Internacional - Seguridad y Justicia

Aprobada ley que limita a la Policía israelí en investigaciones de corrupción

2017-12-28

Tampoco se aplicará la nueva norma a otras investigaciones en curso que vinculan a...

 

Jerusalén, 28 dic (EFE).- El Parlamento israelí aprobó hoy, tras dos días de bloqueo institucional, una controvertida ley que impide a la Policía divulgar si recomienda la acusación de sus investigados, funcionarios públicos y altos cargos políticos.

Los parlamentarios opuestos al proyecto de ley impidieron el funcionamiento normal de la Knéset durante dos días para hacer descarrilar la propuesta y llamar la atención de la ciudadanía sobre su contenido.

La ley, que tiene como propósito limitar la capacidad de la Policía para emitir recomendaciones por escrito a la Fiscalía en casos en los que figuras públicas sean sospechosas de haber cometido delitos, finalmente fue aprobada esta madrugada por una mayoría de 59 votos a favor y 54 en contra.

La "ley de las recomendaciones", que impide a la Policía hacer público si aconseja la acusación de los sospechosos en ciertas investigaciones de funcionarios o altos cargos políticos, no se aplicará a los casos abiertos.

Los opositores a la ley a lo largo de todo el proceso han señalado que ha sido creada para proteger al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sospechoso en dos casos de corrupción y fraude, a los que sin embargo no va a afectar la nueva norma y, por consiguiente, seguirán con el procedimiento ya establecido de investigación.

Tampoco se aplicará la nueva norma a otras investigaciones en curso que vinculan a personalidades del partido de Netanyahu, el derechista Likud, como el ministro de Bienestar, Jaim Katz, o el diputado David Bitan, así como al ministro del Interior, Arie Deri, del partido ultraortodoxo sefardí Shas, aliado en la coalición de gobierno.

Los comentaristas señalan que aunque el primer ministro se haya visto afectado por las filtraciones de las recomendaciones policiales hasta ahora, si eventualmente se viera involucrado en investigaciones futuras, esta ley le beneficiaría porque podría quedar eximido.

La táctica usada por los diputados para no permitir la aprobación del texto en su segunda y tercera lecturas (preceptivas en la Knéset para que una norma se convierta en ley) fue ocupar el podio durante horas y llenar como fuera las 45 horas asignadas a las mociones.

Yoel Jasón, de la coalición de centroizquierda Unión Sionista, se pasó tres horas en el podio leyendo mensajes de WhatsApp de sus votantes en contra del proyecto.

Su compañero de formación Eitan Cabel leyó y cantó pasajes de la Biblia y luego pasó a conversar con Ahmed Tibi, de la Lista Árabe Unida, sobre el partido de Liga jugado el pasado día 23 entre el Real Madrid y el Barcelona.

De este modo, todos los comités parlamentarios del martes y miércoles fueron cancelados.

Con esta actitud, argumentan los comentaristas, la oposición trató de paliar el daño que sufrió su imagen cuando 17 de sus parlamentarios estuvieron ausentes de la votación de la misma propuesta que fue aprobada en primera lectura.

El partido opositor Yesh Atid (Hay Futuro, en hebreo) anunció que llevará la ley al Tribunal Supremo hoy mismo para su revocación.

"No podemos permitir que la democracia israelí se corrompa a si misma con una ley que viola el principio de igualdad, una ley cuyo propósito es intimidar a la Policía y agentes de la ley", dijo la parlamentaria Karine Elharrar, de Yesh Atid, a la salida de la Knéset hoy, según recogió el canal de televisión Kan.

La ley ha sido aprobada precisamente cuando la Policía se preparaba para emitir sus recomendaciones sobre los dos casos de corrupción en los que Netanyahu es investigado.

El primer ministro es sospechoso de haber recibido regalos lujosos de empresarios y de pactar con un editor de periódico para perjudicar a su competencia a cambio de una cobertura más favorable.

Los opositores a la ley señalan que ha sido diseñada para proteger a políticos corruptos del hostigamiento público, para acallar las investigaciones y restar autoridad a la Policía.

Sin embargo, sus partidarios argumentan que las recomendaciones policiales, una vez filtradas a la prensa, causan un daño irreparable a la reputación de los sospechosos y rara vez acaban en acusaciones formales frente a los tribunales.



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