Internacional - Economía
España reforma pensiones privadas en pleno debate sobre el modelo público
Madrid, 9 feb (EFE).- El Gobierno español aprobó hoy una reforma de los planes de pensiones privados en pleno debate político y social sobre el mantenimiento del modelo público, muy dependiente de la evolución demográfica y de las fluctuaciones de la economía.
En concreto, el Consejo de Ministros dio el visto bueno a un decreto por el que las personas que destinan dinero a planes de pensiones podrán recuperar todo o parte de lo ahorrado a partir de los diez años de la aportación y, además, rebajó las comisiones de gestión de esos productos.
Hasta ahora las pensiones privadas sólo se podían recuperar en el momento de la jubilación, con salvedades como el desempleo de larga duración y la incapacidad laboral por enfermedad grave.
Se trata de hacer más atractivos los planes de pensiones con el objetivo de "estimular" el ahorro privado, explicó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, mientras que el Ministerio de Economía cree que los jóvenes pueden animarse a contratar esos planes, que en España son más propios de personas que están en mitad de su carrera laboral.
La entrada en vigor del texto permitirá que cualquier aportación a un plan de pensiones se pueda retirar en un plazo de diez años y, en el caso del dinero depositado con anterioridad, la fecha de corte será finales de 2015, los españoles tenían 68,000 millones de euros en planes de pensiones.
La reforma ha recibido críticas por parte de grupos de la oposición al Gobierno del PP (centroderecha), por entender que se promueve el ahorro privado cuando el Estado debe apostar abiertamente por un modelo público y garantizarlo.
La iniciativa del Ejecutivo tiene lugar en un momento en el que hay un debate acerca del mantenimiento de las pensiones públicas, vinculado a la reciente crisis económica y a la evolución demográfica.
Hace una semanas el Gobierno planteó extender de forma voluntaria a toda la vida laboral el periodo de cómputo para calcular la pensión inicial de los nuevos jubilados, ante la constatación de que numerosos ciudadanos han visto reducidas sus cotizaciones en los últimos años debido a la crisis económica.
En 2013 empezó a aumentar gradualmente de 15 a 25 años el periodo de cómputo legal para calcular la pensión de jubilación, con lo que en 2018 se hará con los últimos 21 años cotizados y en 2022 se llegará a los 25 años.
Se trata de una decisión acordada en 2011 por el entonces Gobierno socialista con los agentes sociales.
El sistema público de pensiones en España se rige por un acuerdo de 1995 alcanzado por los partidos parlamentarios al que se sumaron después sindicatos y empresarios y que tiene como objetivo garantizar esas prestaciones.
En 2013 el actual Ejecutivo de Mariano Rajoy modificó el modelo y desde entonces las prestaciones del Estado ya no se actualizan conforme a la inflación sino en función de los ingresos y gastos del sistema y del aumento de los pensionistas.
La ley fija un suelo de subida del 0,25 % para los años malos desde el punto de vista económico y un techo para los años de bonanza de la inflación más el 0,5 %.
El segundo partido del país, el PSOE (socialistas), criticó el "intento nefasto (del Gobierno) de provocar inseguridad a la gente sobre sus jubilaciones y de echar leña al fuego constantemente", en palabras de su dirigente Carmen Calvo.
Según Calvo, el Ejecutivo español quiere impulsar el ahorro "privatizando derechos", en alusión al impulso a los planes privados de pensiones.
yoselin
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