Nacional - Economía

Sismos y negocios inmobiliarios 

2018-03-30

La organización "Damnificados Unidos de la Ciudad de México", durante el...

   
(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 28 MAR - A seis meses de los terremotos devastadores de septiembre pasado, los desastres naturales peores en la historia de México, la tragedia no termina y las víctimas aún están lejos de recuperar la normalidad.
    
Sin embargo, los expertos y damnificados tienen identificado al gran ganador que surgió de entre los escombros de los edificios y viviendas: el llamado "monstruo inmobiliario", que ha lucrado con el dolor de las víctimas.
    
Se sigue "alimentando" a las más grandes y poderosas constructoras, que "han generado tantas transformaciones arbitrarias sin el debido estudio de cuál es el tipo de desarrollo urbano que al ciudad necesita", estimó el experto Antonio Zirión.
    
Zirión, profesor-investigador del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), uno de los principales ateneos del país, consideró que "la voracidad de las firmas inmobiliarias, puso en evidencia el sismo la vulnerabilidad de la metrópoli".
    
El académico deploró que se haya dejado en manos de las inmobiliarias "el desarrollo urbano de la capital" y expuso que medio año después del terremoto, apenas "estamos empezando a ver las verdaderas dimensiones de la catástrofe".
    
La organización "Damnificados Unidos de la Ciudad de México", durante el ciclo de conferencias titulado "19/S Seis meses después", organizado en la UAM, denunció días atrás que el Estado "dejó a merced de empresas inmobiliarias, a quienes perdieron su vivienda el 19 de septiembre pasado".
    
Israel Ballesteros, uno de los dirigentes de la organización, indicó "que el gobierno ha rehuido a su deber de restituir las casas a los afectados por el segundo sismo y por el contrario abrió el camino para que éstos sean sujetos de nuevos créditos por parte de las compañías constructoras".
    
En la actualidad, la agrupación contabiliza 600 predios afectados y 7,000 familias aún habitando en campamentos callejeros, pero sólo 30% de los edificios dañados en la Ciudad de México, cuenta con dictamen de un especialista.
    
El primer sismo, ocurrido el 7 de septiembre pasado, de 8,2 grados, el peor en más de un siglo, ocurrió a unos 1,000 kilómetros de distancia de la ciudad de México, donde no dejó víctimas, pero sí más de un centenar de muertos en los estados de Oaxaca y Chiapas, sureste del país. Casi dos semanas después tuvo lugar el segundo, el día 19, de 7,2 grados, pero con un epicentro a unos 250 kilómetros de distancia de la urbe, donde dejó al menos 369 muertos y provocó el desplome de unos 40 edificios.
    
"El sismo puso en evidencia muchos aspectos de una sociedad tan desigual como la que vivimos como la falta de planeación, las redes de corrupción, la negligencia y el manejo turbio y sesgado de la información, señaló Zirión.
    
"Es importante desmitificar al terremoto como una catástrofe natural, de consecuencias devastadoras" por cuanto fue sobre todo "una catástrofe social", afirmó el académico, partidario de que "hay toda una dimensión política" en torno a este episodio. "Hay una frontera muy sutil pero importante entre infortunio e injusticia, pero cuando hay omisión de autoridad, negligencia estamos hablando de una injusticia", afirmó.
    
"El temblor no fue democrático pues los más afectados fueron los pobres, las mujeres, los ancianos, los obreros. Puso en evidencia muchos aspectos de una sociedad tan desigual como la que vivimos", señaló.
    
A su juicio, hubo una "falta de planeación, redes de corrupción, negligencias, enorme precariedad de una gran parte de la población y un manejo bastante turbio y sesgado de la información sobre el tema". Rosario Robles, ministra de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, reconoció el martes que, en el proceso de reconstrucción de viviendas, la entrega de recursos ha sido lenta.
    
Según sus cálculos, de 59.656 casas que reportaron daño total, 41.564 están en proceso de reconstrucción, pero sólo 2,000 han sido terminadas.
    
"En algunos casos los recursos de los estados apenas están llegando, y esto ha implicado que el proceso vaya con la lentitud", admitió Robles en conferencia de prensa.



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