El asesinato de candidatos preocupa a todo México: FEPADE

Felipe Sánchez, El País

Jorge Lumbreras (San Luis Potosí, 1969) sumará el 1 de julio sus quintas elecciones presidenciales y sus novenas federales como miembro o asesor de los organismos que vigilan los comicios en México. Lumbreras, de paso por Madrid la semana anterior para asistir a unas jornadas de Casa de América y la Fundación Ortega Marañón sobre los comicios, llega a la cita electoral de este año al frente de los asesores de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade). Su equipo ha estado encargado de diseñar las políticas para encarar las votaciones de julio, en las que la institución federal se coordinará con las entidades locales para prevenir, registrar y tramitar las denuncias por los posibles delitos que se cometan durante la elección de más de 3,400 cargos públicos, entre ellos nueve gobernadores y un nuevo Congreso. El reto es enorme en un país en que ha habido una treintena de aspirantes asesinados en lo que va de campaña, según datos oficiales.

Pregunta. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó la semana pasada que estaba muy preocupado por el número de candidatos asesinados.

Respuesta. Se ha presentado violencia política contra precandidatos y contra personas que ya ocupaban cargos públicos, como en el caso de Guerrero. c

P. El candidato presidencial Ricardo Anaya ha asegurado que las acusaciones de corrupción en su contra forman parte del “uso faccioso e ilegal de instituciones como la Fiscalía” por parte del Gobierno. ¿Lo investigará la Fepade?

R. Tendríamos que ver específicamente el tipo penal y la conducta por la cual se señala. Es un tema que ha estado en la discusión pública, pero la cuestión fundamental para lo que tiene que ver con delitos electorales tendría que ser en dos vías: si efectivamente [Anaya] cometió o no un delito, que lo comprobará la PGR [Procuraduría General de la República, Fiscalía]; y una vez que se determine si fue así o no tendríamos que ver cuál podría ser alguna conducta que pudiera imputarse por algún delito electoral.

P. ¿En qué fase está la investigación por la supuesta triangulación de fondos para las campañas del PRI en el Estado de Chihuahua?

R. La fiscalía solicitó que esa investigación pasara de Chihuahua a la federación. Un juez federal aceptó la petición de la defensa de que cambiara de instancia, pero un juez local se manifestó en contra. Ahora se está resolviendo quién va a tener competencia sobre ese tema. Seguimos acopiando pruebas.

P. ¿Cuál es el principal reto de la fiscalía ante las próximas elecciones?

R. La fiscalía tiene retos antes, durante y después. tenemos que desarrollar 16 predespliegues ministeriales. Es decir, vamos a elegir las nueve entidades donde se va a elegir jefe de Gobierno y algunas otras que tendrán elecciones de congresos estatales y demás para desarrollar un trabajo conjunto entre la federación y los Estados para enviar policías ministeriales, de ministerios públicos, locales y federales que estén pendientes de las denuncias ciudadanas. El día de la elección el reto es llevar a cabo el despliegue ministerial. Miles de funcionarios estarán desplegados por todo el territorio nacional para impedir los delitos y para recibir las denuncias de la ciudadanía. Que la gente sepa cómo y ante quién presentar una denuncia.

P. ¿Con cuántos funcionarios cuenta la fiscalía?

R. Es una institución pequeña, tendrá unos 360 servidores públicos en total.

P. ¿Y con cuántos fiscales?

R. Son menos. Pero el tema no es ese, sino que la PGR va a apoyar a la Fepade para hacer un gran despliegue. Y hay que recordar que también están las 19 fiscalías locales, más los órganos especializados en la atención de delitos electorales en todo el país. Habrá 32 instancias responsables de recibir denuncias por delitos electorales.

P. ¿Cuál es el delito electoral más común?

R. Ocho de cada diez de estos delitos corresponden a la alteración del registro federal del elector. Es decir, dar datos falsos para obtener una credencial. Lo más paradójico es que la gran mayoría de las veces no se hace para interferir en las elecciones, sino para que la credencial haga las veces de un documento de identidad que permite, por ejemplo, a los migrantes que cruzan al país por nuestra frontera sur certificar una supuesta residencia en México. O a otras personas tener un doble documento de identidad, con una dirección diferente, digamos.
 

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