Internacional - Política
El Partido Popular español es condenado por corrupción
The Associated Press
MADRID — La condena de veintinueve empresarios y funcionarios por un gran escándalo de corrupción provocó un torbellino político este jueves cuando la Audiencia Nacional declaró que el gobernante Partido Popular (PP) se benefició con la mayor trama de sobornos en cuatro décadas de régimen democrático.
El fallo supone un duro revés para el Partido Popular, que —como persona jurídica— debe pagar una multa de 245,000 euros (287,000 dólares) por beneficiarse de la trama ilegal, conocida como Gürtel, según la decisión judicial. Es la primera vez que aplica semejante sanción a un partido español.
El dirigente del partido Ciudadanos, que hasta ahora había apoyado al PP en el Congreso, anunció que estudiará la modificación de esa posición porque la sentencia del jueves “lo cambia todo”.
“La situación es grave porque los españoles se merecen estabilidad, pero también limpieza”, dijo Albert Rivera.
Francisco Correa, el empresario considerado el cerebro de la trama, fue condenado a casi 52 años de prisión, y Luis Bárcenas, extesorero del PP, a una pena de 33 años de cárcel y al pago de una multa de 44 millones de euros.
El pánel de tres jueces también impuso una sanción económica a la exministra de Sanidad Ana Mato por aceptar regalos, pero no halló delito alguno cometido por los miembros del equipo actual de gobierno.
La oficina de la presidencia dijo en un comunicado que nadie en el gobierno ni en la conducción del partido “conoció y menos aún amparó ninguna práctica irregular”. La sanción aplicada el jueves es una multa civil que “implica expresamente el desconocimiento de los hechos y, por tanto, la ausencia la absoluta de responsabilidad penal”.
Mariano Rajoy, el primer presidente español que declara como testigo en un proceso, dijo al tribunal que no estaba al tanto de las prácticas contables de su partido durante la época en la que estuvo en marcha la trama. Rajoy fue vicesecretario general y luego secretario general del Partido Popular hasta 2004.
Veintinueve de los treinta y siete acusados en el caso fueron declarados culpables de evasión impositiva, fraude, lavado de dinero, malversación de fondos públicos, abuso de poder y otros delitos y condenados a 351 años de prisión en total. Correa, su estrecho colaborador Pablo Crespo y otros ya se encontraban en prisión preventiva; Bárcenas gozaba de libertad bajo fianza.
Correa, de 62 años, fue declarado culpable de controlar la red de asesores y empresas que organizaba viajes y eventos para el PP a cambio de contratos públicos. Crespo fue condenado a 37 años y medio. Bárcenas, que renunció como tesorero del partido en 2009, pero conservó su banca en el Senado un año más y su oficina en la sede partidaria hasta 2013, reconoció durante el juicio que ocultó los fondos ilegales, pero que los dirigentes estaban al tanto de los pagos ilegales. El partido lo negó.
Rajoy ha dicho que no conoció personalmente a Correa y que, como presidente del partido en 2004, ordenó anular los contratos con las empresas de Correa al enterarse de que empleaban en forma fraudulenta el nombre del partido conservador.
El caso forma parte de una investigación más amplia de denuncias de que altos cargos del PP presuntamente recibieron bonificaciones ilegales administradas por Bárcenas. Rajoy ha dicho que las denuncias son “absolutamente falsas” y que los pagos adicionales a legisladores del PP pagaron impuestos.
Rajoy, quien ha sacado a España de su crisis económica más grave de las últimas décadas, regresó al poder en 2011 con promesas de crecimiento económico y creación de empleos. Su gobierno en minoría se ve amenazado por el conflicto con el separatismo catalán y el fortalecimiento de la oposición, aunque logró un triunfo importante esta semana con la aprobación de una ley de presupuesto por el parlamento. Esta victoria le da margen de maniobra hasta el fin de su mandato en 2020, pero Rivera, de Ciudadanos, ha incrementado sus críticas a medida que la popularidad de su partido crece en las encuestas recientes.
regina
