Migración
Polémica por pacto México-Estados Unidos
(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 20 DIC - El nuevo acuerdo entre México y Estados Unidos que permitirá al primer país recibir temporalmente a algunos migrantes sometidos a proceso de asilo fue duramente cuestionado por activistas y expertos.
La ola de objeciones se suscitó a pesar de que la Cancillería local insistió en que no se vincula a la política llamada "Tercer País Seguro".
Se trata de "un entendimiento que México nunca había aceptado, ni en los peores momentos de la migración centroamericana a Estados Unidos, y que constituye una verdadera verguenza para el país", afirmó el ex canciller Jorge Castañeda.
"El acuerdo equivale a un triunfo diplomático significativo" para el presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien "se ha involucrado en conversaciones delicadas para engatusar a México y convertirlo en una antesala migratoria para los centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos", afirmó.
Mientras la administración Trump celebró ruidosamente este acuerdo a través de la secretaria de Seguridad Interna Kirstjen Nielsen y el secretario de Estado Mike Pompeo, la oposición demócrata en el Congreso de ese país lo condenó, junto con analistas y defensores de migrantes en ambas naciones.
"Estados Unidos está eligiendo dejar a las familias y los niños en peligro directo y aleja a los que huyen de la persecución de nuestra frontera. Esta es otra medida ilegal y vergonzosa", afirmó Daniella Burg-Palomina, asociada para México del Latin America Working Grupo.
Kennji Kizuka, investigación de la organización Human Rights Firs, cuestionó también esta medida por considerar que México "no es un país seguro" para los inmigrantes que están en la búsqueda de asilo en Estados Unidos. Habitualmente los migrantes eran liberados en territorio estadounidense tras la primera entrevista ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para después seguir su caso ante un juez de migración.
Ahora, las preguntas que se hacen los activistas es si los abogados "podrán visitar a sus clientes antes de las audiencias" y donde se llevarán a cabo éstas.
"Requerir que los solicitantes de asilo permanezcan en México es claramente ilegal", afirmó Kizuka.
Aunque el ministerio de Relaciones Exteriores de México reafirmó su "derecho soberano" de "admitir o rechazar el ingreso de extranjeros a su territorio", señaló que decidió admitir esta figura "en beneficio de las personas migrantes", en especial los niños y adolescentes y por "razones humanitarias".
La Secretaria Kirstjen Nielsen estimó que la medida de enviar a los nacionales de terceros países a México "permitiría poner la crisis migratoria bajo control".
"Los extranjeros que quieren jugar con nuestro sistema para entrar a nuestro país ilegalmente ya no podrán desaparecer dentro de Estados Unidos donde evadían sus fechas ante la corte", afirmó la funcionaria.
En la ciudad de Tijuana, frontera con Estados Unidos, esperan al menos unas 2,500 personas de unas cuatro caravanas que partieron desde el 12 de octubre pasado de Honduras para buscar asilo en Estados Unidos.
Castañeda señaló, citando al diario The Washington Post, que altos funcionarios del nuevo gobierno aceptaron esta postura a cambio de "un paquete más amplio de desarrollo y asistencia para crear empleos en Centroamérica y reducir la necesidad de emigrar", que fue anunciad esta semana.
"Me pregunto si México sabe en lo que se ha metido", dijo un analista de seguridad fronteriza de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), un think tank dedicado al estudio y promoción de los derechos humanos en América. "La espera para audiencias de asilo hoy excede 1,200 días.
Realmente está preparado México para recibir a cientos de miles de personas durante tanto tiempo?", afirmó. Por ahora, todavía resta por aclarar si el acuerdo involucra sólo a los centroamericanos que soliciten asilo a partir de ahora o todos los que se encuentran en Estados Unidos desde tiempo atrás.
Por lo pronto, el caso suscitó divisiones dentro del propio gobierno mexicano, luego que el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, señaló que "operativamente" la medida no se puede aplicar en el corto plazo. "El INM no tiene capacidad" para hacerlo y "la legislación que nos regula tampoco favorece" este acuerdo, en tanto "no se resuelva con claridad este contexto, sobre todo de naturaleza jurídica", afirmó el funcionario.
regina
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