Nacional - Política

Riesgo de injerencia narco en las urnas 

2018-03-15

La llamada de atención no es una especie de "voz que clama en el desierto" sino en...

Por Marcos Romero

(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 15 MAR - Un alto funcionario de la Marina lanzó una nueva alerta sobre el peligro latente de la "mano negra" de los jefes del crimen organizado a favor de candidatos a cargos de elección popular a tres meses y medio de las disputadas elecciones presidenciales y legislativas.
    
La llamada de atención no es una especie de "voz que clama en el desierto" sino en realidad un tema que se debate cada vez más y una preocupación de muchos protagonistas del escenario político mexicano.
    
El contralmirante Martín Barney Montalvo, director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, advirtió sobre la intromisión de las bandas criminales a favor de candidatos a diversos cargos y advirtió que con ello "no solo socavan la legitimidad del Estado, sino al mismo tiempo ganan impunidad".
    
"Los capos se convierten en algunos lugares en actores políticos de facto, con capacidad de influir en el sector económico y social. A veces llegan a usar su influencia para apoyar alguna campaña política de algún candidato, de quien se espera alguna subordinación" afirmó.
    
"En este caso, el capo socava la legitimidad del Estado, al mismo tiempo que gana impunidad para imponer su autoridad", indicó a poco tiempo de que se celebren las votaciones del 1 de julio, a las que se ha convocado a unos 88 millones de personas para elegir un presidente, 500 diputados, 128 senadores y 8 gobernadores.
    
Durante un foro sobre Seguridad y Participación Ciudadana en México celebrado en la Cámara de Diputados, el contralmirante Barney indicó que el crimen organizado ha recurrido a la violencia extrema y el terror para ampliar su influencia, debilitar a las instituciones y controlar las actividades económicas en algunos enclaves.
    
"México enfrenta potenciales problemas de legitimidad, los grupos criminales desarrollan actividades ilícitas y usurpan funciones exclusivas del Estado, Así, los funcionarios de gobierno pierden autoridad y se convierten efectivamente en aliados o instrumentos al servicio de los cárteles", señaló.
    
El funcionario expuso que "quienes representan la autoridad del gobierno comienzan a dar la lealtad primaria a esos grupos y no al gobierno".
    
Estas advertencias se suceden cada vez con más frecuencia en el país, azotado desde hace 11 años por la peor ola de violencia criminal de su historia reciente.
    
La espiral se desató luego que el gobierno lanzó la "guerra contra las drogas", con apoyo del Ejército y la Marina que ha arrojado más de 235,000 muertos y unos 33,000 desaparecidos.
    
Apenas hace unos días, un diario local denunció que el jefe del Cártel de Los Rojos, Santiago Mazari, financió campañas a 11 candidatos de ocho partidos en el estado de Morelos, vecino a la capital, en 2015.
    
Dos jefes de sicarios detenidos recientemente revelaron a la Fiscalía de Morelos que intendentes de prácticamente todos los partidos recibieron un millón de pesos, unos 50,000 dólares al tipo de cambio actual para pagar sus gastos proselitistas.
    
Hace unos meses, el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro) propuso eliminar prácticamente el financiamiento público de los partidos y las campañas para que pudieran obtenerse auspicios de empresas o de organizaciones privadas.
    
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, se opuso tajantemente, ante el riesgo de que el narcotráfico aproveche para respaldar a los candidatos.
    
"En este país hay muchos dispuestos a financiar la política.
    
Desde intereses criminales a corporativos. Nadie puede negar el riesgo que esto supone. Lo planteo con exceso y mucha preocupación: ¿De veras queremos que el narco financie las campañas?", preguntó Córdova.
    
La propuesta del PRI señalaba que podrían los "militantes, simpatizantes o personas morales (empresas) de nacionalidad mexicana" quienes auspiciaran a los políticos, dejando sólo la prohibición de recibir dinero de iglesias o empresas extranjeras. Actualmente la campaña a la presidencia tiene un límite de gasto de 430 millones de pesos, unos 22 millones de dólares, una cifra que a algunos partidos les parece ínfima. 


 



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