Editorial

Devolver el Estado de derecho a Nicaragua

2018-05-04

Las protestas terminaron después de que Ortega, con la intermediación de la Iglesia...

Manuel Orozco, The New York Times

Durante más de una semana, al final del mes pasado, Nicaragua se vio sacudida por manifestaciones masivas, encabezadas por jóvenes que exigían el fin del gobierno corrupto del presidente Daniel Ortega. Las fuerzas de seguridad de Ortega, cuyo régimen está bajo presión, detuvieron a cientos de manifestantes y decenas de ellos perdieron la vida.

Las protestas terminaron después de que Ortega, con la intermediación de la Iglesia católica, acordó reunirse con la oposición, pero no se llegó a ningún acuerdo sobre cuándo se llevará a cabo ni qué se discutirá.

Para que la endeble democracia de Nicaragua tenga posibilidades de subsistir, los distintos grupos de la oposición deben unirse en una misma agenda para negociar con el presidente. Su objetivo deberá ser restablecer el Estado de derecho a través del fortalecimiento de instituciones independientes y democráticas. Su meta a largo plazo deberá ser la remoción de Ortega, pero mediante elecciones.

Los líderes empresariales de Nicaragua, los países vecinos y Estados Unidos deberán presionar a Ortega y sus aliados para asegurar que las negociaciones con la oposición inicien con buena fe. El fracaso para llegar a un acuerdo con Ortega resultará en más protestas callejeras y, finalmente, en más represión. Con rapidez, Nicaragua podría convertirse en otra Venezuela.

Ortega llegó al poder después de que la Revolución sandinista de 1979 derrocó al dictador Anastasio Somoza. Desde entonces, ha dominado la política nacional.

Desde el inicio de su mandato se condujo con autoritarismo: confiscó propiedades, encarceló y torturó a contrarrevolucionarios. Después de que, mediante unas elecciones, tuvo que dejar la presidencia en 1990, continuó siendo una amenaza tras bambalinas, con la intimidación y el chantaje a opositores políticos para asegurar su regreso.

Regresó a la presidencia en 2007 y, desde entonces, ha tenido un control casi absoluto sobre el Estado. El congreso, los tribunales, los medios, el ejército y la policía están bajo su control. En 2014, presionó a la Asamblea Nacional para eliminar los límites de los periodos presidenciales y desde el año pasado su esposa es la vicepresidenta. Mientras tanto, Nicaragua se ha convertido en uno de los países más pobres del hemisferio.

Ahora que los nicaragüenses han encontrado la valentía para mostrar su descontento con el gobierno de Ortega —y el presidente no ha podido eludir la aplicación de mano dura—, ¿cómo puede evitarse que el país se sumerja en el caos?

Ortega ha demostrado que no es inmune a la presión. En respuesta a las manifestaciones, anuló el plan de seguridad social que desencadenó las protestas y liberó a algunos de los manifestantes que fueron detenidos. La presión debe continuar.

La élite empresarial es un centro de poder clave. Muchos líderes empresariales han trabajado con el gobierno de Ortega para promover sus intereses a lo largo de los años, pero parece ser que la mayoría se ha puesto del lado de la oposición después de las medidas violentas del gobierno. Sin el apoyo de los grandes empresarios, la situación de Ortega es mucho más débil. Los líderes empresariales deberán seguir presionando al gobierno para que respete el Estado de derecho.

Estados Unidos también tiene un papel importante que desempeñar. En diciembre del año pasado, Roberto Rivas, el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), fue sancionado con la ley Magnitsky —una legislación estadounidense que solía castigar a los violadores de los derechos humanos y corruptos de todo el mundo—, acusado de lavar dinero y conspirar para mantener a Ortega en el poder. Ahora la ley deberá usarse para imponer sanciones a los funcionarios del gobierno responsables de violar los derechos humanos en las protestas.

Debido a que Nicaragua es un beneficiario importante de la ayuda extranjera, los países donantes deberán exigir transparencia y rendición de cuentas al gobierno. La quiebra del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que llevó a imponer las reformas a las pensiones que desataron las protestas, es un ejemplo del mal manejo y la falta de transparencia del gobierno.

Aunque las manifestaciones recientes revelaron hasta dónde llega el descontento con Ortega, los grupos que protestaron no estaban unificados. La oposición fracturada no tiene un liderazgo claro ni ideas compartidas sobre cómo se debería remover del poder al presidente. Ortega, un político astuto, ya está sacando provecho de esta falta de unidad.

Los líderes de la oposición tendrían que ponerse de acuerdo para pedir tanto justicia por los actos recientes de violencia como una restauración limpia de las instituciones políticas del país. Por ahora no deberán exigir la renuncia del presidente, algo que resulta poco realista. Sin embargo, algunos de sus cómplices deben irse, incluyendo Rivas, a la cabeza de la CSE, y el jefe de la policía, quien autorizó la represión violenta en contra de los manifestantes.

Dado que la mayoría de los miembros del CSE y de la Corte Suprema de Justicia son aliados de Ortega, los negociadores de la oposición deberán centrase también en el restablecimiento de las reglas para la elección transparente de los magistrados de la corte, los miembros del órgano electoral y un nuevo jefe policial. Con estos cambios, las elecciones parlamentarias de 2019 pueden garantizar que la oposición participe en un terreno más equilibrado.

La negociación es el único camino a seguir. El autoritarismo y la violencia prolongados tendrán en Nicaragua las mismas repercusiones en seguridad, derechos humanos y migración que se han visto en Venezuela. Nadie quiere la descomposición total de Nicaragua.



Jamileth