Nacional - Seguridad y Justicia
La violencia a ambientalistas aumentó en México durante 2017
México, 24 jul (EFE).- La violencia hacia defensores ambientales en México aumentó "notablemente" de 2016 a 2017, reveló el "Informe anual sobre defensores de derechos humanos 2017: ¿A qué precio?" divulgado hoy por la organización Global Witness.
La cifra de asesinatos a defensores de derechos humanos se vio incrementada de 3 a 15 personas en 2017 con respecto al año anterior, destacando que 13 de ellos pertenecían a comunidades indígenas que defendían el medio ambiente y su territorio.
A nivel global, el informe señala que 2017 fue el año más letal para defensores de los derechos humanos en general, habiendo perdido la vida al menos 207 personas defensoras de esta causa.
México es el cuarto país con más defensores de derechos humanos asesinados, detrás de Colombia con 24, Filipinas con 48 y Brasil, que con 57 personas asesinadas ocupa el primer lugar.
En conferencia de prensa, organizaciones mexicanas evaluaron la situación y acusaron al Gobierno mexicano como el principal responsable de estos asesinatos, no sin eximir de culpa al sector empresarial -que a su juicio se beneficia de un modelo que expropia la tierra a su pobladores con fines lucrativos- y a las organizaciones criminales.
"El Estado mexicano es el principal agresor contra defensores ambientales, pues la mayoría de los ataques fueron llevados a cabo por instituciones del Gobierno", sostuvo Alejandra Leyva, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Más allá de los asesinatos, Leyva destacó otras formas de violencia, y es que de julio de 2016 a diciembre de 2017 se registraron 88 ataques a defensores ambientales en el país.
"Del total de los casos de agresiones, las más recurrentes fueron las físicas", puntualizó la especialista, quien agregó que los estados más afectados son Puebla y el Estado de México, en el centro del país, Oaxaca y Chiapas al sur, y el estado de Sonora, al norte.
Por su parte, Alberto Solís, de la asociación Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), esta violencia desatada es "un problema de fondo, enraizado a las condiciones financieras del país y al sistema económico en el cual vivimos".
Por ello, tanto Solís como sus compañeros de las otras organizaciones aseveraron que es de vital importancia la intervención del Estado y de las empresas para detener la situación.
Con la administración actual en sus últimos meses, los activistas pusieron la mirada en el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su equipo de gobierno, con el que esperan establecer un acercamiento y dialogar sobre la problemática a la máxima brevedad.
En ese hipotético diálogo, Solís aseguró que se hará énfasis en la necesidad de proteger los derechos de las comunidades indígenas.
"Creemos que tenemos que ir hacia una colaboración, elevar los estándares internacionales, lograr una mayor garantía para los pueblos que tanto han sufrido por este sistema económico que nos despoja de los bienes naturales a todas y a todos", expuso.
En esta línea, Melissa Ortíz, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) respaldó a Solís pero matizó que "la invitación (al diálogo) es al Gobierno, pero también al sector empresarial".
Para concluir, los ponentes recalcaron que, pese a que los datos son estremecedores, es presumible que la violencia a los defensores de la naturaleza sea mucho mayor, con más muertes y más agresiones que se salen de los datos debido a todo un sistema que lucha por blindar la impunidad.
regina
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