Nacional - Seguridad y Justicia
Empresarios a EPN: Esta es la última llamada contra la violencia
* “La elección no es, no puede ser una excusa para dejar la gobernabilidad como una segunda prioridad en la agenda” aseguró en un comunicado Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex.
* “El tiempo se le acaba a este gobierno, y la paciencia a los ciudadanos… No podemos seguir esperando. Es la última llamada”, dice la Coparmex.
Alto Nivel.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha alzado la voz para exigir seguridad a la administración federal y hacerle una última llamada. “La violencia y el crimen han llegado a niveles nunca antes vistos”, dice este lunes la organización de empresarios.
Los empresarios exigieron que este gobierno tenga un cierre de atleta al fin del sexenio para combatir la inseguridad y mantener la estabilidad económica.
Durante marzo de 2018, el robo de combustible creció 34%, mientras que en el primer trimestre del año ocurrieron 852 robos en trenes y vías, un incremento del 581%.
En lo que va del año, cinco periodistas han sido asesinados, lo que ubica a México como el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo, con un nivel de violencia solo comparable con la de Afganistán en cuanto a los crímenes contra la prensa.
El Índice Global de Impunidad ubica a México en el lugar 66 de 69 países evaluados, un retroceso de 11% con respecto al año 2017.
“No es momento de esperar a que termine la contienda electoral, ni mucho menos de que tome posesión un nuevo gobierno en 2019. Es momento de actuar de inmediato”, advirtió la Coparmex.
A continuación, los seis cambios que propone la Coparmex para lograr la pacificación del país y enfrentar a la inseguridad en México.
1. Prevención del crimen
El primero de los elementes que debe atenderse es dar mayor peso a las políticas de prevención del delito, invirtiendo en la formación de ciudadanos y autoridades con valores, pero también en estrategias de fortalecimiento comunitario, artístico y educativo de las zonas con mayor propensión a la violencia.
Se debe rediseñar una estrategia con política pública sustentada en evidencia y dándole un papel primordial a la tecnología. El avance tecnológico obliga a que nuestros planes de seguridad saquen provecho de estas nuevas herramientas no sólo para prevenir de manera más eficiente los delitos comunes, sino también para no quedarse rezagados en el tema de los crímenes cibernéticos.
Se requiere de inversión pública urgente para mejorar las capacidades del sistema de justicia en su totalidad, no solo en los términos de equipamiento para desarrollar inteligencia en los tres niveles de gobierno, sino para proteger a testigos y capacitar abogados y ser con ellos mucho más efectivos ante los retos del sistema oral.
2. Profesionalización Policial
Es urgente profesionalizar y dignificar los cuerpos policiales del país. La calidad de las más de 2,800 policías que existen alrededor de la República Mexicana varía enormemente de estado a estado y de municipio a municipio. Al momento, 6 de cada 10 policías no cuentan con el entrenamiento o equipo necesario para realizar adecuadamente sus labores. En ciertos estados, como ha mostrado Causa en Común, los policías tienen que comprar hasta sus propias botas.
Para lograr que la calidad de las policías sea homogénea en todo el país se deben poner estándares aplicables a todos los estados y todos los municipios.
Debe establecerse un solo modelo policial con procesos homologados, así como protocolos de operación estandarizados y regímenes estrictos de disciplina para todos los cuerpos policiales del país.
Otro paso que hay que tomar para avanzar en esta dirección se encuentra en el proceso de selección y formación de nuevos aspirantes, fortaleciendo los filtros toxicológicos y médicos como criterio es una acción necesaria para mejorar el proceso de selección.
Para ello también es importante consolidar la calidad de las academias de policía en los estados. Se debe crear una Academia Nacional de Policía encargada a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para asegurarse que se cumplan con los requisitos de formación y equipamiento necesarios.
Por último, hace falta incrementar el número de policías en los distintos estados. Actualmente el estado de la fuerza es completamente disímil en todo el país: mientras que la Ciudad de México cuenta con 109 policías por cada diez mil habitantes, en Tamaulipas solamente existen diecisiete. Este punto es esencial: un estado con un número insuficiente de policías no podrá nunca garantizar la seguridad pública.
3. Procuración de Justicia
El tercer punto en el que se debe mejorar es en la procuración de justicia. Los índices de impunidad que existen en el país son intolerables: sólo 4 de cada 100 denuncias de delitos resultan en una sentencia.
Este escenario se vuelve aún más alarmante si tomamos en cuenta que el 93% de los delitos no son denunciados. Esta cifra es señal de la poca casi nula confianza que se tiene con la población en las instituciones judiciales y de procuración de justicia. Según la OCDE, sólo el 32% de los mexicanos confía en su sistema judicial.
Para resolver esta situación es urgente consolidar una #FiscalíaQueSirva, como hemos insistido en numerosas ocasiones.
Sin una Fiscalía autónoma, independiente y eficaz que genere confianza entre la población, que sea capaz de investigar y procesar los delitos, no habrá manera de reducir los niveles de impunidad.
Por ello es impostergable, la reforma al artículo 102 de la Constitución, tal y como se ha venido impulsando por muchas organizaciones de la sociedad civil.
Así mismo, se debe profesionalizar a los ministerios públicos creando un sistema de ascensos y contrataciones basadas en mérito que asegure salarios dignos y protección a las personas encargadas de procurar justicia.
Hoy en día los mejores abogados trabajan en la práctica privada. La meta debe ser, que tal y como ocurre en algunos de hecho en muchos lugares del mundo, algunos de los mejores juristas, opten por trabajar en la procuración de justicia desde el ámbito público.
4. Enjuiciamiento Penal
Hace falta mejorar y actualizar las leyes penales. Se debe modificar la legislación penal sustantiva y procesal, para que se puedan corregir los errores de tipología penal y que la prisión preventiva se pueda convertir en un mecanismo eficaz para combatir la reincidencia.
Es impostergable la adopción de un Código Penal Único que aplique a todo el territorio nacional que estandarice los supuestos delictivos y de sanciones, para que las mismas conductas sean castigadas de manera uniforme en los diferentes estados.
5. Sistema Penitenciario
Ninguna mejora a la procuración de justicia quedará terminada si no se tiene una urgente mejoría que se necesita en el sistema penitenciario mexicano.
No sólo se lidia con territorios en donde se perpetúa la violencia y el abuso, sino que existen graves problemas de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Se observa, por ejemplo, operaciones irregulares como el suministro de comida y la ejecución de obras con precios excesivos, superiores a los del valor de mercado, lo que sugiere prácticas de corrupción en gran parte del sistema penitenciario.
Necesitamos una renovación para contar con prisiones menos costosas y más eficientes, pero, sobre todo, que cumplan su tarea de castigar y reinsertar, con apego estricto a los derechos humanos y a las mejores prácticas internacionales.
6. Arquitectura Institucional
Es necesario una reconfiguración de las instituciones de seguridad pública federal.
Se debe crear la Secretaría de Seguridad Pública (con este nombre u otro diverso), que tenga como mandato único, el cumplimiento de esta responsabilidad esencial del Estado Mexicano.
Este punto forma parte de las demandas del #ManifiestoMx, y que ha sido respaldada por todos los candidatos presidenciales.
De igual manera, es indispensable mejorar los alcances del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuya operación ha sido limitada y sus resultados también, para lograr una coordinación efectiva en todos los ámbitos de la seguridad.
Es necesario, además, realizar una reforma a la Ley General de Seguridad Pública, que permita una mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública, a la par de que se apresure la aprobación de la Ley General de Seguridad Privada.
La propuesta de modificaciones a la Ley General de Seguridad Pública que impulsamos en la Coparmex tiene como objetivo definir las atribuciones y delinear la concurrencia que hay entre la policía federal, estatal y municipal, así como de los servicios privados y auxiliares de seguridad.
regina
