Internacional - Política
Correa tacha de "persecución política" un investigación sobre venta de crudo
Quito, 5 feb (EFE).- El expresidente de Ecuador Rafael Correa tachó de "persecución política" una investigación por la que fue citado hoy a declarar en la Fiscalía de la ciudad de Guayaquil, sobre la venta anticipada de petróleo a China durante su gestión.
Correa se presentó ante la sede judicial de esa ciudad costera del suroeste ecuatoriano para dar su versión "libre y voluntaria" en las investigaciones del llamado caso Petrochina, sobre un posible perjuicio al Estado en la venta anticipada de crudo al país asiático.
En una rueda de prensa tras prestar testimonio, indicó que en 2010 aprobó una operación que consideró beneficiosa para el país y aseguró desconocer detalles como el costo de fletes, tarea de la que se encargaba su equipo técnico, del que dijo que no tenía razones para desconfiar.
"Hoy me encuentro en Fiscalía porque en el mundo al revés, los honestos somos los que venimos a declarar", manifestó con sorna en su comparecencia.
En las indagaciones del caso testificaron el pasado 25 de enero el empresario Enrique Cadena, desde México, y el político y periodista Fernando Villavicencio.
Este último sostiene que el Estado ecuatoriano fue presuntamente perjudicado en 2,200 millones de dólares por la suscripción de contratos con China y Tailandia a través de alianzas estratégicas, extremo que Correa niega antes de señalar que la documentación presentada en el caso contiene "gravísimos errores".
Comentó que el expediente por el que ha sido citado, "ni siquiera se trata de una demanda" y acusó a Villavicencio de ser un "denunciólogo".
Asimismo, defendió la importancia de la alianza estratégica con China, una nación que, según sostuvo, tiene financiación, mientras Ecuador tiene hidrocarburos.
El exgobernante argumentó que aprobó en una ocasión en agosto de 2010, y mediante decreto, el pago con petróleo a Petrochina porque así lo permitía la entonces Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC).
Precisó que posteriormente entró en vigor el Código de Finanzas Públicas y Planificación, por lo que "ya no exigía la firma del presidente para esta clase de operaciones".
Y en ese sentido rechazó las acusaciones de que ordenara operaciones similares en los años sucesivos y hasta 2016.
"Están tan desesperados que buscan meter preso a Correa", apostilló y una vez más acusó a sus detractores de buscar impedir su salida del país, para luego "buscar el pretexto judicial".
Correa fue respaldado por seguidores en el exterior de la sede de la Fiscalía, donde también se concentraron opositores.
Tras el traspaso de poder a finales de mayo pasado, Correa se trasladó a vivir en julio a Bélgica, de donde es oriunda su esposa y a donde tiene previsto regresar mañana este martes.
Se encontraba en el país desde comienzos de enero para hacer campaña por el "no" en la consulta popular celebrada el domingo, cuyos resultados arrojaron el triunfo del "sí" con más del 98 por ciento del voto escrutado.
regina
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