Nacional - Política

Gobernador Javier Corral acusa represalias por investigar al PRI 

2018-01-09

El gobernador mexicano del estado de Chihuahua acusó el lunes que el gobierno federal del...

Azam Ahmed y Paulina Villegas

CIUDAD DE MÉXICO — El gobernador mexicano del estado de Chihuahua acusó el lunes que el gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto le estaba negando a recursos vitales al estado con el fin de frenar una investigación de corrupción que llega hasta los más altos mandos del partido gobernante del país.

El gobernador, Javier Corral, afirmó que las autoridades federales le prometieron en diciembre la entrega de millones de dólares para ayudar a sanear las deficiencias presupuestarias en el estado de Chihuahua, que se encuentra en medio de una crisis financiera. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ha negado a depositar una parte de esos fondos, según denucnió el gobernador en una conferencia de prensa el lunes en Ciudad de México.

El gobernador se refirió a una reunión de veinte minutos que habría tenido el 4 de enero con el secretario federal de Hacienda, José Antonio González Anaya, y otros funcionarios en la que aseguró que el mismo González Anaya le dijo que Chihuahua no obtendría los recursos a menos que los funcionarios de ese estado le dieran más información sobre la investigación.

“Para nuestra sorpresa”, dijo el gobernador a un grupo de reporteros que estaban reunidos en un hotel para la conferencia, “quedó perfectamente claro” que “el motivo por el que nos dejaron de depositar los recursos convenidos a nuestra entidad es el desarrollo de esta investigación”.

Otro de los asistentes a la reunión, el secretario de Hacienda del gobierno de Corral, respaldó la versión del gobernador en una entrevista con The New York Times.

En un mensaje, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que la entrega de parte de los fondos no fueron pagados pues la cuenta proporcionada por el gobierno chihuahuense para el depósito “estaba registrada como inexistente” y otra parte no fue transferida “por falta de disponibilidad presupuestaria”. El subsecretario de Ingresos Miguel Messmacher –quien también habría estado en la reunión– dijo en una entrevista radial que, si se llegaron a retener fondos, esto fue en parte por dudas sobre si se podía usar el “mecanismo financiero” de entrega, dado que parte de la investigación del estado gira sobre el uso de ese instrumento para los presuntos desvíos. Messmacher aseguró que no cuestionan “ninguna investigación que se pueda hacer sobre el uso de recursos ni corrupción”.

El presidente Peña Nieto después le dijo a la prensa local que tanto la conferencia de prensa del gobernador Corral como las acusaciones que hizo parecían ser “un acto político” y un “acto partidario”. Corral pertenece al opositor Partido de Acción Nacional.

El caso en cuestión tiene todas las posibilidades de ser explosivo: los fiscales de Chihuahua están estudiando el presunto desvío de más de 10 millones de dólares de fondos públicos para ser usados en campañas electorales de candidatos del partido político del presidente, según cientos de documentos y de acuerdo con el testimonio de exfuncionarios que fueron revisados por el Times.

El caso ya ha involucrado a más de veinte personas, incluyendo a un personaje cercano al presidente y militante de su partido, Alejandro Gutiérrez, quien está acusado de operar el esquema de malversación en el país.

Gutiérrez era un asesor financiero de alto nivel del exsecretario general del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, una de las figuras políticas con mayor poder y quien ha sido señalado como el autor intelectual del esquema de malversación, según los documentos revisados por el Times.

Esta investigación podría descarrilar las ambiciones del PRI de mantener el poder este año en las elecciones presidenciales. La corrupción y la impunidad han manchado el legado de Peña Nieto, quien tiene uno de los peores índices de aprobación de los últimos veinticinco años. Mientras el país se dirige a las elecciones del próximo 1 de julio, algunos analistas dicen que el PRI está cada vez más desesperado por cubrir cualquier posible escándalo de corrupción.

Es en este escenario que Corral, un gobernador de un partido opositor, ha iniciado su cruzada en contra de la corrupción. Ahora, parece que el gobernador está poniendo en juego las finanzas de su estado para conservar su investigación.

“Aquí hay un intento de estrangular económicamente al gobierno de Chihuahua”, dijo Corral.

El lunes, el gobernador reclamó públicamente que el gobierno federal faltó a su compromiso con Chihuahua. Según los documentos revisados por The New York Times, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmó cuatro acuerdos en diciembre con funcionarios de Chihuahua en los que se comprometían a transferir alrededor de 780 millones de pesos para finales de ese mes.

Pero conforme se acercaba el cierre del año, según Corral, el dinero no había llegado; funcionarios del estado indicaron que, hasta la fecha, solo se ha hecho el envío de casi 20,5 millones de pesos mexicanos, alrededor de 1 millón de dólares.

Corral dijo que presionado por el tiempo para pagar recursos como la nómina, se vio forzado a pedir un préstamo, lo que afectaría aún más las finanzas del estado. Aseguró que pasaron varios días antes de que pudiera reunirse con González Anaya después de solicitar información sobre los fondos faltantes.

En esa reunión, según el recuento del gobernador, González Anaya primero le dijo que el problema con el dinero se debía a que la pesquisa parecía poner en entredicho el “mecanismo de transferencia de recursos” dado que se indaga el pago de 250 millones de dólares presuntamente malversados y que, por tanto, no se podía utilizar el mismo mecanismo para hacer el movimiento de los fondos públicos solicitados. El gobernador dijo que tal argumento “carece de asidero jurídico” ya que un tema es el mal uso de dinero público para fines políticos que habría sucedido bajo la mira del exgobernador César Duarte, del PRI, y otro tema es el de los acuerdos alcanzados en diciembre para los más de 780 millones de pesos requeridos para sanear las finanzas estatales.

“¿A alguien le parece descabellado pensar que la reacción del gobierno federal es del tamaño de su miedo a que las investigaciones de la fiscalía de Chihuahua lleguen al corazón de un régimen que se ha caracterizado por su corrupción?”, espetó Corral en la conferencia de prensa del lunes.

“Hemos roto el pacto de impunidad que trasciende las fronteras del Estado de Chihuahua, y quieren hacernos pagar las consecuencias”, añadió. “Yo no voy a ceder ante las represalias y los amagos”.



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