Editorial

Los planes del gobierno de AMLO podrían enfrentar cientos de conflictos territoriales

2018-11-29

"No se va a destruir la naturaleza, no se van a contaminar las tierras, el agua, el aire; se...

Por Laura Castellanos\The New York Times

El 1 de diciembre se inicia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dirigente de izquierda que arrasó en las elecciones presidenciales mexicanas del 1 de julio al obtener más del 50 por ciento de la votación nacional.

Sin embargo, López Obrador ha comenzado a gobernar desde hace meses con la celebración de consultas ciudadanas en las que, entre otras cosas, se decidió la cancelación del proyecto de un nuevo aeropuerto en Ciudad de México y la construcción de grandes obras de infraestructura como el Tren Maya, el tren del istmo de Tehuantepec y una refinería en Tabasco, su estado natal.

“No se va a destruir la naturaleza, no se van a contaminar las tierras, el agua, el aire; se va a lograr el desarrollo sustentable”, dijo el político durante su campaña. Pero aunque el nuevo gobierno creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y ha dicho que se deben hacer consultas con los pueblos originarios de cada región, diversas organizaciones y expertos en temas de medioambiente han alertado sobre los peligros que entraña la construcción de estas obras para el ecosistema y las tierras de las que dependen distintas comunidades.

Araceli Olivos, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, considera que los conflictos socioambientales serán el asunto central con el nuevo gobierno: “Ese va a ser el tema del próximo sexenio: el de la lucha territorial contra el extractivismo nacional o extranjero”.

Olivos dice que la política de López Obrador es explotar no solo el subsuelo sino también lo que está en la superficie, “en tanto el territorio es cultura, sociedad, religión y también es explotable”.

Tierra de guerreros

El enfrentamiento de los proyectos gubernamentales y los intereses privados con las comunidades rurales e indígenas no es una novedad en México. Eso lo sabe la comunidad nahua de Santa María Ostula, en Michoacán, que ha sido la más violentada en la última década por luchar contra el saqueo de su territorio. Hace nueve años fundaron Xayacalan, un asentamiento ubicado en la franja costera que busca impedir el despojo de más de siete mil hectáreas donde hay catorce concesiones mineras.

Xayacalan significa “tierra de guerreros” y representa la lucha que la comunidad ha librado contra terratenientes, talamontes, grupos criminales y fuerzas policiales y federales para impedir el tráfico ilegal de hierro y madera. La resistencia ha tenido un costo sangriento para la comunidad: 34 asesinatos —entre ellos un niño— y seis desapariciones en casi una década.

En México existen al menos 205 conflictos comunitarios contra megaproyectos y en defensa del territorio y los bienes naturales, según los estudios de María Fernanda Paz, académica del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta estimación incluye el caso de Ostula y toma en cuenta los procesos de organización social, pero podría considerarse conservadora: Víctor Toledo, investigador de la misma universidad, calcula que los conflictos ambientales en el país sobrepasan la cifra de quinientos.

Paz explica que “un 75 por ciento de los casos están vinculados a procesos de expansión del capital y de mercantilización del ambiente (agua, viento, minerales, bosques) con fines extractivos o de infraestructura urbana”. Según la investigadora, las luchas de las comunidades se originan por la contaminación del agua, el aire o el suelo; la destrucción de ecosistemas, reservas naturales, cultivos o sitios naturales sagrados; el despojo de agua o territorio, y el daño de entornos cotidianos o laborales.

En el registro de Toledo, 78 por ciento de los casos son provocados por proyectos mineros, energéticos, hídricos, de vías de comunicación, desarrollo turístico y urbano. “Son proyectos depredadores de grandes compañías extranjeras o nacionales y de empresas públicas como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad”, apunta el investigador.

Toledo explica que esos conflictos proliferaron durante la última década, pero el marco jurídico que los propició fue implementado en los años noventa durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En su estudio, 46 por ciento de los casos pertenecen al rubro minero (188) y energético (70).

Las leyes que regulan ambos sectores establecen que lo que hay en el subsuelo es un bien público, lo que posibilita que el gobierno otorgue concesiones para su explotación al dar prioridad a los intereses particulares por sobre los sociales y ambientales, en opinión de los investigadores.

Los conflictos derivados de la industria extractiva pueden surgir a partir del otorgamiento de una concesión, primer peldaño para la potencial explotación del territorio. En su anuario de 2017, el Centro de Análisis e Investigación Fundar señala que en el país hay 24.709 concesiones mineras que comprometen una superficie de 20,79 millones de hectáreas (un área mayor a la superficie continental de países enteros como Uruguay o Nicaragua).

La lucha por la vida

En la última década se han registrado 125 crímenes contra luchadores ecologistas en México: de esa cifra, 108 han sido asesinatos. De estos delitos, 82 fueron perpetrados contra personas indígenas.

Los activistas rarámuri Julián Carrillo e Isidro Baldenegro López son algunos de los defensores que han sido asesinados recientemente. Carrillo reivindicaba los derechos de los indígenas del estado de Chihuahua y sus territorios. Pese a estar protegido por el Estado fue asesinado el 24 de octubre por individuos que portaban armas de alto calibre.

Baldenegro López, también de Chihuahua, se enfrentó a los talamontes para defender los bosques en su municipio de Guadalupe y Calvo. El activista sufrió intimidaciones, la criminalización, la cárcel y el desplazamiento forzado. Su lucha le hizo merecedor del Premio Goldman, un galardón internacional considerado el Nobel de ecología. Sin embargo, eso no impidió que fuera asesinado en 2017.

Las comunidades rurales y los núcleos urbanos afectados enfrentan los megaproyectos a través de protestas, la conformación de asambleas, la vía jurídica, la acción directa (cierre de carreteras, toma de oficinas de gobierno) e incluso las armas. Es el caso de los comuneros de Aquila, Michoacán, que en 2013 crearon una autodefensa contra grupos criminales y la minera Ternium.

La respuesta a esas resistencias pueden ser intentos de corromper a los líderes, coerción, amenazas, agresiones y el encarcelamiento o el asesinato de luchadores, como fue el caso de Baldenegro.

La investigadora María Fernanda Paz explica que la población más vulnerable que confronta los megaproyectos es la campesina e indígena. Junto con el académico Jorge Peláez, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, documentó 114 pugnas medioambientales impulsadas por esa población de 2010 a 2017. En 77 casos hubo violencia: veintiocho eran de carácter extractivo y veintidós de empresas productoras de energía (como hidroeléctricas y parques eólicos).

Mariano Abarca era un activista de Chicomuselo, Chiapas, que fue asesinado en 2009 por enfrentarse a una empresa minera canadiense y había denunciado amenazas de muerte, agresiones y una detención ilegal, pero se negó a claudicar. “Si es necesario dar la vida se tiene que dar y demostrar con hechos que estamos dispuestos a defender a la madre naturaleza”, dijo en una entrevista.

En los conflictos contra mineras la violencia es un mecanismo predominante. La geógrafa Sol Pérez Jiménez consigna que en el país hay 922 proyectos en exploración, 270 en operación y 65 en desarrollo que han provocado 114 conflictos, en 90 por ciento de los cuales las comunidades han sufrido algún tipo de violencia.

Pérez Jiménez explica que cada proyecto lo integra una multiplicidad de concesiones y un conflicto pueden constituirlo diversas comunidades afectadas. La académica observa que el gobierno y las empresas han recurrido a estrategias de cooptación, división, represión y persecución “para provocar la fractura social; es un patrón general, a veces en relación con grupos criminales”.

Si el estudio de los conflictos sociales y ambientales existentes se focaliza y se hace en el terreno, la presencia de la violencia es permanente. Un informe no difundido de la Red de Afectados Contra la Minería (REMA), al que tuvo acceso The New York Times, señala que por lo menos 150 comunidades en pugna contra mineras, ubicadas en el centro y norte de Guerrero, presentan una escalada de violencia tras el arribo de las empresas canadienses en 2008. El documento precisa que estas localidades están regadas en una extensión de más de 200,000 hectáreas concesionadas a mineras, en el llamado cinturón dorado que concentra la mayor riqueza de oro nacional.

El informe advierte que en esa región hay una estrategia de desgarramiento social con la intervención de grupos criminales, en la que acontecen ocho modalidades de violencia: asesinatos, desapariciones, secuestros, despojo u ocupación territorial, toque de queda, reclutamiento criminal de jóvenes locales, extorsiones y desplazamientos forzados.

“En esa zona ya operan por lo menos cinco empresas de canadienses y de privados mexicanos y, desde su aparición, el crimen organizado ha jugado un papel relevante en la imposición de esos proyectos”, se sostiene en el documento.

El futuro de las tierras

Paz considera que esta oleada de conflictos en México ha generado, en contraparte, procesos colectivos de cohesión, revaloración del territorio, rescate de la identidad y la cultura y de empoderamiento de mujeres y jóvenes.

En un sentido similar, Toledo sostiene que en México ahora hay más movimientos combativos que ponen en jaque al gobierno y a las empresas: “Estamos en una especie de empate, pero las resistencias avanzan”. Las más visibles son las de los pueblos originarios, aposentados en las regiones consideradas como las de mayor riqueza natural del país.

Un ejemplo notable es el de 230 comunidades indígenas del Consejo Regional de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, que ha conseguido la cancelación de 22 de las 44 concesiones mineras dadas en una extensión de 142,000 hectáreas.

Enrique Peña Nieto, presidente saliente de México, aprobó diez decretos de reserva de agua, que según el portal Verificado 2018 representan el 55 por ciento de los lagos y ríos del país, y que asociaciones como Agua para [email protected] ven como una clara privatización del líquido.

Peña Nieto también decretó la creación de Zonas Económicas Especiales, áreas geográficas estratégicas en estados con pobreza y presencia indígena como Chiapas, Tabasco y Veracruz; para la organización civil Otros Mundos, estas zonas especiales privilegiarán cadenas de producción extractiva y de desarrollo de infraestructura a gran escala en beneficio de multinacionales.

Durante su campaña, Andrés Manuel López Obrador dijo que impulsará la aprobación de los Acuerdos de San Andrés, una iniciativa de ley que las autoridades federales firmaron con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1996, en la que se reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos el de la autonomía y el de la consulta sobre sus territorios.

El abogado mixteco Francisco López Bárcenas, autor de una docena de libros sobre derechos indígenas, toma con reservas las promesas de López Obrador sobre los pueblos originarios. “¿Los empresarios con los que se ha reunido lo van a permitir?”, inquiere. “Ellos tienen las concesiones mineras, de eólicas, de aguas…”.

Miguel Mijangos, integrante de REMA, dice que el nuevo presidente ha pasado de tener una posición crítica a promover la industria minera, por tener como aliados a empresarios con intereses mineros y determinados líderes sindicales. “Ha sido decepcionante, de nada sirve que López Obrador transite a una minería amigable si no entiende lo que es la minería a cielo abierto”, señalada como altamente tóxica, afirma Mijangos.

Mientras tanto, en el escenario de los conflictos comunitarios se abren nuevos frentes. Fundar asegura que 14,3 por ciento del territorio que el gobierno saliente planeaba adjudicar para la exploración y extracción de hidrocarburos es de carácter indígena.

Fermín Ledesma, integrante del Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque, de la región norte de Chiapas, cuyas movilizaciones lograron de forma excepcional que la concesión de su territorio no se licitará durante la Ronda 2,2 de la Secretaría de Energía, estima que no hay garantías de que su territorio no vuelva a licitarse bajo el nuevo gobierno.

“Nuestro escenario no cambia”, afirma. “Vamos a seguir nuestro proceso de resistencia y de lucha, pero con más organización ahora”.



Jamileth