Migración

Polémica legal por los tiroteos de agentes estadounidenses que causan muertes en México

2018-08-22

Un pánel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno...

Adam Liptak, The New York Times

WASHINGTON — La Constitución de Estados Unidos debería significar lo mismo en Arizona y en Texas. Sin embargo, dos cortes federales de apelaciones han emitido fallos muy diferentes sobre si los guardias fronterizos de esos estados deben rendir cuentas por sus tiroteos en la frontera con México que han causado el fallecimiento de dos adolescentes.

En una decisión que fue emitida este mes, un juez federal en California le pidió a la Corte Suprema resolver los fallos opuestos. No puede ser, escribió el juez Milan D. Smith Jr., que los guardias apostados en Arizona puedan ser demandados por asesinatos sucedidos al otro lado de la frontera, mientras que los que están en Texas no lo sean.

“Este es un resultado insostenible y conducirá a una administración irregular del Estado de derecho”, dijo el juez Smith. En el caso de Arizona, un guardia fronterizo llamado Lonnie Swartz, parado en terreno elevado, disparó hacia el otro lado de la frontera en una calle de Nogales, México, y mató a un adolescente de 16 años llamado José Antonio Elena Rodríguez.

Un pánel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito, en San Francisco, determinó este mes que la madre de José Antonio podía demandar a Swartz por violar los derechos constitucionales de su hijo.

En ese caso, el juez Andrew J. Kleinfeld dictaminó que “es simple y llanamente homicidio”. Además agregó —y esto es lo que dividió a las dos cortes de apelaciones— que la madre de José Antonio no debería necesitar permiso del Congreso estadounidense para demandar.

El caso de Texas es diferente solo en los detalles. Ahí, un guardia fronterizo llamado Jesús Mesa Jr. disparó en la cabeza a un adolescente de 15 años que intentaba escapar, lo que causó su muerte. El joven, Sergio Hernández Guereca, había estado jugando con sus amigos en el lecho seco del río Bravo y se encontraba en el lado mexicano cuando fue impactado por los disparos.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito, ubicado en Nueva Orleans, dijo que la familia de Sergio no podía demandar a Mesa.

“Este no es un caso cerrado”, escribió la jueza Edith Jones en marzo y sostuvo que el Congreso podría aprobar una ley que permitiera demandar a funcionarios federales por los “extranjeros lesionados en el extranjero”. No obstante, Jones argumenta que, sin dicha ley, las cortes federales no deberían “interferir con la supervisión de la seguridad interna y las relaciones exteriores de las ramas políticas”.

La Corte Suprema pronto anunciará si admitirá el caso de Texas que ya ha sido juzgado. En el caso de Arizona, un abogado de Swartz presentó documentos la semana pasada lo que indica que se está buscando que sea admitido por la Corte Suprema.

Si la Corte Suprema acepta juzgar uno o ambos casos, las familias de los jóvenes podrían enfrentar una dura batalla legal. Y hay pocas razones para pensar que el juez Brett M. Kavanaugh, el nominado del presidente Trump a la Corte Suprema, sería empático con sus argumentos.

En 2015, Kavanaugh, quien está a cargo de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, se unió a una decisión que desestima una demanda presentada por un ciudadano estadounidense que dijo que había sufrido meses de abuso en manos de funcionarios de cuerpos de seguridad estadounidense en Kenia, Somalia y Etiopía. En una opinión concurrente, Kavanaugh dijo que el demandante, Amir Meshal, no podía demandar a los funcionarios por violar sus derechos constitucionales porque ningún estatuto autorizaba esas demandas.

“Si fuera miembro del Congreso, tal vez votaría para decretar una nueva causa de acción para atender un caso como el de Meshal”, escribió. “Pero como jueces, no nos corresponde tomar esa decisión”.

Los casos de los jóvenes asesinados están en sus primeras etapas y por ahora los jueces deben aceptar la versión de sus familiares. Es decir, deben asumir que los guardias dispararon contra chicos desarmados que no representaban ninguna amenaza para ellos.

Swartz, el guardia de Arizona, también enfrenta cargos criminales. En abril, un jurado en la corte federal en Tucson lo declaró inocente de asesinato pero le formularon un cargo por homicidio doloso. Los fiscales federales han dicho que lo llevarán de nuevo ante la justicia.

En la demanda civil contra Swartz, su abogado, Sean C. Chapman, le dijo al Noveno Circuito que la muerte de José Antonio fue “trágica”. “Sin embargo, la moralidad del agente Swartz no es un factor relevante para la consideración de esta corte”, escribió Chapman.

Lee Gelernt, un abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) que representa a la madre de José Antonio, dijo que la decisión del Noveno Circuito “no pudo haberse producido en un momento más importante, cuando este gobierno busca militarizar más la frontera”.

Por su parte, el gobierno mexicano le pidió a la Corte Suprema que admita el caso de Texas.

“Es una prioridad para México ver que Estados Unidos ha ofrecido los medios adecuados para que los agentes rindan cuentas y para compensar a las víctimas. Estados Unidos no esperaría menos si la situación fuera al revés y un agente del gobierno mexicano hubiera matado a un ciudadano estadounidense”, decía el informe de México.



Jamileth