Internacional - Política
El origen de la crisis en Guatemala y lo que podría suceder
Enrique Naveda, The New York Times
GUATEMALA — El viernes 31 de agosto, el presidente Jimmy Morales puso en marcha un plan que, pasados apenas unos días, revelaría toda su carga de gravedad: tenía la intención de violar el convenio con Naciones Unidas por el que hace una década se estableció la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig), y estaba dispuesto a desacatar las órdenes que la Corte de Constitucionalidad emitiera contra sus decisiones si él las consideraba “ilegales”. En un momento de envalentonamiento, había decidido dinamitar un pilar del sistema republicano y contravenir el derecho internacional.
Aquel viernes, mientras jeeps artillados donados por Estados Unidos para combatir el narcotráfico desfilaban y se detenían frente a la Cicig y a la embajada del país norteamericano (que financia la mayor parte de la operación contra la impunidad), políticos, diplomáticos, periodistas y defensores de derechos humanos, se comunicaban con preocupación y evaluaban la posibilidad de que el gobierno estuviera a punto de darse un autogolpe de Estado.
En la sede de la Cicig se habían vivido horas muy tensas. Se llegó a temer que las autoridades entrarían para sacar por la fuerza al comisionado, Iván Velásquez, el fiscal colombiano que desde 2013 le dio un nuevo rumbo a las investigaciones al concentrarlas en las estructuras de corrupción que vinculan a grandes grupos empresariales, criminales y mediáticos con políticos, funcionarios y jueces. Se temía, también, que pretendiera expulsarlo del país.
Morales ya lo había intentado hacía justo un año. Furioso porque su hijo y su hermano eran acusados de corrupción por el Ministerio Público y la Cicig, y porque había indicios de que su campaña electoral había recibido fondos de manera fraudulenta, declaró a Velásquez persona non grata y le pidió a Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, que lo remplazara. Si la decisión no prosperó fue porque la Corte de Constitucionalidad la anuló y le dijo a Morales que cualquier conflicto lo tendría que resolver mediante acuerdos con la ONU y no con decisiones unilaterales.
La conferencia de prensa que ofreció el presidente horas después, ese mismo viernes, no exorcizó ninguna de estas preocupaciones. Acompañado por el alto mando militar y solo tres ministros de su gabinete (Gobernación, Defensa y Exteriores), en una imagen que recordaba a las épocas más represivas de la guerra civil, Morales dijo que había notificado a la ONU que no renovaría el mandato de la comisión más allá de 2019 y que no acataría órdenes ilegales. El anuncio, tan adelantado, el desfase entre el mensaje y la escenografía amenazante, y el retraso de varias horas en el inicio de la conferencia, sugerían que hubo un cambio de planes en el último momento.
Mientras, una parte del Congreso se ha afanado en reformar la ley de antejuicio. El antejuicio es un derecho que protege a algunos altos cargos estatales de que se los investigue, a menos que se demuestre que hay indicios razonables de delito. Pretende evitar ilegítimos ajustes de cuentas de tinte político. Antes de que esas propuestas lleguen al Congreso, deben pasar por la Corte Suprema de Justicia.
La intención de un amplio grupo de diputados es eliminar ese filtro previo para desmantelar los esfuerzos anticorrupción iniciados en 2015 y poder decidir a su antojo sobre la inmunidad de quienes han resuelto contra sus intereses: algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la Fiscala General, el Tribunal Supremo Electoral y el Procurador de los Derechos Humanos.
Pero estamos a cuatro meses de la convocatoria a elecciones generales y los procesos se prevén tan lentos que Jordán Rodas, el Procurador de Derechos Humanos, les ha advertido a los diputados que buscan destituirlo que ellos abandonarán sus cargos antes, dada la inminencia de los comicios. Además, como recuerda el jurista Alexander Aizenstadt, serán los propios magistrados quienes juzguen si la reforma es compatible con la Constitución. “Como parece serles desfavorable, es muy probable que la declaren inconstitucional”.
Sobre muchos de estos diputados y sus partidos pesa la sombra de la corrupción: los legisladores podrían terminar en la cárcel y las organizaciones políticas podrían ser canceladas, lo cual reduciría de inmediato tanto el poder de los legisladores en el Congreso como su posibilidad de reelegirse en los comicios de 2019. Y tanto ellos como los grandes empresarios tienen nuevos miedos que se pueden concretar de manera muy inminente y desajustar su alianza, porque muchos parecen con miedo de salir implicados en dos presuntas redes de corrupción mayúsculas: las que lideraban Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones ahora prófugo, y Manuel Baldizón, candidato presidencial de un partido creado a golpe de sobornos, según un cable diplomático filtrado por Wikileaks.
Esta semana se ha filtrado la declaración de la asistente de Sinibaldi, que despierta sospechas incluso respecto de personas que han abanderado públicamente la lucha contra la corrupción, como la exfiscala Thelma Aldana. Y se espera que en los próximos días Baldizón sea extraditado a Guatemala para presentarse ante los tribunales.
Desde el viernes hasta hoy, el Procurador de los Derechos Humanos y miembros de la sociedad civil han recurrido a la Corte de Constitucionalidad para que haga cumplir la orden que le dio el año pasado a Morales sobre la manera de resolver sus diferencias con la ONU, declare ilegal el veto a Velásquez y, ante la amenaza de una andanada represiva, proteja los derechos constitucionales y la libertad de expresión, dado que fuentes del Estado han filtrado una supuesta intención de amedrentar a periodistas y activistas con ataques encubiertos de delincuencia común o acusándolos de sedición. La corte ha pedido informes, pero aún no ha resuelto, y tiene en vilo a todos los actores políticos del país.
El jurista Aizenstadt opina que la decisión de Morales “colisiona directamente” con el acuerdo con Naciones Unidas, que tiene rango de ley. “Su efecto es dar por terminado el acuerdo antes de tiempo y de manera unilateral”, sostiene, “algo que no permite ni el derecho internacional ni el guatemalteco”.
“Desde el punto de vista coyuntural, lo que está en juego es la preservación de contrapesos hacia quienes pretenden afianzar su control desde el fascismo, pudiendo llegar incluso a un golpe de Estado técnico”, dice Mónica Mazariegos, investigadora de la Universidad Rafael Landívar. A juicio de ella, la crisis ha llevado a cuestionar incluso qué son la corrupción y la impunidad, y está llevando a reflexiones sobre si los fines del Estado guatemalteco son corruptos en sí, a hablar de refundación.
El presidente Morales, todavía sin saber qué fallarán los magistrados, aseguró el jueves en un discurso público que no lo mueven intereses personales e insistió en que no acatará “órdenes ilegales”; y la ministra de exteriores, Sandra Jovel, nombrada para el cargo justo cuando tenía que enfrentar un proceso por adopción ilegal de menores y exonerada del proceso por la inmunidad de que gozan los ministros, acusó a la Cicig de haberse convertido en una estructura paralela igual que las que tenía que combatir.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, la mayor organización empresarial del país —algunos de cuyos afiliados más prominentes afrontan procesos por soborno, evasión o financiamiento electoral ilícito—, se había pronunciado días antes a favor de la decisión de Morales de deshacerse de la Cicig y lo que llama defensa de la “institucionalidad”. Universidades, asociaciones estudiantiles, organizaciones sociales y buena parte de la comunidad internacional se han opuesto con el argumento de que la intención real es destruir la institucionalidad republicana y acabar con la lucha contra la corrupción.
Con la misma inquietud con que se espera el fallo de la Corte, se aguardaba el dictamen del Departamento de Estado estadounidense, que no se había unido a las manifestaciones de la comunidad internacional pese a que integrantes del Capitolio estadounidense le habían exigido al secretario Michael Pompeo una declaración favorable a la Cicig.
El Departamento de Estado hizo público el jueves que Pompeo llamó a Morales y le informó que EE. UU. aboga por seguir ejecutando reformas que fortalezcan la lucha contra la impunidad y la corrupción en 2019 y que favorecerá “una Cicig reformada”. No se sabe nada más de lo que Pompeo le dijo a Morales durante la llamada.
Guatemala es un territorio clave en Centroamérica, una región inestable que amenaza los intereses estadounidenses de varias maneras: por el dominio del crimen organizado, la migración masiva, la porosidad de las fronteras y la presencia creciente de Rusia y China. Tras el reciente anuncio de que El Salvador establecerá relaciones diplomáticas con China, Pompeo puede preferir mimar al gobierno de Guatemala para que conserve sus vínculos con Taiwán, al tiempo que evita esos cambios de presidente que tanto perturban a Estados Unidos.
Pero al mismo tiempo no puede permitirse los retrocesos en materia de seguridad y justicia que implica el cierre de la Cicig. De ello depende también, como han señalado senadores y representantes estadounidenses en el pasado, su seguridad interna. Y por eso el comité de relaciones exteriores del Senado ha recordado que el apoyo a la Cicig es bipartidista y que los fondos de cooperación para Guatemala pueden verse comprometidos si el Gobierno no facilita el trabajo de esa comisión.
La ministra Jovel agradeció a Pompeo su apoyo con un tuit, y los grupos afines al Gobierno celebraron con una algarabía tan extrema que parecía diseñada para propagar la idea de que ganaron.
Una parte de quienes apoyan la lucha contra la impunidad lo recibió como una derrota casi definitiva, con una sensación de abandono. Esperaban más contundencia del Departamento de Estado, y ahora sienten que respondió como Morales deseaba a la estrategia gubernamental de trasladar la embajada guatemalteca a Jerusalén y de activar el apoyo de los grupos evangélicos.
Es fácil entender el sentimiento, pero más difícil las razones. El comunicado del gobierno estadounidense es ambiguo, pero así como insiste en el apoyo de Pompeo a la soberanía guatemalteca, también parece sugerir que Washington no está dispuesto a concederle al gobierno lo único que pretendía: el final de Velásquez y la Cicig. Por el contrario, les ofrece apoyo para reformarla y continuar con la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Además de que la oferta resultaría rara si la intención fuera finiquitar la comisión dentro de poco más de un año, la línea de reformas más mencionada hasta ahora apunta a mejorar los controles internos de la Cicig, sin modificar lo que quieren alterar sus opositores: el mandato.
Cambiarlo significaría modificar el objetivo de la institución más valorada por los guatemaltecos, que se ha mantenido en torno al 70 por ciento de aprobación desde que Velásquez le imprimió el enfoque de lucha contra la corrupción mientras se deteriora la imagen de los que se erigen en sus adversarios.
regina
