Reportajes
Inmigrantes centroamericanos: condenados a regresar al infierno
"Aquí no nos interesa la vida de ustedes. Aquí hacemos nuestro trabajo que es deportarles a ustedes". Esta respuesta de un agente mexicano del Instituto Nacional de Migración de México (INM) a un inmigrante hondureño de 27 años, que expresaba el miedo que tenía a regresar a su país y que pudiera ser asesinado, enmarca el nuevo informe de Amnistía Internacional (AI) sobre el trato que reciben de las autoridades mexicanas los extranjeros que piden asilo.
Tras una nueva encuesta realizada a pie de campo a 500 inmigrantes centroamericanos, el informe de la ONG afirma que "México incumple sistemáticamente el principio de no devolución (non-refoulement), pilar vinculante del derecho internacional y mexicano que prohíbe la devolución de personas a situaciones donde corran riesgo real de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos".
Un ejemplo práctico de uno de esos miles de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, principales focos de esa inmigración que huye de la violencia y que ya no podrá volver a intentar llegar a Estados Unidos, destino prioritario de ese largo y tortuoso camino, es Saúl. Saúl, nombre ficticio para proteger su identidad, es hoy un cadáver al que condenaron a regresar junto a sus futuros asesinos.
"Saúl trabajaba en el sector del transporte de Honduras como conductor de autobús. El ACNUR ha clasificado específicamente el sector del transporte como una de las cinco categorías concretas de perfiles en situación de riesgo en el contexto de la violencia generalizada de Honduras, dado el control que ejercen las maras por medio de extorsiones o "impuestos de guerra" a los conductores de autobuses. En noviembre de 2015 Saúl sufrió un ataque armado, en el que dos de sus hijos resultaron heridos de gravedad. Como temía por su vida, huyó a México y solicitó asilo. La Comisión Mexicana de Ayuda a refugiados (Comar) le denegó el asilo por considerar que tenía opciones en materia de seguridad en su país, y el INM violó entonces el principio de no devolución deportándolo dentro del periodo de 15 días en que tenía legalmente derecho a recurrir la decisión. El equipo de investigación de Amnistía Internacional entrevistó a Saúl en Honduras en julio de 2016, tres semanas después de que lo deportaran. Expresó mucho temor por su vida, pues ya había sufrido un ataque en su casa a su regreso. Unos días más tarde, lo asesinaron", señala el informe de AI.
Un trato violento y abusivo
Según los datos obtenidos por la ONG, que afirma que "las autoridades migratorias mexicanas obligan de manera habitual a regresar a sus países a miles de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala sin tener en cuenta los riesgos para su vida", el 49% de los inmigrantes afirma que recibieron un trato malo o muy malo de los agentes del INM, por un 35% que manifiestan que el trato fue bueno o muy bueno. Además, el 75% manifiesta que en el momento de la detención no les fue explicado el derecho a pedir refugio o asilo.
Sobre el tiempo que dura la entrevista que realizan los funcionarios para entender y catalogar a cada detenido, el 57% asegura que fue entre 0 y 10 minutos, y sólo el 8% manifiesta que haya durado más de una hora.
Las prisas, en una frontera sur de México abarrotada y que en muchos casos hace de primer filtro de la frontera norte a los Estados Unidos, convierten los procesos de detención en un proceso de abuso por parte de unas autoridades que necesitan acelerar las deportaciones. "El oficial de la Estación Migratoria me dijo que si no firmaba aquí (el papel de retorno), no me darían comida, ni me dejarían bañarme. Dijo que me tratarían como si no existiera", denunció un joven de 23 años detenido en el estado de Veracruz. "La señorita de INM me dijo -contigo ni hablar-, y se enojó porque no firmaba mi deportación", manifestó una mujer guatemalteca recluida en Coahuila.
"Estas son historias trágicas de familias, niños, hombres y mujeres huyendo de la violencia extrema para salvar su vida. En lugar de brindarles la protección a la que tienen derecho, México está dándoles la espalda a esta gente en necesidad de manera ilegal," dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La violencia practicada en la detención es otro de los problemas que denuncian los inmigrantes. El 68% de las 116 respuestas en las que se describió la detención policial calificaba el trato recibido como "malo o muy malo".
"Me golpearon y me dieron choques eléctricos y me quitaron el dinero. Les hice ver mis derechos, pero con una pistola que traían en el cinturón me torturaron. Me estuvieron aplicando toques por 10 minutos", denunció a AI un inmigrante.
"Un hombre hondureño contó a la organización que al entrar en México en el estado sureño de Tabasco, fue aprehendido por agentes del INM que lo ataron y lo golpearon con una pelota de tenis envuelta en un calcetín para no dejarle marcas en el cuerpo. Varias personas migrantes y solicitantes de asilo más mencionaron palizas y trato violento durante su aprehensión por agentes del INM, así como observaciones racistas y humillantes. Un joven hondureño dijo a Amnistía Internacional que un agente del INM le había propuesto dejarlo en libertad a cambio de favores sexuales", dice el informe.
Programa de Alternativas a la Detención
Por último, AI señala que sí ha habido un avance regulatorio que está afectando al tiempo de detención de los inmigrantes y al abandono de los procesos de asilo. "Una prometedora novedad que se ha producido en el INM es la implementación del Programa de Alternativas a la Detención desde agosto de 2016, gracias a un acuerdo entre la Comar, el INM y ACNUR. Amnistía Internacional ha observado que se ha dejado en libertad a varias personas solicitantes de asilo en virtud de este programa, si bien sigue habiendo muchas deficiencias.
Antes de agosto de 2016, las personas que presentaban su solicitud de asilo desde un centro de detención migratoria permanecían detenidas hasta tres meses, si no más. Desde finales de 2016, la mayoría de las personas que solicitan asilo en los centros de detención quedan en libertad en cuestión de semanas gracias al Programa de Alternativas a la Detención, que permite trasladarlas a refugios para migrantes administrados por organizaciones de la sociedad civil. No obstante, es preocupante que este programa no se haya institucionalizado ni publicado oficialmente y corra, por tanto, el riesgo de no ser más que un acto de buena fe que podría desaparecer en cualquier momento.
Sobre el abandono de las solicitudes de asilo por el eterno y desgastador proceso que suponía para los detenidos, AI concluye que "en 2016, el 24 por ciento de las solicitudes de asilo iniciadas ante la Comar fueron abandonadas por los solicitantes antes de que terminara el procedimiento. El índice de abandono de solicitudes de asilo se había reducido al 16 por ciento para agosto de 2017, según cifras publicadas por la Comar. Estas cifras demuestran que el hecho que no se detenga ya a las personas solicitantes de asilo durante largos periodos podría estar influyendo en su fidelidad al procedimiento de asilo en México y en sus posibilidades de conseguir protección en vez de ser devueltas a su país".
regina
