Migración
La otra cara de la promesa: trata, hacinamiento y prejuicios golpean inmigrantes en Chile
Por Antonio De la Jara, Reuters
ARICA, Chile (Reuters) - Yoniel Torres salió de Cuba en busca de una vida mejor. Cruzó hasta Guyana y en bus se dirigió al norte de Brasil para abordar una barcaza que lo llevó por el Amazonas a Perú. Pero su travesía de unos 9,000 kilómetros no había terminado.
Faltaba lo más peligroso.
Nadie le advirtió que para ingresar de manera ilegal a Chile, su destino final, tenía que caminar por un árido desierto a medianoche, con bajas temperaturas y siguiendo una vieja línea de tren flanqueada por minas antipersonales antes de llegar a la ciudad fronteriza de Arica.
Por suerte para Torres, casado y con dos hijos, su vida no corrió peligro al llegar a una nación marcada por años de bonanza económica y bajo desempleo, pero que ha endurecido sus medidas de ingreso al país, en línea con su reciente decisión de no suscribir un pacto migratorio global.
Antes de que el ciudadano cubano cruzara una de las fronteras más peligrosas de América Latina, un policía con un sofisticado visor nocturno lo había detectado desde una estación de tren abandonada. Apenas pisó suelo chileno fue detenido.
“Un coyote me dejó cerca de Tacna (ciudad fronteriza peruana) y me dijo que caminara por aquí sin desviarme. No sabía que existían minas antipersonales. Qué horrible todo esto”, dijo estupefacto Torres, de 31 años, en medio de la oscuridad.
Al igual que él y desafiando campos minados, una altitud superior a 4,000 metros o el frío altiplánico, sólo por Arica y Parinacota han ingresado ilegalmente más de 2,200 extranjeros entre enero y noviembre, un alza del 80 por ciento respecto al año pasado, según datos de Carabineros a los que tuvo acceso Reuters.
El fuerte salto de inmigrantes ilegales es liderado por ciudadanos de Cuba y República Dominicana, seguido por personas procedentes de Colombia y Venezuela que llegan atraídos por una de las economías más sólidas y de mayor expansión en la región, con ciudades seguras y un estable mercado laboral.
“Solo vine en busca de mejor vida”, agregó Torres cerca de la franja de tierra donde bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet (entre 1973 y 1990), Chile sembró más de 180,000 minas en zonas fronterizas con Perú, Bolivia y Argentina.
Si bien en la última década la nación inició un desminado total, aún quedan miles de minas activas en algunas áreas del extremo norte del país e, incluso, algunas se han desplazado desde su lugar de origen arrastradas por lluvias altiplánicas.
Aunque hay muchos pasos fronterizos por donde ingresar, la policía explica que los inmigrantes usan muy pocos porque el desierto y los cerros son similares y desorientan con facilidad a los caminantes, especialmente de noche, sin saber si se dirigen hacia Bolivia o Perú en vez de Chile.
“Los inmigrantes hoy básicamente están ingresando por la línea férrea, cercana a la costa y que ofrece una orientación geográfica única que facilita las caminatas”, dijo Rodrigo Oyarzun, capitán de Carabineros de la región fronteriza de Arica y Parinacota.
“Pero ellos no saben, o los mismos traficantes no les dicen, los peligros asociados a las minas antipersonales”, agregó desde un puesto de vigilancia a metros de la frontera con Perú.
En Chile hay 1,1 millón de personas extranjeras, cifra que representa un 5,9 por ciento de la población residente, según estimaciones oficiales, muy por encima de las 187.008 personas del Censo del 2002, en una muestra del flujo migratorio que se acentuó con fuerza en los últimos años.
MAYOR RED DESBARATADA
El dominicano Daniel Sosa decidió emigrar a Chile junto con su mujer hace dos años y contactó a una ciudadana peruana que les ofrecía facilidades de ingreso y trabajo. Pagaron poco menos de 1,000 dólares por persona y viajaron inicialmente a Ecuador.
Desde Quito se trasladaron en bus a la localidad de Macará y un sujeto apodado “Rocko” los trasladó en taxi hasta Sullana, en la frontera con Perú, donde lo esperaba la mujer peruana, que resultó ser la líder de una organización criminal de trata de personas. De ahí, siguieron en ruta a Lima, Arequipa, Ilo y Tacna, lugar en que se sumaron otros cinco dominicanos.
La mujer los subió en unos taxis hasta las cercanías de la frontera con Chile, donde dos “coyotes” los esperaban. Pasada la medianoche, iniciaron una caminata por un paso no habilitado, pero a poco andar fueron abandonados en pleno desierto.
Los dominicanos continuaron caminando, guiados por una tenue luz roja que se divisaba en dirección al sur. Al cruzar a territorio chileno por una quebrada, Sosa pisó una mina que explotó y derivó en la amputación de parte de una pierna, según relató la víctima a un tribunal.
Sosa es una de las 89 víctimas que forman parte de la mayor red internacional de tráfico de migrantes a Chile, que fue desarticulada en 2017 en una investigación liderada por la Fiscalía Regional de Arica y en la que participaron de manera inédita la policía chilena y de Perú.
Tras dos años de investigación, se pudo establecer que el grupo captaba a ciudadanos caribeños ofreciendo bajo engaño traslado hasta Chile, sometiendo a las víctimas a un constante “sufrimiento” y “detrimento en su calidad de vida”.
“Esta situación de vulnerabilidad inicial durante el trayecto se multiplica y es precisamente lo que esta organización (criminal) trataba de hacer, de doblegar la voluntad de las víctimas para evitar cualquier tipo de oposición”, dijo a Reuters la fiscal regional de Arica, Javiera López.
Las condiciones eran “bien inhumanas, de mucho padecer físico, por la altura, el frío, por las temperaturas, no había baños (...) Hay víctimas que han relatado incluso que desesperadas por la sed se tomaban el agua donde bebían los chanchos”, dijo López, quien lideró la investigación.
Esta semana, un tribunal de Arica dictará una sentencia en contra de los líderes de la mayor red de tráfico de personas migrantes descubierta en Chile. Los cabecillas de la banda arriesgan penas de al menos 15 años de cárcel, mientras otros integrantes de la organización ya fueron condenados.
EL LADO B DEL DORADO
Para muchos, migrar a Chile ha significado la posibilidad de encontrar trabajos estables en un mercado laboral que necesita de ellos ante una población que está envejeciendo.
La inmigración puede ser “un motor importante para el crecimiento de la economía chilena”, reconoció el presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien agregó que el “shock” migratorio en el país ha tenido hasta ahora un escaso impacto en el desempleo.
Pese a ello, para un alto número de inmigrantes la promesa del “sueño chileno” se ha transformado en una pesadilla por problemas de racismo y hacinamiento tanto en el norte del país como en la capital, por los altos costos de las viviendas y segregación.
“Hay muchos chilenos racistas. Aquí he sufrido racismo por mi color. A veces en las ‘micros’ no se quieren sentar al lado mío. Esas cosas me hacen sentir muy mal”, dijo Josheph Frans, quien llegó a Santiago hace un año y medio desde Haití.
Según expertos, en el norte del país, específicamente en ciudades vinculadas a la minería como Antofagasta, Iquique y Calama, las condiciones para los inmigrantes son mucho más dramáticas en comparación a Santiago.
“Ahí la pobreza multidimensional es mucho más grave, el hacinamiento es mayor, hay campamentos enteros de extranjeros”, dijo Lorenzo Agar, doctor en Sociología y exjefe de la unidad de Migración del Ministerio de Desarrollo Social.
En línea con la elección de una serie de líderes de derecha en la región, los gobiernos han promulgado normas más duras para frenar los flujos migratorios, aunque lejos aún de las medidas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Sólo poco después de asumir en marzo, Piñera implementó una serie de acciones para estrechar y regular el flujo de extranjeros, mediante la ampliación de los tipos de visas e instaló la idea de “fronteras abiertas”, pero sin descuidar una migración segura y procesos más ágiles de expulsión.
Así, cientos de inmigrantes con antecedentes penales han sido deportados y la policía ha comenzado un control más exhaustivo de aquellos extranjeros que residen en Chile y no han regularizado su documentación. Esto ha puesto cuesta arriba la búsqueda de trabajo para muchos migrantes en situación irregular.
“Ahora está muy difícil. Antes podíamos trabajar sin ninguna dificultad”, dijo Jean Baptiste, un haitiano de 38 años, quien vive hace 10 meses en Chile y tiene un permiso temporal de residencia.
Piñera ha insistido en que el bienestar de los migrantes y de los chilenos es su prioridad, pero agrupaciones vinculadas a inmigrantes se quejan de la falta de políticas integradoras frente a programas que apuntan en sentido opuesto, como el plan de retorno humanitario para ciudadanos haitianos.
En noviembre, el gobierno concretó el primer vuelo gratuito para casi 200 haitianos que regresaron a su país, argumentando que llegaron de manera engañada al país y no lograron adaptarse ante la falta de una real política migratoria del gobierno anterior.
“Estamos sufriendo ahora porque las empresas no nos quieren dar trabajo. Hay muchos que quieren devolverse a Haití, pero cómo van a conseguir dinero para eso si no tienen ni trabajo”, concluyó Baptiste, quien dejó a su esposa e hijos en su país.
regina
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