Nicaragüenses piden por "reos políticos" en OEA, ONU y Estados democráticos

Managua, 8 may (EFE).- La Alianza Cívica de Nicaragua anunció hoy que realiza gestiones para lograr la libertad de unos 135 "reos políticos" del Gobierno de Daniel Ortega, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Estados democráticos.

Las gestiones se deben a que la Alianza considera que los juicios contra dichos reos son parte de la represión del Gobierno, hacia los que piensan distinto a Ortega, y que ha dejado entre 317 y 448 muertos, mientras el presidente reconoce 197.

"A todos los presos políticos, les aseguramos que no están solos, la Alianza ha impulsado acciones ante la OEA, las Naciones Unidas, representaciones de países, como el Departamento de Estado de Estados Unidos, y organismos internacionales, denunciando las detenciones por participar en manifestaciones", dijo Ariagnna Moraga, miembro de la organización.

Algunos de los "reos políticos" más conocidos son el miembro de la Alianza y líder campesino Medardo Mairena, el dirigente rural Pedro Mena, la comerciante Irlanda Jerez, el empresario Cristhian Fajardo, así como los jóvenes negros Brandon Lovo y Glen Slate.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nicaragua vive una "tercera fase" de la represión gubernamental, "más ruda, más explícita y burocrática", que es la "criminalización de manifestantes", luego de la primera que consistió en agresiones a protestas callejeras, y la segunda, con ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con saldos mortales.

La Alianza también solicitó a nivel internacional el desmantelamiento de los paramilitares y parapolicías, que actúan junto con la Policía Nacional en asaltos a viviendas, secuestros, "ejecuciones extrajudiciales", agresiones físicas a personas y ataques armados a ciudades.

Los miembros de la Alianza afirmaron tener altas "expectativas" en el "Grupo de trabajo" anunciado por el Consejo Permanente de la OEA, para buscar una solución efectiva a la crisis de Nicaragua, a pesar de que Ortega lo ha rechazado y ha reiterado que no lo recibirá.

Nicaragua está sumergida en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril, por unas reformas a la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra. 

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