Nacional - Seguridad y Justicia

Los 43 estudiantes de Iguala, la herida abierta de México

2018-09-04

Bajo la atenta mirada de los desaparecidos, homenajeados en carteles distribuidos por todo el...

PABLO SÁNCHEZ OLMOS | El Mundo


"En lo personal, y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción de que pasó justamente lo que la investigación arrojó", aseguró Peña Nieto en un vídeo adelanto de su último informe de gobierno presentado este lunes. En su última rendición de cuentas a los mexicanos, el presidente ha querido cerrar de esta manera el caso que más daño ha provocado a su imagen y a su administración. Y es que, a pesar de la insistencia de los organismos internacionales de derechos humanos, Peña Nieto prefiere la llamada "verdad histórica" que aceptar la posibilidad de que se reabra una herida que él considera ya cerrada.

Esta verdad histórica defendida por la Fiscalía apunta a que los 43 estudiantes fueron desaparecidos por policías y sicarios locales la noche del 26 de septiembre en Iguala, los cuales quemaron sus cuerpos en el basurero de Cocula y después esparcieron sus cenizas en el río San Juan. Para la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) esta tesis es falsa, ya que "los estudios científicos demostraron que los estudiantes no fueron quemados en el basurero de Cocula". Y por eso exigen al Gobierno una investigación independiente que reabra el caso, cuando se van a cumplir este mes 4 años desde la desaparición de los estudiantes.

Este lunes, en el lugar donde empezó todo, en la escuela normalista y rural de Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixtla, Guerrero, representantes de estas organizaciones de derechos humanos se han reunido con los familiares de los estudiantes para presentarles su propio informe preliminar. Todos fueron recibidos como héroes por los familiares de los 43, los cuales les obsequiaron con collares de flores y música ofrecida por la banda de Ayotzinapa. Confían en ellos porque su independencia les avala, y aunque su verdad duela, al menos no estará atada a intereses partidistas.

Bajo la atenta mirada de los desaparecidos, homenajeados en carteles distribuidos por todo el centro, la escuela normalista sigue de luto, 4 años después de la desaparición de sus estudiantes. Y cuando los investigadores hablan, todos escuchan en silencio. "A la fecha no se han realizado cambios en la narrativa para enfocar las líneas de investigación. Tienen que dejar de una vez por todas esta posición que el señor presidente saliente plantea como verdad histórica. Lo que la CIDH ha rechazado. Lo que la CIDH no acepta", asegura Esmeralda Arosemena, integrante de la misión de la CIDH.

Uno a uno, los distintos representantes de las asociaciones, van aportando las conclusiones a las que ha llegado sobre el terreno, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante su investigación de los últimos dos años. Las diferencias entre sus conclusiones y las de la Fiscalía mexicana son principalmente tres: los verdaderos implicados en la desaparición, la forma de obtener conclusiones y la posibilidad de que los jóvenes fueran incinerados en el basurero de Cocula.

La versión oficial asegura que solo estuvieron implicados en la desaparición miembros de la policía local de Iguala, mientras que los investigadores independientes coinciden en que también tomaron parte aquel día policías federales y militares desplazados. La comisión ha detectado contradicciones en las declaraciones de algunos elementos del Ejército, y por eso cree necesario que se vuelva a recoger testimonios implicando esta vez a todas las unidades que estuvieran desplazadas.

La manera en la que la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo supuestamente las confesiones clave que le permitieron armar la llamada "verdad histórica", también ha estado cargada de polémica. El pasado mes de marzo, la ONU publicó su informe 'Doble Injusticia' en el que analizaba los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de las investigaciones del caso.

El documento precisaba que en 34 de las 129 personas detenidas y procesadas, el Alto Comisionado había encontrado "fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos". Además, el informe insiste en que tienen registradas una serie de declaraciones autoinculpatorias "libres y espontáneas" hechas por personas detenidas que presentaban múltiples lesiones y que en muchos casos fueron justificadas de manera poco creíble, como "autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estados de ebriedad o caídas". Dichos testimonios fueron claves y, de ser anulados, tumbarían la versión oficial.

Otro punto donde la versión oficial y la independiente difieren es en que los jóvenes fueran incinerados en el basurero de Cocula. Según la hipótesis central de la PGR, debido al alto nivel de exposición de calor, los restos de los jóvenes quedaron tan deteriorados que fue imposible obtener de ellos un perfil genético. De acuerdo con la investigación independiente "para incinerar a los 43 normalistas de Ayotzinapa hasta borrar su ADN se habrían necesitado alrededor de 15 toneladas de madera, en el mejor de los casos".

Además, existen dudas con respecto a la ubicación de los jóvenes esa fatídica noche del 26 de septiembre ya que, investigaciones privadas de geolocalización por dispositivos móviles, señalan que al menos 9 de los teléfonos de los jóvenes, siguieron funcionando después de la medianoche y uno de ellos lo hizo en manos de un policía federal.

Por eso la "verdad histórica" defendida a ultranza por el hoy todavía presidente es una media verdad que no convence a los familiares, ni a la ONU, ni a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todos ellos reclaman una nueva investigación independiente que siga la línea marcada por estos organismos. No confían en que la administración saliente lo lleve a cabo, sus esperanzas están puestas en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con quien se reunirán el próximo 26 de septiembre coincidiendo con el cuarto aniversario de una tragedia que sigue muy presente en el imaginario colectivo de México.


 



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