Summum de la Justicia

El perdón deseable y el indeseable

2018-08-07

A mensajes como ese se suman los no verbales, como la procura de aproximación con el alto...

Arturo Rodríguez García, Proceso

Ya desde la campaña, inclusive antes, Andrés Manuel López Obrador llamó reiteradamente a la reconciliación, convocatoria que, como ganador de la elección e inminente presidente electo, cobra una dimensión diferente al gregarismo que se procura en cualquier campaña y enciende alertas que tienen que ver con la impunidad.

Cuando el ganador de la elección ha ofrecido perdón y amnistía, naturalmente surge el cuestionamiento sobre la impunidad, condición que se relaciona con el eje discursivo que ha mantenido desde siempre, como lo es erradicar la corrupción.

En diferentes momentos, lo que López Obrador parece decir cuando ofrece “no se perseguirá a nadie”, es que no habrá embestida con motivación política; cuando habla de que en él “no existe la venganza”, parece referirse a que, a diferencia de presidentes del pasado, no impulsará procesos contra alguien por desquite ni como abuso de poder.

Y eso no puede ser objeto de crítica, por el contrario, sería encomiable que un gobernante actúe así porque, no retorcer la justicia –que es lo que debe ser–, es algo deseable en un país donde suele aplicarse de manera selectiva, hablando de presidentes, por ejemplo, con la embestida a Elba Esther Gordillo y la impunidad para Carlos Romero Deschamps.

Lo que pasa es que algunos de sus mensajes discursivos y los no verbales dan otra dimensión a sus dichos. Por ejemplo, cuando acudió a Tercer Grado, la mesa que reactivó Televisa con comunicadores y periodistas en el pasado proceso electoral, López Obrador dijo que el proceso para erradicar la corrupción iniciaría con lo que ocurra a partir de su triunfo.

A mensajes como ese se suman los no verbales, como la procura de aproximación con el alto empresariado que, hasta hace poco, solía llamar “la mafia del poder” y con el que, al tercer día después de la elección, se vio con Germán Larrea.

Esta semana, el semanario Proceso publica dos reportajes sobre Germán Larrea Mota Velasco, un poderoso transexenal, presidente de Grupo México, segundo hombre más acaudalado del país y cuyas operaciones implican muertes, desastres ambientales y explotación laboral, bajo el cobijo de varias administraciones.

La impunidad en cada uno de los crímenes de Grupo México se ha visto coronada con la reactivación de sus negocios y sanciones ínfimas: puede contaminar un río, como el Sonora, y salir avante en su operación; dejar a decenas de mineros sepultados sin que exista una explicación de lo que ocurrió, como en Pasta de Conchos, y conseguir evadir la suspensión de la concesión minera, sólo rebautizando el fundo.

Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han sido responsables hasta ahora de todas las maniobras para garantizarle la impunidad. Eso es, en sí, parte del sistema de corrupción continua y generalizada que, conforme a sus ofertas, López Obrador no puede ni debe omitir.

Entonces, no se trata de que el nuevo titular del Ejecutivo retuerza la justicia. De lo que se trata es de una serie de acciones que corresponden a su ámbito de competencia y que seguirán en curso cuando ya sea presidente.

Por ejemplo, en la revisión de los actos que tienen que ver con el desastre ambiental de Sonora o los procesos abiertos en instancias internacionales contra los que el Estado Mexicano sigue litigando como el de Pasta de Conchos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Naturalmente, no es lo único y el país está repleto de injusticias, pero por la importancia de la empresa y su magnate, así como por la dimensión de esos casos y la cantidad de víctimas, sería una buena oportunidad para ejemplificar lo que se ha planteado como eje central de gobierno y transformación.


 



regina