el rechazo que genera entre los argentinos cualquier cambio que pueda suponer una bajada de los ingresos. Los ánimos no son los mejores para cambios, como se ha hecho evidente tras la tumultuosa sesión de la semana pasada, que casi termina a golpes entre diputados oficialistas y opositores liderados por el kirchnerismo. La propuesta oficial no apunta a cambios estructurales, sino en la forma en que se calcula la actualización de los haberes en un país con la segunda inflación más alta de América Latina, después de Venezuela. El krichnerismo ideo una ecuación que tomaba en cuenta el aumento de los ingresos en el sistema y la subida de precios con actualizaciones dos veces por año. El macrismo pretende cambiar esa fórmula por otra que define el porcentaje de aumento según la subida de los salarios formales y la inflación con actualizaciones trimestrales. El problema ha sido que la cuenta dio negativa para los jubilados. Según los cálculos de los expertos, el nuevo índice otorgará una subida de 5,7%, frente al 14% de la fórmula actual.

El argumento oficial es que es cuestión de tiempo para que el nuevo sistema finalmente “empalme” con el nuevo, es decir que a largo plazo las subidas serán similares y se estabilizarán a medida que baje la inflación, como espera el Gobierno. Para compensar la pérdida inicial y tras el fracaso legislativo de la semana pasada, Macri ofreció a los diputados más dubitativos que el Estado aporte en marzo de 5,000 millones de pesos (294 millones de dólares) a repartir entre nueve millones de jubilados. El bono ha sido clave para destrabar los votos que necesita Macri en Diputados, pero no convenció a la oposición, que prometió mantener el pulso contra la reforma.



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