Gobernador de Chihuahua que Fiscalía tome caso de desvíos a favor del PRI

México, 23 ene (EFE).- El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, rechaza que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) asuma la investigación del presunto desvío de fondos públicos en favor del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) en ese norteño estado mexicano.

"Es una investigación propia; no puede haber atracción porque el caso de Chihuahua ya está judicializado", dijo Corral a la televisión mexicana después de que la Fepade, órgano especializado de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), anunciara ayer que tomaría el caso por la vinculación entre posibles delitos locales y federales.

Corral, quien acusa a su antecesor, César Duarte (2010-2016), de haber desviado unos 13 millones de dólares en favor del PRI, sostuvo que no hay posibilidad de que la Fepade tome el caso, y le recomendó hacer su propia investigación e incluso ampliarla a otros estados.

"Sería muy bueno que la Fepade iniciara una indagatoria en otras entidades porque es ingenuo pensar que lo que un operador nacional del PRI realizó en Chihuahua no lo llevó a cabo en otras entidades federativas", sostuvo.

Por esta investigación en Chihuahua se han emitido diez órdenes de captura en contra del exgobernador Duarte, además de que actualmente está detenido y sujeto a proceso el exsecretario general adjunto del PRI a nivel nacional Alejandro Gutiérrez.

Gutiérrez fue detenido a finales de diciembre acusado de desviar los 13 millones de dólares, con el supuesto consentimiento de la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal, para financiar la campaña de esa fuerza política en Chihuahua en 2016.

Corral, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), confirmó que su gobierno colaborará en la investigación de la Fepade sobre posibles delitos electorales en este caso y que también le compartirá los expedientes y la información que le sea solicitada.

El gobernador encabeza una campaña para exigir la extradición de Duarte, presuntamente oculto en Estados Unidos, y el fin de lo que considera represalias económicas a su estado por parte del Gobierno federal luego de que se diera a conocer el supuesto desvío de fondos al PRI. 

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