Derechos Humanos

El Consejo Supremo de los Medios, el nuevo azote del periodismo en Egipto

2018-05-02

El pasado abril el Consejo Supremo abrió una investigación al periódico Al...

Francesca Cicardi y Azza Guergues


El Cairo, 2 may (EFE).- En medio de una censura creciente, la prensa egipcia se enfrenta a un nuevo azote, el Consejo Supremo para la Organización de los Medios de Comunicación, que desde su creación ha tomado represalias contra los medios y periodistas que se han atrevido a traspasar las líneas rojas del Gobierno.

En poco más de un año de vida, el temido organismo ha aplicado multas y sanciones disciplinarias, ha suspendido la circulación de medios por críticas al Gobierno o a la Policía, ha aplicado la censura e incluso ha vetado la publicación de informaciones que ensalcen a los homosexuales.

Hatem Zakaria, un miembro de este consejo, en una entrevista a Efe justifica que se tomen medidas contra "algunos" comunicadores, los que ofrecen una imagen "poco clara" y "distorsionada" del país.

Para Zakaria, el problema estriba en que hay periodistas que no entienden que Egipto vive unas "circunstancias excepcionales" por la lucha contra el terrorismo, apadrinada por el presidente, Abdelfatah al Sisi.

No obstante, el responsable niega que el Consejo actúe como censor o que persiga y castigue a los informadores más díscolos y subraya que sus medidas se mantienen "en el marco de sus prerrogativas".

"Su acción es reguladora y no busca castigar, sino organizar y advertir en primer lugar", zanja Zakaria desde su despacho en la sede del Colegio de Periodistas, órgano del que es secretario general.

El pasado abril el Consejo Supremo abrió una investigación al periódico Al Bawaba por publicar supuestas informaciones falsas sobre la coalición mayoritaria Daam Masr (Apoyo a Egipto), fiel defensora de Al Sisi.

También recomendó la suspensión de un programa del canal Al Hadath al Youm por considerar que el contenido de uno de sus episodios dañaba la imagen de la Policía.

Asimismo, ha anunciado que publicará en breve un "libro de estilo" sobre los estándares y códigos éticos para los medios, así como instrucciones relativas a "los comportamientos y el honor" periodístico.

El Consejo también formó esta semana varios comités para vigilar las series emitidas en los canales egipcios durante el mes sagrado de Ramadán, que empieza a mediados de mayo, para asegurarse que su contenido "construye la sociedad".

Creado en aplicación de una ley de diciembre de 2016, que según la oposición pretendía "afianzar el dominio" del Gobierno sobre los medios, el Consejo ha ido ganando cada vez un mayor peso en el control de la prensa nacional.

Entre sus primeras medidas, el año pasado, destacó la prohibición de cualquier información favorable a los homosexuales y vetó la aparición de gais en los medios, en medio de una campaña represiva de las autoridades.

Pero no ha sido hasta el pasado enero, en vísperas de las elecciones presidenciales de marzo, cuando ha redoblado su actividad, tal y como refleja un reciente informe de la Asociación por la Libertad de Pensamiento y Expresión (AFTE).

El director de investigación de la ONG, Mohamed Abdelsalam, explica a Efe que la labor del Consejo está en teoría ligada a funciones como dar permisos a los medios, monitorear sus fuentes de financiación o investigar posibles violaciones.

Sin embargo, "se ha alejado de su papel y sus prerrogativas y desempeña otra función que tiene relación con la aplicación de la censura y la imposición de ideas morales y políticas, con el pretexto de la seguridad nacional".

En su opinión, la entidad no dispone de la independencia suficiente y está, además, al servicio del Gobierno muy claramente.

Una de las medidas recientes más polémicas ha sido la imposición de una multa de 8,500 dólares a Al Masry al Youm, el principal diario privado del país, de tendencia oficialista, por titular: "El Estado moviliza a los ciudadanos a participar" en las elecciones.

El Consejo también solicitó al Colegio de Periodistas que sometiera a una investigación disciplinaria al redactor jefe del diario, Mohamed al Sayed, quien fue despedido poco después, y al editor responsable del titular.

Fuentes del diario, que prefirieron mantener el anonimato, revelaron a Efe que hubo fuertes presiones por parte de altas instituciones del Estado, por lo que la dirección decidió despedir al redactor jefe para no verse obligada a cerrar el rotativo.

En la actualidad, Al Sayed y otros siete periodistas están siendo investigados por la Fiscalía, que actuó tras las medidas adoptadas por el Consejo Supremo, que en su corta vida se ha erigido en el nuevo garante de que nadie se salga del discurso oficial.



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