Internacional - Población
La violencia se agrava en Nicaragua y diluye los intentos de diálogo
Elisabeth Malkin, The New York Times
MASAYA, Nicaragua — Armados con morteros caseros, escondidos tras bufandas y máscaras de esquí, los luchadores de Masaya estaban agachados el martes detrás de las barricadas construidas para proteger las calles de su ciudad en rebelión.
Comenzaron los disparos y respondieron con explosivos improvisados, al tiempo que voluntarios intentaban refrenar el avance hacia el centro de la ciudad de fuerzas paramilitares y policías. Conforme los atacantes rompían con las barricadas, los defensores corrían por las calles vacías, frente a familias que veían todo desde las puertas de sus casas listas para apurarse dentro si se acercaba el peligro.
Pero al final del día la resistencia no tenía cómo enfrentarse al poderío de los hombres enviados por el presidente Daniel Ortega, con la intención de rescatar a un comandante policial encargado de contener el levantamiento en Masaya, pero que terminó siendo rehén durante semanas.
El día empezó con el repique de las campanas de la iglesia, para alertar a los ciudadanos de Masaya, y terminó con cuatro muertos y más de treinta heridos. Pero la ciudad se mantiene desafiante.
“El que hayan llegado a la ciudad no significa que nos vamos a rendir”, dijo Yubrank Suazo, portavoz en esa zona para el movimiento estudiantil 19 de abril.
Han pasado dos meses desde que los nicaragüenses se levantaron de manera masiva para demandar el fin del gobierno de Ortega, un repudio al hombre que ha dominado la vida política del país por casi cuarenta años. El poderío inicial de las protestas, cuando parecía que tan solo el enojo en las calles sería suficiente para tumbar a quien fue el héroe de la revolución de 1979, ahora se ha topado con la realidad de que Ortega y Rosario Murillo, la vicepresidenta y primera dama, se mantienen atrincherados.
Ha surgido una campaña de terror por parte de las fuerzas paramilitares respaldadas por el gobierno, usualmente acompañadas por policías antimotines, que parece estar pensada para amedrentar a los ciudadanos para que se resignen.
Al mismo tiempo, el gobierno está involucrado en negociaciones atropelladas con una alianza de grupos opositores, entre ellos los estudiantes que desataron el movimiento, empresarios y organizaciones agrícolas.
En las calles, muchas personas dicen que quieren fuera a la pareja presidencial. La conferencia episcopal, mediadora en el diálogo, ha propuesto que haya elecciones anticipadas para marzo (el mandato actual de Ortega terminaría en 2021).
El Departamento de Estado estadounidense dijo que “las elecciones anticipadas representan un camino hacia adelante constructivo” y el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, llegó el martes a Managua para reunirse con la oposición y el gobierno.
Jaime Wheelock es, junto con Ortega, uno de nueve comandantes revolucionarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional de los años setenta, y para él el diálogo es la única manera de salir de la crisis política actual.
“Me preocupa que la violencia escale, que se convierta en un conflicto armado de baja intensidad”, advirtió Wheelock, quien se alejó de la política después de que el sandinismo perdió las elecciones de 1990. “La comunidad internacional no parece entender lo seria que es la situación y mientras no lo hagan la población nicaragüense queda indefensa”.
La agenda de la Iglesia prevé que se reduzca el control férreo que Ortega ha establecido sobre los poderes legislativo, jurídico y electoral desde que regresó al poder en 2006, y busca garantizar que los partidos políticos puedan competir en elecciones limpias. El presidente no ha dado respuesta clara a esa propuesta, aunque tampoco la ha rechazado.
Ambas partes estuvieron de acuerdo en el primer paso a tomar: invitar a organizaciones internacionales de derechos humanos para investigar la violencia que ha resultado en más de 180 muertes en dos meses. Sin embargo, el gobierno no ha presentado las cartas de invitación a esos organismos y la alianza opositora suspendió temporalmente el diálogo el martes tras acusar que había incumplimiento.
“No puedes estar en un diálogo por un lado, y matando y asesinando por el otro”, dijo Álvaro Leiva Sánchez, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), después de la violencia en Masaya. “No es posible”.
La intimidación se ha dado de varias maneras. Hombres enmascarados tiran puertas durante la madrugada y se llevan a presuntos sospechosos, francotiradores abren fuego durante protestas y paramilitares desmantelan las barricadas construidas por los manifestantes con tambos y piedras.
En un ataque que dejó horrorizados a los nicaragüenses, seis integrantes de la familia Velásquez Pavón, incluido un bebé y un infante, murieron el sábado cuando una turba de enmascarados provocaron un incendio en el edificio donde estaba la tienda de colchones y casa de la familia.
Una de las hijas que saltó desde un balcón y logró sobrevivir les dijo a medios locales que las fuerzas paramilitares habían demandado que la familia dejara entrar a un francotirador para posicionarse en el techo. Cuando se rehusaron, los atacantes provocaron el incendio e impidieron que la familia pudiera escapar.
Según la versión del gobierno, los manifestantes son vándalos y terroristas, una postura que Murillo repitió durante uno de sus discursos de mediodía el martes.
“Nuestro comandante Daniel”, dijo, “está comprometido con frenar esa ola terrorista, esa ola de odio, de crímenes de odio, de torturas, vejámenes, indignidades, secuestros, amenazas, intimidación, quemas de viviendas de familia, atrocidades sin límites”.
No queda claro si la violencia contra los opositores del gobierno logrará suprimir las protestas o si más bien reforzará su determinación.
Las manifestaciones masivas en Nicaragua en las primeras semanas se detuvieron cuando hombres armados abrieron fuego durante una protesta el 30 de mayo, fecha en que Nicaragua celebra del Día de la Madre, y murieron quince personas. Esta semana algunos manifestantes se reunieron en una rotonda con cruces en honor a quienes fallecieron por la violencia y ondearon banderas nicaragüenses.
“Estamos acá para retomar las calles”, dijo Edwin Carache, de 27 años, uno de los líderes del movimiento estudiantil. Y lanzó una advertencia para Ortega: “Si el pueblo te puso aquí, el pueblo puede sacarte. Los ciudadanos empiezan a reclamar sus verdaderos derechos”.
A Sara Maritza Oporto, de 47 años, le tocó ver de cerca la represión después de que su hijo, Guillermo Sobalvarro, de 23 años, fue arrestado el viernes camino al mercado. Cuatro días después lo único que sabía de él era que fue llevado a la cárcel de Managua apodada el Chipote, y estaba ahí a la espera junto con otras madres, repartiendo comida y jabón por medio de los barrotes.
“Voy a ser honesta”, dijo Oporto, “he sido parte de las marchas en protesta y voy a seguir participando porque no es un delito”.
Dijo que planeaba enviar a su hijo a Costa Rica cuando fuera liberado, pero que ella se va a quedar. “Quiero un país libre, donde ser joven no sea delito”.
Jamileth
