Nacional - Seguridad y Justicia
Ley de seguridad interna en manos de la Corte
(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 22 DIC - El presidente de México, Enrique Peña Nieto, cedió a las presiones de entidades civiles, los expertos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y dejó en manos de la Suprema Corte la última palabra sobre la ley de seguridad interna.
La normativa es duramente cuestionada por brindar protección a futuro a las Fuerzas Armadas en la lucha anticrimen, lanzada hace 11 años por el entonces presidente Felipe Calderón, con apoyo de los militares, y que ha arrojado según cifras oficiales actualizadas unos 235,000 muertos.
El decreto para la entrada en vigencia del cuestionado ordenamiento fue publicado la tarde del jueves en el Diario Oficial de la Federación, pero casi al mismo tiempo el mandatario señaló que esperaría a que la Suprema Corte se pronunciara.
Actualmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia y legisladores preparan recursos de inconstitucionalidad.
"Soy consciente de que este ordenamiento especialmente sensible", señaló Peña durante una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, por lo que indicó que no emitiría la "declaratoria de protección de seguridad interior" prevista en la normativa para algunos estados golpeados por la criminalidad "hasta que el máximo tribunal decida".
El plazo para impugnar la ley ante la Corte será de 30 días pero ya las referidas instancias anunciaron que apelarían.
Hace dos décadas, la Suprema Corte declaro constitucional la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública, pero en términos muy genéricos, y ahora se espera que entre en detalle en varias cláusulas cuestionadas.
Uno de los magistrados más influyentes del tribunal, José Ramón Cossío, ha señalado claramente que la Carta Magna no permite al Ejército salir de sus cuarteles "en tiempos de paz", pero se requiere el voto de 8 de los 11 miembros.
De todos modos, Peña Nieto no se salvó de la lluvia de críticas de la oposición que le reprochó haber desoído el clamor de un amplio sector de la sociedad civil que le reclamaba abstenerse de promulgar la ley.
Emilio Alvarez Icaza, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDC) señaló que "su lugar en la historia" estará "del lado de la vergüenza e ignominia", no sólo "por la escandalosa corrupción, sino por la violencia y el baño de sangre".
Sin embargo, el activista llamó a "dar la batalla" en la Suprema Corte, donde se cree que habrá en efecto un debate con pronóstico reservado.
Margarita Zavala, precandidata presidencial independiente y la esposa del presidente Calderón, acusado de haber metido a México en esta "guerra interminable" contra el crimen, cuestionó la decisión de Peña de responsabilizar a la Corte del tema.
"Si la corte debe revisar la Ley de Seguridad Interior, debería él mismo hacer las observaciones" pues la Constitución le da esa facultad, para lo cual inclusive podría recurrir al veto.
Organizaciones no gubernamentales como el colectivo "Seguridad Sin Guerra" también cuestionó a Peña por la promulgación "sin escuchar las voces de organizaciones nacionales e internacionales que advertían sobre sus riegos".
La coalición, que agrupa a más de 250 ONGs y más de 100 especialistas calificaron la ley como "de dudosa constitucionaldad".
Además, dijeron que la promesa del mandatario de no emitir "declaratoria alguna" de protección de seguridad interior "es una simulación más en este penoso proceso". Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, dijo que Peña "no escuchó evidentemente a la sociedad civil, a quienes vivimos en el día a día los problemas de la inseguridad porque no andamos armados, en carros blindados".
regina
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