Sin importar su ubicación, nuevo aeropuerto debe ser operado por privados: Carlos Slim

(Animal Político).- Para el empresario Carlos Slim, sea cual sea la decisión sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), lo conveniente es que este sea operado por privados, y que el dinero que el gobierno reciba por la concesión se use en programas de desarrollo social.

“Creo que está en el corazón de cuatro millones de habitantes, y puede ser un detonador económico de esos cuatro millones de habitantes para llevarlos a todos a clase media”, aseveró Slim durante su participación en la edición 16 de la Cumbre de Negocios “Diseñando el Futuro”.

De acuerdo con el presidente de Grupo Carso, si la decisión de la consulta popular resulta a favor de Texcoco, “el aeropuerto actual tendrá un gran valor para ser un desarrollo con sentido social y de beneficio económico para la gente que vive ahí”.

El empresario indicó que, “se haga o no se haga” el Nuevo Aeropuerto en las 13 mil hectáreas de terreno en Texcoco, “es muy importante que no se siga llenando de asentamientos irregulares como ha pasado con Nezahualcóyotl”.

Actualmente hay dos opciones para desarrollar un nuevo aeropuerto para el centro del país: la construcción de una nueva terminal en Texcoco o habilitar la base militar de Santa Lucía junto a la actual terminal Benito Juárez.

Ambas opciones requieren por lo menos 4 años para entrar en operación, por lo que se necesitan soluciones a corto plazo.

Decisión sobre NAIM, “eminentemente técnica”

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que la ubicación de la terminal aérea no debe ser sometida a consulta ciudadana, toda vez que se trata de una decisión “eminentemente técnica”.

A cinco días de iniciar la consulta propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el sector privado señaló que la participación ciudadana “es fundamental para un desarrollo democrático”; sin embargo, acentuó que las decisiones como esta, con un alto grado de complejidad “deben ser asumidas por los funcionarios e instituciones públicas facultadas”.

Ellos son “quienes tienen la responsabilidad de procesar la información técnica, las consecuencias económicas y las preocupaciones ciudadanas para concluir con la mejor opción”, indicó el CCE en un comunicado.

Además, calificó el ejercicio de la consulta como un mecanismo “inadecuado” para la toma de decisiones, y jurídicamente inválido, porque no se circunscribe a las condiciones establecidas en la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución mexicana, ni en la Ley Federal de consulta Popular.

El Consejo Coordinador explicó que tampoco se tienen garantías claras de imparcialidad, objetividad y seguridad, además de que los criterios técnicos de su diseño no se han detallado ni sometido a revisión de especialistas.

Asimismo, subrayó que los actores a cargo de la consulta e integrantes del Comité Técnico, e incluso los materiales informativos elaborados por ellos “han demostrado un sesgo favorable hacia la opción de la base aérea de Santa Lucía”, lo que “daña gravemente las posibilidades de equidad en el ejercicio” de la consulta.

De acuerdo con el CCE, no existen las condiciones mínimas necesarias para que la consulta pueda considerarse un ejercicio imparcial y objetivo, y las consecuencias “podrían generar altos costos para el patrimonio nacional”.

“Si bien es positivo buscar una mayor participación ciudadana para la toma de decisiones de gobierno, esta no puede reemplazar las responsabilidades de las instituciones del estado”, insistió.

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