Activistas mantendrán su presión contra la separación familiar en la frontera

Austin (EU), 21 jun (EFE).- Las organizaciones latinas mostraron hoy su cautela ante los últimos anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para acabar con la separación de las familias inmigrantes en la frontera con México y advirtieron de que seguirán trabajando para reparar "el daño infligido a los niños inocentes".

Entre los principales interrogantes que destacan los activistas está el futuro de los más de 2,300 menores que ya han sido alejados de sus progenitores, de lo que, según su opinión, el presidente estadounidense es el único responsable.

El presidente Trump anunció hoy que pedirá a su Gobierno que actúe para reunificar a las familias inmigrantes que han sido separadas desde el pasado mes de abril, después de haber emitido este miércoles un decreto que ponía fin a la separación de los niños inmigrantes de sus padres en la frontera con México.

El fundador y director de la organización Ángeles de la Frontera, Enrique Morones, consideró que la firma de este decreto es parte del "espectáculo" que acompaña a Trump, quien "primero provoca un incendio y luego tira la manguera" para atribuirse la solución del problema.

"Es una persona que además de racista resulta mentirosa y estamos muy furiosos, (...) vamos a seguir luchando contra él y su régimen racista, no vamos a parar hasta que esté fuera del gobierno pero, sobre todo, hasta que los niños estén con sus padres", explicó Morones a Efe.

Ante el aluvión de críticas recibido, el mandatario firmó una orden por la cual los menores indocumentados en lugar de ser separados, como ocurría desde abril, serán retenidos indefinidamente junto a sus familiares en centros de detención de inmigrantes.

Trump no necesitaba usar su poder ejecutivo para acabar con la separación de las familias, ya que pudo solicitar directamente a su fiscal general, Jeff Sessions, que detuviera o modificara la política de "tolerancia cero" contra la inmigración ilegal, que originó el problema.

Por ello, organizaciones como la Asociación Nacional de Funcionarios Electos y Designados (NALEO) insisten en que la nueva orden aborda el problema de forma superficial sin tener en cuenta "la crisis humanitaria creada por ellos mismos".

"El hecho de destrozar a las familias fue la política creada por los Estados Unidos, puesto que incluso si fue por un minuto, una hora o un día -la separación familiar- es simplemente desmesurado", manifestó en un comunicado.

Los responsables de NALEO confirmaron que mientras los niños o los adultos prosigan retenidos en instalaciones que se asemejan a "cárceles o jaulas que arrebatan su dignidad humana", ellos seguirán vigilando la situación fronteriza "fieles" a sus valores en defensa de los Derechos Humanos.

Además, el decreto de Trump tiene un futuro incierto, dado que contraviene un acuerdo extrajudicial conocido como "Flores", al que se comprometió en 1997 el Gobierno de Bill Clinton y que impide a las autoridades privar de libertad durante más de 20 días a los menores indocumentados detenidos en la frontera.

Por ese motivo, el Gobierno de Trump pidió hoy a una corte federal de California que modifique ese acuerdo para poder detener a los niños inmigrantes durante más de 20 días.

El senador republicano por Texas Ted Cruz anunció esta semana que presentará una propuesta de ley que ordene la deportación en 14 días para cualquier persona cuya petición de asilo sea rechazada.

Ello evitaría "entrar en conflicto" con el anterior acuerdo judicial.

Pese a estas propuestas, la organización pro inmigrante "United We Dream" manifestó su desconfianza y aseguró que mantendrán la atención de sus acciones en acabar completamente con la "agenda migratoria racista" de Trump.

En una conferencia de prensa, Cristina Jiménez, miembro de "United We Dream", denunció que los inmigrantes son tratados como "mercancía" e impulsó nuevas protestas para frenar la "criminalización" de la inmigración.

"La orden ejecutiva no resuelve el problema de las deportaciones ni mejora su situación porque solo significa que las familias seguirán en los centros de detención de forma indefinida", argumentó Jiménez. 

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