Internacional - Economía

La vivienda "buena y barata" que promete Macron levanta recelos en Francia

2018-05-30

Crear un alquiler de movilidad de corta duración para personas con contratos de...

María D. Valderrama

 

París, 30 may (EFE).- Bajo la premisa de construir "más, más rápido y más barato", el Gobierno francés quiere aprobar una ley de vivienda contestada por arquitectos, asociaciones y ayuntamientos, que denuncian una política "liberalizadora" contra los más desfavorecidos.

Crear un alquiler de movilidad de corta duración para personas con contratos de formación, flexibilizar las reglas de accesibilidad para discapacitados, promover la venta de viviendas sociales en alquiler o impulsar el uso de materiales prefabricados son algunas de las principales medidas del controvertido texto.

Los gremios implicados en la construcción y los propios municipios han contestado este proyecto de ley que no responde, dicen, a los problemas coyunturales de la vivienda en Francia.

"En los últimos 15 años los inmuebles en torno a las principales ciudades del país han pasado a ser muy, muy caros. Se ha perdido entre un 20 y 25 % de su superficie con espacios pequeñísimos, lo que revierte en la calidad de vida", dice a Efe Johannie Bouffier Hartmann, miembro de la Orden de Arquitectos de la región parisina.

Entre estos profesionales, las quejas se concentran en la elección de materiales prefabricados, principalmente madera, y denuncian que no se les tendrá en cuenta pues, so pretexto de acelerar los procesos de construcción, los concursos de licitación -dirigidos por empresas de construcción de viviendas de protección oficial- no serán obligatorios.

El temor a la estandarización resulta familiar para los que en las últimas dos décadas han trabajado en solucionar los problemas de urbanismo de los suburbios, las famosas "banlieues", surgidas de la nada en los años 60 y 70 en forma de enormes bloques de cemento, cuyos arreglos han costado miles de millones al Estado.

En su mayoría, éstas son hoy un espejo de las complejidades del país: barrios aislados, falta de diversidad social, malas infraestructuras y, en los peores casos, violencia y tráfico de sustancias prohibidas.

La propuesta de favorecer la venta tampoco es bien recibida.

Aunque de las 100,000 viviendas sociales puestas en venta en 2017 tan solo se colocaron 8,800 (y sólo 3,000 fueron adquiridas por sus arrendatarios), el Ejecutivo quiere que el número de ventas suba a 40,000.

Se trata de una compensación para los constructores, que con la reducción de ayudas sociales a la vivienda por Macron han calculado unas pérdidas de 1,300 millones de euros anuales y encuentran en esta medida una nueva y rápida entrada de capital.

Así, el Gobierno suaviza los requisitos para los potenciales compradores y crea un instrumento para la venta de este tipo de inmuebles a partir de los 10 años de su construcción, incluso en las localidades con menos de un 25 % de vivienda social (la tasa que impone la ley).

Puerta abierta a la especulación, critica la Fundación Abbé-Pierre, que en un análisis sobre el texto juzga "incomprensible" que cuando dos millones de hogares esperan una vivienda social, el Estado quiera "deshacerse masivamente de un patrimonio constituido tras numerosos años de inversión pública".

"La mayoría de los arrendatarios no tienen medios de comprar", comenta a Efe el director de estudios de análisis de dicha fundación, Manuel Domergue, que recuerda que "el texto da la posibilidad de vender vivienda social a sociedades o empresas privadas".

Preguntado por Efe, el Ministerio de Cohesión Territorial no respondió a esas alegaciones pero, en el dosier de prensa sobre el proyecto de ley, argumenta que el texto busca eliminar las normas y los procesos que inciden en la falta de vivienda en Francia.

En la localidad de Gentilly (sur de París), la mayoría de las casas son individuales y el aumento demográfico ha dado lugar a algunos bloques disimulados en el paisaje urbano gracias al consenso de arquitectos y vecinos, en ocasiones contrarios a las nuevas construcciones.

Desde la sexta y última planta de uno de estos modernos bloques, con vistas a la Torre Eiffel, la alcaldesa de la ciudad, Patricia Tordjman, asegura a Efe que su población, "con ingresos bastante modestos, no podría aspirar a comprar una casa así".

"Los concursos de vivienda social son una forma de acceder a la propiedad que permiten a una población modesta vivir a las puertas de París. No queremos convertirnos, como París, en una ciudad solo accesible a la población más favorecida", denuncia la regidora.



Jamileth