Internacional - Política

EU, contra las cuerdas cuando se cumple un mes de cierre del gobierno

2019-01-21

Tampoco hay una cifra precisa del número de empleados de empresas que tienen contratas con...

PABLO PARDO, El Mundo 

El Distrito de Columbia, que es la unidad administrativa que ocupa la ciudad de Washington, tiene 702,000 habitantes, desde bebés hasta ancianos. De ellos, 102,000 trabajan en la Administración Pública Federal. Nadie sabe exactamente cuántos de ellos están en su casa sin cobrar, o trabajando sin recibir sus cheques desde el 22 de diciembre.

Tampoco hay una cifra precisa del número de empleados de empresas que tienen contratas con el Estado, pero la cifra alcanza con toda seguridad decenas de miles de personas. Muchos de ellos no están trabajando. Y, al contrario que los funcionarios, cuando se reabra la Administración, no van a recibir sus sueldos atrasados. Con muy pocas excepciones, en Estados Unidos, si no trabajas, no cobras. Por algo es un país en el que ninguna ley obliga a vacaciones (pagadas ni sin pagar) ni la baja por maternidad (y no digamos ya por paternidad).

Así que Austin, un vecino del barrio de Silver Springs (que técnicamente se encuentra fuera del Distrito de Columbia, pero en realidad es parte del llamado Gran Washington) tiene que trabajar como conductor de Lyft (el gran rival de Uber en EU) hasta las diez de la noche "cuando normalmente acabo a las cuatro". No es solo que en la ciudad haya menos movimientos. Es que también más gente ha echado mano del coche para, por medio de Uber y Lyft, ganar el dinero que su trabajo de funcionario le ha dejado de dar.

La Semana de los Restaurantes, en la que la hostelería ofrece gangas (una ganga en Washington es, por ejemplo, un menú de sopa y cordero con postre y agua del grifo por 44 dólares, o sea, 39 euros) ha tenido que ser ampliada. Se suponía que acababa anteayer, pero la patronal de la restauración RAMW (Asociación de Restauración del Washington Metropolitano, por sus siglas en inglés) anunció a última hora que la estiraba hasta el domingo 27.

País rico, gente pobre

De acuerdo con los datos de esa organización, la facturación del sector ha caído un 20%, con algunos establecimientos reportando desplomes del 60%. Si la cosa no cambia, pronto empezarán los cierres. En EU se cobra cada dos semanas. Así que el viernes los funcionarios perdieron su segunda paga desde que empezó el cierre.

Y, aunque los estadounidenses viven en un país rico, son gente, por lo general, pobre. Según la Reserva Federal - poco sospechosa de tentaciones marxistas -el 40% de los habitantes de ese país tiene menos de 400 dólares para hacer frente a una emergencia. Eso, en un país en el que no existe la sanidad pública, indica la seriedad de la situación para muchos empleados públicos, sobre todo los que ocupan los puestos más bajos del escalafón, como porteros o conserjes, y para los empleados de empresas privadas que realizan esas mismas funciones para la Administración Pública.

El impacto del cierre de la Administración, así pues, es real en Washington, una ciudad que Donald Trump detesta porque le ha dado la espalda de la manera más manifiesta a él, a su hija Ivanka, a su yerno Jared, y a su esposa Melania (de hecho, la Casa Blanca trató, sin éxito, de buscarle amigas a Melania cuando ésta finalmente se trasladó de Nueva York a la capital en el verano de 2017). Dado que entre las virtudes del presidente estadounidense no se encuentra la de no ser rencoroso, no parece que a Trump le vaya a afectar la ruina de sus vecinos.

Los empleados públicos como rehenes

Pero el impacto del cierre de la Administración no se circunscribe a la capital de Estados Unidos. También llega a exactamente la otra punta del país. A 4.385 kilómetros de Washington, en Sacramento, la capital de California, el Gobierno de ese estado anunció el viernes que los empleados de la Administración federal que están trabajando pero sin cobrar podrán recibir el subsidio de paro, aunque tendrán que devolverlo cuando se restablezca la normalidad. Es la misma situación en la que ya están los empleados que ni trabajan ni cobran.

La respuesta del Gobierno de Trump fue fulminante: eso es ilegal, porque, aunque trabajen sin cobrar, están técnicamente empleados. Eso, según la oposición demócrata, solo confirma que la estrategia del presidente es tomar como rehenes a los empleados públicos en particular y al país en general hasta que logre los 5,700 millones de dólares que exige para construir un muro - o una alambrada, o una serie de barreras metálicas, porque eso tampoco está claro - en una parte de la frontera con México.

Ahora bien, ¿hasta dónde llega el impacto del cierre? ¿Qué estados y qué sectores se están viendo más afectados? ¿Cuántos funcionarios y cuántos contratistas públicos están sin trabajar o trabajando sin cobrar? Medir todo eso es mucho más difícil que describir los casos uno a uno. Aun así, sí existen suficientes datos - o falta de datos - como para realizar el siguiente análisis:

¿Cuántos funcionarios están afectados? 

Aproximadamente hay 800,000 empleados públicos que o no trabajan o trabajan pero sin cobrar. Eso supone aproximadamente el 40% de la nómina de la Administración federal, que es el mayor empleador de EU, con medio millón de personas más que la mayor empresa privada por número de trabajadores, la cadena de grandes almacenes Wal-Mart, que también es la mayor empresa privada del mundo por facturación. Respecto a las cifras de empleados de empresas privadas que trabajan para el Estado no hay cifras fiables.

¿Y cuántos empleados del sector privado?

 No hay cifras precisas. Según el sindicato de los contratistas, el Consejo de Profesionales de Empresa, la cifra asciende a varias decenas de miles. La agencia de noticias económicas Bloomberg estima que el cierre cuesta a las empresas que tienen contratos con la Administración 200 millones de dólares (175 millones de euros) diarios. Eso significa unas pérdidas de 6,000 millones de dólares (5.270 millones de euros) hasta la fecha. En EU hay 5 millones de empleados de empresas privadas que dependen de contratos públicos. De acuerdo con la estimación del profesor Paul Light, de la Universidad de Nueva York, un total de 1,2 millones (el 24% del total) podrían verse afectados por el cierre. Las grandes empresas de defensa son las más afectadas, pero hay también víctimas que poca gente espera, como la compañía especializada en ayuda al desarrollo Chemonics, y una cantidad enorme de pymes que pueden desaparecer si no les llega el dinero del Estado presupuestado para 2019.

¿Por qué las estimaciones son tan imprecisas?

 Porque el propio cierre va variando, sobre todo conforme a las necesidades políticas. Un ejemplo: el Gobierno de Trump ha hecho lo imposible para que haya dotación presupuestaria para que los 39 millones de ciudadanos que reciben cupones con los que comprar alimentos puedan hacerlo hasta marzo. Si esa partida hubiera quedado vacía en enero, se habrían producido verdaderas situaciones de hambre en EU, un país en el que una de cada ocho personas depende de la ayuda del Estado para poder comer.

Otro caso: la semana pasada, el Departamento de Estado logró, sacando fondos de otras partidas, reactivar parte de sus operaciones. Y otro más: el Tesoro ha decidido que las unidades que supervisan la concesión de hipotecas se mantengan operativas, para no provocar un 'crash' inmobiliario. Entretanto, las autoridades de aviación han llamado a trabajar a expertos en seguridad aérea, aunque sin pagarles. Los controladores de los aeropuertos trabajan sin cobrar desde hace un mes. Eso se debe en buena medida a que la definición de "Servicios esenciales" es muy imprecisa, de modo que la Administración tiene un enorme margen de maniobra para decidir quién trabaja, quién cobra y quién no, y cuándo y cómo lo va a hacer.

¿No pueden hacer nada los afectados?

No. La actuación de la Administración es perfectamente legal. En algunos casos - previsiblemente, el de los controladores aéreos - se han multiplicado las bajas por enfermedad. Pero es ilegal declararse enfermo cuando no se está. En otros casos, los empleados públicos pueden no ir a trabajar arguyendo dificultades financieras. Ése es el caso de la Administración Federal de Transporte (TSA por sus singlas en inglés) que supervisa la navegación aérea, que está sufriendo un absentismo del 7%, es decir, el doble de lo habitual. En muchos sitios - por ejemplo, en el FBI, donde trabajan sin cobrar - han iniciado bancos de alimentos. La gente está lanzando campañas de crowdfunding en webs como GoFundMe, y empeñando objetos personales. En Washington, el cocinero de origen español José Andrés ofrece comida gratis a los funcionarios. El Centro de Bienestar Metropolitano ofrece marihuana con un 20% de descuento a los empleados públicos. El Newseum, un museo especializado en medios de comunicación que al ser privado sigue operando, les da entrada gratis.

¿Qué va a pasar a medida que se prolongue el cierre?

 La Administración tendrá que ir usando más y más empleados públicos sin pagarles, lo que creará problemas de todo tipo. Áreas como la navegación aérea y la inspección de las condiciones sanitarias de los alimentos están entre las más problemáticas. De todas formas, la verdadera bomba puede llegar cuando se acabe el dinero de los cupones de comida. Pero para eso habrá que esperar, como pronto, hasta marzo.

¿Qué estados son los más afectados?

 Aparte del Distrito de Columbia, Nuevo México, Maryland, Hawái, Alaska, Virginia, Virginia Occidental, Mississippi, Alabama, y Arizona, según la cadena de televisión financiera CNBC. Pero esa lista es cuestionada por otros medios de comunicación. Lo que está claro es que, curiosamente, entre los estados más afectados los hay tanto que votaron por Trump como por Hillary Clinton.

¿Cuál va a ser el impacto económico?

 Eso es algo muy incierto. Por ahora se habla de entre una y tres décimas de crecimiento del PIB en el trimestre, lo que es una cifra muy pequeña. Pero, como señalaba esta semana el consultor de Wall Street Ed Yardeni en una nota a sus clientes, los presidentes de los grandes bancos de EU han explicado en la presentación de sus resultados del trimestre que el cierre de la Administración federal, sumado a la tensiones comerciales con China, son, ahora mismo, el mayor factor de incertidumbre económica en 2019.

El cierre de la SEC y otros reguladores financieros puede obstaculizar el funcionamiento de los mercados. Incluso la producción de estadísticas macroeconómicas está afectada por el cierre de varias de las agencias que se ocupan de ello. Sin embargo, por ahora, el impacto económico parece limitado. Como explica Tim Walker, un agente inmobiliario con más de tres décadas de experiencia en Washington: "Por ahora el mercado inmobiliario no se ha visto afectado". Y, si no ha pasado nada en Washington, que es, de lejos, el punto más vulnerable al cierre, el resto de EU puede sobrevivir a la crisis. Al menos, durante un par de meses. Hasta que se queden sin cupones de comida.



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